En primer término, quisiera señalar respecto del proyecto publicado por la Suprema Corte que de su lectura se desprende un manual del horror que no le pide nada a los torturadores de Guantánamo y Abu Ghraib. Asimismo, es necesario precisar que la propia Corte otorga un mandato a la comisión investigadora que a la postre es modificado por el acuerdo general 16/07, en donde la Corte, arrogándose facultades legislativas, establece, a mi modo de ver, garantías o un cheque en blanco para las autoridades, pues se dice que: “No se podrá calificar la legalidad de los procedimientos. No podrán adjudicarse responsabilidades sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado. La investigacion no deberá referirse a aspectos relacionados con formas de reparación de la violación de garantías, sean jurídicas o civiles, así como tampoco sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas”. De lo anterior anticipamos que nuevamente la resolución de la Corte, cualquiera que sea su sentido, carecerá de efectos vinculatorios y será una declaración de impunidad para los responsables que, empezando por el gobernador del estado de México, con el cinismo que lo caracteriza, pretenden instaurar en cualquier momento un estado de terror, la suspensión de garantías y violación de las mismas aduciendo el “legítimo uso de la fuerza”, a sabiendas de que dicho criterio sólo puede ser invocado en derecho internacional y no por gobernadores de Tvynovelas que se empecinan en resucitar la brutalidad policiaca que ni el Negro Durazo soñó.
Isaac de Paz, abogado
