Los ministros coincidieron en que la opinión sobre el caso serviría como criterio orientador. Notimex
Ciudad de México.-- La Suprema Corte de Justicia de la Nación finalizó, después de siete sesiones, la discusión del caso de las violaciones a garantías individuales durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
Luego de que resolvió deslindar a los altos funcionarios, como el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, el pleno del alto tribunal determinó hacer un "pronunciamiento" sobre los actos que constituyeron una violación grave de derechos humanos.
El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo que el pronunciamiento se remitirá a las autoridades competentes, para que en el ejercicio de sus atribuciones, si así lo estiman necesario, complementen las investigaciones legales, y que podrían derivar en responsabilidades, civiles, penales, políticas o administrativas.
De igual manera, el pronunciamiento acerca de que sí existieron de corporaciones policiacas en el conflicto derivado del desalojo de comerciantes de flores del mercado "Belisario Domínguez" en Texcoco, se hará llegar al Congreso de la Unión y al Congreso mexiquense, para que en su caso se legisle sobre los límites de la fuerza pública.
Los ministros coincidieron en que la opinión que la Corte emitió sobre el caso serviría como "criterio orientador" que tiene como objetivo que se agoten todas las indagatorias y proceso penales iniciados por esos sucesos.
Olga Sánchez Cordero señaló que la SCJN ha establecido cuáles son las garantías individuales que se violaron de forma grave, y que no se puede soslayar que "existe la obligación del Estado de hacer justicia y reparar el daño", garantías que fueron afectadas por la actuación de sus agentes.
El máximo tribunal del país rechazó adjudicar participación en estas violaciones a las corporaciones policíacas federales y locales en su conjunto, pues señalaron que se deben individualizar las responsabilidades, lo que deben llevar a cabo los titulares de estos cuerpos.
Las opiniones de la Corte, que no obligan a las autoridades a tomar acciones contra los involucrados, se enviarán a los titulares de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México y de la Policía Municipal, así como a las procuradurías General de la República y mexiquense.
De igual manera, los ministros aprobaron que este pronunciamiento se haga llegar al presidente de la República, Felipe Calderón, al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, así como a la Dirección de Asuntos Internos de la PFP y la Contraloría Interna de la Secretaría General de Gobierno estatal.
Además se enviará copia al Congreso de la Unión, al Congreso estatal y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan los gobernadores de los estados, a fin de que se impulse el diseño de leyes y el establecimiento de criterios sobre el uso de la fuerza pública.
En un mensaje final Ortiz Mayagoitia destacó que esta resolución es de futura trascendencia para México para que los órganos del Estado cuenten con los elementos veraces para tomar las decisiones que a cada uno le corresponden, lo que dio "utilidad práctica al uso de la facultad de investigación" del alto tribunal.
Recalcó que los ministros han establecido referentes y criterios que deben ser útiles para la autoridad y la sociedad, y que no es determinación obligatoria que resulte vinculante para una instancia pública, ni para intervención en la policía, sino criterios "desde y para el Estado mexicano".
Llamó a los poderes legislativos a normar el ejercicio de la fuerza pública y la forma en que las corporaciones se deben relacionar con la sociedad, "no para desalentar el uso de la fuerza pública so pretexto de temores de quienes deban tomar esas decisiones ante hechos que ante ninguna circunstancia son admisibles".
El ministro presidente de la SCJN dijo que por el contrario, estos criterios deben ser útiles para que haya condiciones de certeza jurídica y mejorar la relación entre seguridad y convivencia.
