Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijarán a partir de un formulario sus posturas sobre la responsabilidad de autoridades en presuntas violaciones graves en los hechos de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México.
A propuesta del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se elaboró una serie de preguntas para que en la sesión de mañana los integrantes del alto tribunal definan hasta qué nivel pudieran señalarse como responsables a las autoridades federales y estatales.
Detalló que ese formulario delimitará "qué autoridades o agentes de la autoridad provocaron los hechos y quiénes pudiendo evitarlo por razones de competencia, ejercicio, mando o de presencia en el lugar de los hechos, pudieron evitarlos y no lo hicieron".
Al proponer una metodología para poder señalar a funcionarios responsables, dijo que se deben tomar en cuenta "las jerarquías y la cadena de mandos que autorizaron el uso de la fuerza pública".
Al hacer referencia a una reunión que tuvieron autoridades federales y estatales, entre ellos el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina-Mora, subrayó que se debe tomar en cuenta a "los que transmitieron las estrategias a los mandos policiacos".
Ortiz Mayagoitia apuntó que se deben considerar las instrucciones que dieron los mandos sobre los cuerpos policiacos y "los que siendo tropa cometieron abusos", así como a quienes supervisaron la ejecución de los operativos.
Expuso que coincide con el concepto de "responsabilidad del mando", como lo expuso el ministro Genaro Góngora, pero subrayó que no sólo por el hecho de ser mandos, sino por no haber impedido el abuso, pues el uso de la fuerza "fue legítimo y justificado, el abuso no".
De igual manera, enfatizó que decir que en la mencionada reunión "hubo una estratega de estado para vengarse" no tiene sustento jurídico, y que "llegar hasta allá es muy grave", al hacer referencia a la propuesta de Góngora de responsabilizar de forma directa a Peña Nieto y Medina Mora.
Aunque la mayoría de los ministros se ha pronunciado por no responsabilizar de primera cuenta a los altos funcionarios, el formulario establece que los ministros deberán distinguir entre las autoridades que ordenaron el uso de la fuerza pública y las que la ejecutaron.
De igual forma, los ministros deberán determinar, entre otros puntos, si se pueden fincar participaciones individuales y concretas en algunos eventos, y si la respuesta es afirmativa deberán precisar en cuáles de ellos.También deberán determinar si sólo los elementos de las policías federales, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mexiquense, y municipal, ejecutaron los hechos constitutivos de violaciones graves de garantías "en todo aquello que no pueda determinarse con nombres y personas concretas".
