■ La determinación, vital para terminar con la impunidad en este tipo de actos
■ Se garantizará que las instituciones mexicanas al fin enjuicien a los responsables de abusos
■ Se garantizará que las instituciones mexicanas al fin enjuicien a los responsables de abusos
Carolina Gómez
Amnistía Internacional (AI) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que respalde el informe que elaboró su comisión investigadora sobre los presuntos abusos cometidos en el operativo policiaco de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México, por que de esta forma se terminará la “impunidad” de los hechos.“Si toma una decisión positiva, la Suprema Corte enviará un mensaje sin precedente al reconocer la gravedad de las violaciones cometidas y la obligación del Estado de esclarecer la verdad y garantizar la justicia, la reparación del daño y la no repetición” de ese tipo de actos, puntualizó el organismo internacional.
“El apoyo de la Suprema Corte al informe de Atenco será vital para garantizar que las instituciones mexicanas finalmente empiecen a enjuiciar debidamente a los responsables y garanticen el acceso a la justicia”, se pronunció Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de Aministía Internacional.
La funcionaria aseguró que “el informe comisionado por la Suprema Corte evidencia un catálogo de violaciones de derechos humanos que han quedado impunes”, por lo que puntualizó que es ahora “imprescindible” que el máximo tribunal mexicano “se pronuncie en favor de una resolución positiva, basada en los tratados internacionales firmados por México”.
El pronunciamiento de AI tiene lugar luego de la publicación del informe sobre el operativo policiaco en Atenco, en el que cientos de personas fueron agredidas físicamente y presuntamente padecieron abusos como torturas, violencia sexual, arrestos arbitrarios y violaciones al debido proceso y la negación al acceso a la justicia.
Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló que los responsables de las agresiones sexuales cometidas contra 31 mujeres tienen que ser “enjuiciados”, y se debe “reparar el daño a las víctimas bajo el parámetro del derecho internacional” sobre protección a las garantías individuales.
Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Inmujeres, en conferencia de prensa afirmó que además de las reparaciones correspondientes deben darse las garantías por parte de los gobiernos para “la no repetición de estos hechos”.
Sostuvo que con lo establecido por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en su dictamen, sólo resta que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y también la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR) tomen cartas en el asunto. Esto debido a que el dictamen también cuestiona las actuaciones de dichas instancias.
