Boletín de prensa
En breve, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto de dictamen fruto de la investigación que, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 97 Constitucional, ha realizado el Máximo Tribunal con motivo de las violaciones a derechos humanos cometidas en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
Como es sabido, en esa fecha se realizó un despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones de dichos poblados, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes. Los operativos contaron con la participación de elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos: privaciones arbitrarias a la vida, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales. En su momento, estos abusos fueron documentados por organizaciones civiles como este Centro de Derechos Humanos y corroboradas posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del estado. Igualmente, las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco resultaron paradigmáticas de las particulares afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha estado en ocasión de comprobar lo anterior en el acompañamiento que brinda a las mujeres que valientemente denunciaron tortura inclusive, la violación sexual, cometida en su contra por policías.
Pese a la gravedad de los hechos y aun cuando ha transcurrido en exceso un tiempo razonable, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral. Por el contrario, se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
En estas condiciones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. considera que la conclusión de la investigación practicada por la SCJN puede contribuir a revertir la impunidad hasta ahora imperante. Si bien la facultad constitucional de la SCJN para realizar investigaciones tiene limitaciones sui generis, no puede dejarse de lado la trascendencia del inminente pronunciamiento del Máximo Tribunal.
Al discutir el caso, la SCJN podrá ahondar en las violaciones a derechos humanos que han sido documentadas así como en sus causas de fondo. En el mismo sentido, podrá realizar señalamientos precisos sobre los responsables, de acuerdo con la cadena de mando; es decir, podrá establecer las responsabilidades en que incurrieron no sólo los agentes que participaron en el operativo sino los altos funcionarios a los que éstos se encontraban subordinados y que por su acción u omisión permitieron graves violaciones a derechos humanos. Es cierto que esto no constituirá un deslinde de responsabilidad penal o administrativa, pero si puede constituir un contundente señalamiento de responsabilidad política que, al determinarse jurídicamente por el más alto Tribunal de la República, debe dar pie a ulteriores investigaciones y procedimientos.
En este sentido, resultan sumamente reprochables e irresponsables las recientes declaraciones del Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en las que ha reiterado que “el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo y que fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado”. Estando en puerta la culminación de la investigación de la SCJN, declaraciones como la citada se alejan de lo exigible en un gobernante verdaderamente comprometido con la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, las declaraciones del Gobernador mexiquense anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Lo mismo puede decirse de otros asertos formulados por funcionarios del Estado de México, que pretenden restar importancia al inminente pronunciamiento de la SCJN.
Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente los derechos humanos, las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos de menor jerarquía.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reitera su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco cumpliendo a cabalidad lo ordenado por el artículo 97 de la Constitución, atendiendo a que si cuenta con esa facultad sui generis es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como ocurre en el caso Atenco. En ese sentido, dada la trascendencia de la inminente decisión de la SCJN, el sometimiento de todos los servidores públicos al dictado de la Corte –incluyendo al Gobernador del Estado de México y al Procurador General de la República- es un deber ineludible.
En breve, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto de dictamen fruto de la investigación que, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 97 Constitucional, ha realizado el Máximo Tribunal con motivo de las violaciones a derechos humanos cometidas en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
Como es sabido, en esa fecha se realizó un despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones de dichos poblados, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes. Los operativos contaron con la participación de elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos: privaciones arbitrarias a la vida, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales. En su momento, estos abusos fueron documentados por organizaciones civiles como este Centro de Derechos Humanos y corroboradas posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del estado. Igualmente, las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco resultaron paradigmáticas de las particulares afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha estado en ocasión de comprobar lo anterior en el acompañamiento que brinda a las mujeres que valientemente denunciaron tortura inclusive, la violación sexual, cometida en su contra por policías.
Pese a la gravedad de los hechos y aun cuando ha transcurrido en exceso un tiempo razonable, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral. Por el contrario, se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
En estas condiciones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. considera que la conclusión de la investigación practicada por la SCJN puede contribuir a revertir la impunidad hasta ahora imperante. Si bien la facultad constitucional de la SCJN para realizar investigaciones tiene limitaciones sui generis, no puede dejarse de lado la trascendencia del inminente pronunciamiento del Máximo Tribunal.
Al discutir el caso, la SCJN podrá ahondar en las violaciones a derechos humanos que han sido documentadas así como en sus causas de fondo. En el mismo sentido, podrá realizar señalamientos precisos sobre los responsables, de acuerdo con la cadena de mando; es decir, podrá establecer las responsabilidades en que incurrieron no sólo los agentes que participaron en el operativo sino los altos funcionarios a los que éstos se encontraban subordinados y que por su acción u omisión permitieron graves violaciones a derechos humanos. Es cierto que esto no constituirá un deslinde de responsabilidad penal o administrativa, pero si puede constituir un contundente señalamiento de responsabilidad política que, al determinarse jurídicamente por el más alto Tribunal de la República, debe dar pie a ulteriores investigaciones y procedimientos.
En este sentido, resultan sumamente reprochables e irresponsables las recientes declaraciones del Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en las que ha reiterado que “el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo y que fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado”. Estando en puerta la culminación de la investigación de la SCJN, declaraciones como la citada se alejan de lo exigible en un gobernante verdaderamente comprometido con la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, las declaraciones del Gobernador mexiquense anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Lo mismo puede decirse de otros asertos formulados por funcionarios del Estado de México, que pretenden restar importancia al inminente pronunciamiento de la SCJN.
Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente los derechos humanos, las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos de menor jerarquía.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reitera su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco cumpliendo a cabalidad lo ordenado por el artículo 97 de la Constitución, atendiendo a que si cuenta con esa facultad sui generis es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como ocurre en el caso Atenco. En ese sentido, dada la trascendencia de la inminente decisión de la SCJN, el sometimiento de todos los servidores públicos al dictado de la Corte –incluyendo al Gobernador del Estado de México y al Procurador General de la República- es un deber ineludible.
