Después de su controvertida actuación en el caso Lydia Cacho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en su agenda inmediata (por el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 97 de la Constitución), otros casos de alto impacto: Atenco y Oaxaca. A nadie se le oculta la densidad política de ambos casos, menos cuando el país ya se ha internado en los meandros del complicado proceso electoral de este año. A la hora de escribir estas líneas, la Corte está a punto de dar su resolución sobre el caso Atenco, un asunto con muchas aristas políticas, en el que es inevitable la existencia de diversas lecturas al respecto, sobre todo por los personajes, las instituciones y los intereses involucrados.
Esta diversidad de lecturas se refleja en la misma Corte, donde por ejemplo el ministro Genaro Góngora exige señalar a los “autores intelectuales” de los abusos en Atenco con nombres y apellidos, mientras que la mayoría de los ministros se muestran más prudentes y lo que piden es consignar las responsabilidades que se puedan demostrar, con base en los resultados de la misma investigación.
Sin embargo, es incontrovertible que la investigación que realizó la comisión nombrada por la Corte, presidida por el ministro Jesús Gudiño, realizó un trabajo excepcional por la acuciosidad desplegada, porque fue a dónde tenía que ir, y entrevistó a quiénes debía entrevistar, con el fin de allegarse la mayor y más precisa información acerca de los hechos suscitados entre el 3 y el 4 de mayo del año 2006, en Texcoco y en San Salvador Atenco, Estado de México.
Las conclusiones de la investigación son contundentes: en efecto, en los lugares mencionados se “suscitó un conflicto en el que los particulares (el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) rebasaron su derecho de manifestación lícita y pacífica, desatendiendo su deber de obedecer la ley”. A la pregunta sobre si fue legítimo el uso de la fuerza por parte de la autoridad, la respuesta es clara: “Las autoridades se encontraban obligadas a intervenir para que cesara el bloqueo (carretero), pues colocaba en riesgo a terceros y a policías retenidos por los inconformes”.
Sin embargo, la forma de proceder “violenta e ilegal” por parte de los manifestantes no justifica –dice el Informe– los excesos y abusos en que incurrieron algunos de los agentes del Estado, pues en todo momento se debe salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las personas, cosa que no se hizo.
Las graves violaciones de garantías individuales cometidas en Atenco fueron, entre otras, maltrato físico y moral a los detenidos; exceso en el uso de la fuerza; una respuesta irracional, innecesaria, desproporcionada, imprevista, indiferenciada e inoportuna; hecha además con falta de profesionalismo, eficiencia y honradez.
Las causas de los abusos se debieron, primordialmente, a la insuficiencia de la normatividad delimitadora del uso de la fuerza pública y de la defectuosa capacitación del personal policíaco que intervino, sumada a la inadecuada planeación, ejecución y supervisión de los operativos policiales. No aparecieron datos –dice el Informe– que demuestren que las violaciones obedecieron a una estrategia gubernamental.
Sin embargo, la Comisión Investigadora no puede obviar el hecho de que las autoridades competentes a nivel federal y estatal “no han llevado a cabo una real y efectiva investigación para conocer y sancionar a la totalidad de los responsables de los abusos o excesos cometidos durante los hechos” de referencia. Para no mencionar el hecho de que algunas de estas autoridades simplemente desdeñaron la recomendación de la CNDH sobre estos mismos acontecimientos.
Es indispensable, añade el Informe, que las autoridades ministeriales competentes profundicen y concluyan las actuaciones que esclarezcan las agresiones sexuales denunciadas en su momento por treinta y un mujeres, pues para la comisión no hay duda de que tales abusos existieron.
La investigación de la Corte no arrojó pruebas claras acerca de la responsabilidad penal por las muertes de los jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago, lo que ha provocado que entre los ministros tampoco haya consenso sobre posibles responsables.
Así, con la investigación, y con el debate público y la resolución que seguramente hoy será anunciada, el supremo tribunal refrenda su condición de última instancia en casos políticamente muy complicados, en los que las instancias regulares se paralizan, evitando así que se consagre la impunidad. Y todavía hay quienes quisieran despojarlo de la facultad investigadora que le otorga el artículo 97.
