El proyecto de la Corte sobre Atenco puede otorgar impunidad a funcionarios

■ De aprobarse como está favorecería a Peña Nieto y Medina Mora, entre otros: Bárbara Zamora
■ Se deja la responsabilidad a policías mal instruidos e incompetentes, sostiene la abogada

Alfredo Méndez y Víctor Ballinas

La abogada Bárbara Zamora, representante legal de varias de las personas que fueron detenidas durante los operativos policiacos de San Salvador Atenco, efectuados en mayo de 2006, y una de las promoventes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que desde el máximo tribunal se investigara a las autoridades federales y estatales que ordenaron y participaron en esas acciones, sostuvo en entrevista que “de aprobarse como está el proyecto de resolución que comenzará a discutirse por el pleno de ministros este lunes, la Corte estaría otorgando una carta de impunidad”.

Tal como está el proyecto elaborado por uno de los 11 ministros, “terminaría por protegerse al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, así como a Miguel Ángel Núñez, Humberto Benitez Treviño, Héctor Guevara Ramírez, Eugenio Alonso Chombo, Irineo Monroy, Abel Villicaña, Sergio Macedo López, Alberto Castrejón Muñoz, Hipólito Treviño Licea, Natividad Carrera Santiago, Nazario Gutiérrez Martínez, Wilfrido Robledo, Ardelio Fosado, Gudmero Rodríguez Leyva y a más de 3 mil policías federales, estatales y municipales, todos ellos participantes en las graves violaciones a los derechos humanos que la Corte constató en su investigación”.

Por su parte, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) destacó que el dictamen del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en caso de aprobarse como está, “omite una conclusión que limita el alcance de la declaración y favorece la impunidad a los altos funcionarios federales y estatales, al decir que esas violaciones graves no obedecieron a una estrategia estatal, por no haberse demostrado instrucciones expresas y órdenes ilícitas de altos funcionarios, dejando toda la responsabilidad a la libre voluntad de unos policías mal instruidos e indisciplinados.

“Esto contrasta con el hecho de que la propia comisión investigadora determinó que el 3 de mayo de 2006, por la noche, se reunieron Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Angel Yunes para definir el operativo Rescate Atenco, lo que implica una planeación y dolo para aterrorizar a la población y tratar de exterminar al FPDT.”

En tanto, Zamora, que encabeza el despacho jurídico Tierra y Libertad, puntualizó que “a pesar de que el proyecto señala a los funcionarios que están involucrados en los delitos cometidos en contra de más de 200 ciudadanos detenidos con motivo de esos hechos, como son homicidios, violaciones sexuales, lesiones que ponen en peligro la vida, detenciones arbitrarias, robos, cateos ilegales y tortura, no hay pronunciamiento alguno respecto a la sanción penal, civil, administrativa y política que corresponde a cada funcionario según su grado de participación”.

Asimismo, Zamora indicó en un comunicado que el ministro ponente, José de Jesús Gudiño, “aduce que la Corte no tiene facultades para determinar la responsabilidad de los mencionados funcionarios; sin embargo, esto es falso, en virtud de que la propia Corte había determinado en febrero de 2007, en el pleno, que la investigación tendría también como objetivo hacer llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de las garantías, ya sean jurídicas o civiles, así como también, en su caso, la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas. Por lo que esta decisión del pleno implicaba la facultad de la Corte de pronunciarse respecto de las responsabilidades de los funcionarios”.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra señaló que con la publicación del dictamen que se discutirá esta semana, “omitiendo los nombres de las víctimas, autoridades y policías, así como el no incorporar los puntos resolutivos de la declaración, no se protege a los agraviados, porque nuestras denuncias han sido públicas; por el contrario, se despierta la sospecha de la impunidad para los altos funcionarios, cuya responsabilidad parece consistir –según este dictamen– en excederse en el uso de la fuerza y no como violadores de derechos humanos, dejándoles la responsabilidad política en la reglamentación posterior”.