A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Con relación a la sesión del día de ayer, en la cual se está analizando el proyecto relativo a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, queremos manifestar nuestra inconformidad e indignación por la actitud ilegal asumida por ustedes al impedir arbitrariamente nuestra presencia en el salón de plenos.
Por mandato constitucional todas las audiencias deben ser públicas y en el caso de los suscritos, como abogados promoventes de la facultad de investigación a que se refiere el artículo 97 constitucional, que dio origen a la mencionada sesión, tenemos todo el derecho y el interés jurídico para estar presentes en la sesión.
Después de 30 meses de espera, pues la petición la hicimos en el mes de agosto de 2006, la presidencia de la SCJN, por conducto del licenciado Alberto Díaz Díaz, nos impidió el paso con el peregrino argumento de que ya no había lugar. Nos percatamos en la entrada de que se permitió el paso a sujetos que decían ser “agentes federales”; es evidente que llenaron el salón con policías y la burocracia de la Corte.
Es inusual esta acción, pues en el caso de los ciudadanos de origen vasco, cuando se discutió en el salón de plenos en ningún momento nos impidieron el paso.
Es ridículo que un edificio público que alberga al más alto tribunal de la República esté rodeado de soldados enmascarados, disfrazados de policías y apuntando al pueblo con armas de alto poder, así como francotiradores enmascarados en los alrededores. Señores ministros: violencia genera violencia.
Todo esto es parte de la impunidad que le otorgan a los funcionarios señalados en su dictamen como violadores de derechos constitucionales y negándoles a los agraviados “un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”, como reza en letras doradas en todos los tribunales federales.
Bárbara Zamora, Santos García y Humberto Oseguera
