Susana Rappo
Si el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera responsabilizado a funcionarios federales, estatales y municipales de la violación de los derechos humanos y de la violenta represión contra la población los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, de otro país estaríamos ya hablando, y por tanto, de otras instituciones.
Casi tres años han pasado de ese trágico acontecimiento que buscó doblegar a una comunidad y a sus organizaciones sociales, nacidas al calor de la organización comunitaria y por la defensa de la tierra, frente a la expansión urbana, que buscaba mediante un decreto expropiatorio despojarlo de sus tierras para construir un nuevo aeropuerto.
En esa ocasión la televisión en vivo trasmitió a tempranas horas del día diversas escenas del operativo, donde el pueblo fue cercado y avasallado por un contingente muy importarte de elementos policiacos y donde un número significativo de sus pobladores fue sacado con violencia de sus casas y privado de su libertad. No era difícil imaginar la tortura a la que serían sometidos los detenidos, aunque la realidad superó con creces la imaginación.
Cuando se difundieron los informes de Amnistía Internacional y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre San Salvador Atenco y la violación fragante a los derechos humanos, las vejaciones y violaciones sexuales por elementos de los organismos de seguridad pública que participaron en el operativo y la inacción de los gobiernos federal y estatal para resolver los numerosos agravios, confirmaba una vez más el ultraje a que habían sido sometidos los pobladores y detenidos de Atenco.
Incluso la CNDH aseguraba en su informe preliminar que “a los jóvenes Francisco Javier Cortés y Alexis Benhumea los mató la Policía durante el operativo que el 4 de mayo realizó en San Salvador Atenco”, comprobando las violaciones sexuales contra 26 mujeres y constatando que hubo tortura física y sicológica, además de detenciones arbitrarias, cateos ilegales a domicilios y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiacos.
Sin embargo, con la decisión de la Suprema Corte en señalar como “los responsables únicos de la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos”, se exonera a los responsables políticos del operativo, dejando la puerta abierta a una mayor impunidad.
