El dictamen final de la SCJN puede definir un cambio (...) haciendo justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en Atenco o bien ratificará la continuidad de la impunidad
Barcelona, 7 de febrero de 2009
Ante la discusión del dictamen sobre Atenco de la SCJN: Justicia o Impunidad
El próximo lunes 9 de febrero del 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), iniciará el debate sobre las graves violaciones de derechos humanos en San Salvador Atenco a partir del proyecto de dictamen elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
El dictamen final de la SCJN puede definir un cambio en la tendencia en México haciendo justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en Atenco o bien ratificará la continuidad de la impunidad como mal presagio de que el horror ocurrido se pueda repetir.
De ser así, quedará en cuestión el propio sistema, incapaz durante dos años y medio, de imputar, procesar y condenar a un solo funcionario público por las graves violaciones reconocidas en el propio proyecto de dictamen y en cambio, sí ha juzgado y condenado a duras penas de prisión a 13 personas pertenecientes al movimiento social, que a su vez han denunciado graves violaciones a sus derechos individuales y políticos.
El proyecto de dictamen:
Reconoce, mediante una descripción pormenorizada del horror, las graves deficiencias de la actuación policial en el operativo. Señala en tiempos y modos como ocurrió y ratifica las conclusiones que ya aportaron diferentes informes independientes tanto nacionales como internacionales.
Exhonera las responsabilidades tanto políticas como penales de estas actuaciones delictivas por parte de los funcionarios responsables a pesar de citar la reunión para definir el Operativo Rescate Atenco celebrada la noche del 3 de mayo de 2006 por Enrique Peña Nieto, Wilfredo Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, así como Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes.
Afirma que no hay pruebas suficientes que permitan sostener que hubieran órdenes expresas para la comisión de estos delitos. Asímismo, considera que el operativo no tuvo como objetivo la represión sobre un movimiento social con reivindicaciones legítimas. Especialmente grave es la afirmación de que no hay pruebas para imputar a funcionarios en los homicidios de Javier Cortés y Alexis Benhumea, no teniendo en consideración las pruebas y testimonios aportados por los denunciantes y organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.
En el caso de violencia sexual y tortura contra las mujeres el proyecto reconoce los hechos y su gravedad por lo que recomienda su seguimiento en manos de la justicia mexicana que hasta hoy no ha dado satisfacción a las denunciantes, hasta el punto que 11 mujeres han decidido recurrir a instancias internacionales ante su inoperancia.
En conclusión, es responsabilidad de la SCJN decidir sobre su capacidad, aunque solo sea moral, de enfrentarse a un problema que no puede eludir como máximo órgano jurisdiccional del estado mexicano: la endémica violación de los derechos humanos como instrumento del poder para reprimir a los movimientos sociales, práctica de la que el caso Atenco es paradigmático aunque por desgracia no el único.
Es responsabilidad de la SCJN revertir este estado de cosas que destierra la justicia y consolida la impunidad.
