La facultad de investigación de la Suprema Corte es un instrumento siempre riesgoso. En muchas ocasiones los ministros quedan como el cohetero. Las consecuencias jurídicas de este tipo de indagatorias son prácticamente nulas, aunque el alcance político y moral pueda ser muy importante.
Con frecuencia se desconoce el alcance de estas resoluciones y se espera lo que no se puede obtener. El caso de Lydia Cacho es un ejemplo de lo anterior.
La ponencia del ministro José de Jesús Gudiño sobre Atenco es un recuento de la incapacidad de las policías para actuar correctamente y de la ausencia de respuestas a una sociedad agraviada y, lo que es peor, a las víctimas del operativo ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006.
Queda claro que las policías tienen que cambiar su cultura y transformarse, de otro modo estaríamos en riesgo de operativos mal planeados y en los que se cometen infinidad de violaciones a los derechos humanos.
En estos tres años, la actitud de las autoridades ha sido diversa y distinta. Aunque perezca increíble, en el Estado de México han buscado cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el ámbito federal no.
Pero Atenco es también la mezcla de intereses y apuestas que poco tienen que ver con la democracia y con el estado de derecho. Por una serie de malas decisiones, desde los gobiernos federal y local, se dejó crecer a uno de los movimientos más radicales y violentos de los últimos años. Impidieron la construcción de un aeropuerto y construyeron las condiciones que terminaron en el enfrentamiento con las autoridades municipales, locales y federales.
Todo esto es verdad y, sin embargo, no puede borrar la mala actuación de las policías.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que 145 personas fueron detenidas de modo arbitrario, también recibieron “un trato cruel y arbitrario”, se realizaron una infinidad de allanamiento de morada y se atentó contra “la libertad sexual” de 27 mujeres.
Murieron Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Alexis Benhumea Hernández, de 20 años.
Cortés Santiago murió por un proyectil .38 que le penetró por el tórax. Benhumea Hernández falleció por las lesiones que le causó un proyectil con gas lacrimógeno que le pegó en la cabeza y le fracturó el cráneo.
Estoy convencido de que las autoridades responsables de esos hechos tendrán poco margen para escurrir el bulto ahora que la Corte se está haciendo cargo del asunto. “Sin escape alguno”, podría ser el título de esta crónica de agravios que por lo menos empiezan a despejarse.
