Difunde en internet dictamen de los hechos de mayo de 2006
Carlos Avilés
El Universal
Miércoles 04 de febrero de 2009
La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a difundir desde ayer, en su página de internet, la versión pública del dictamen que elaboró el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en torno a los enfrentamientos en la comunidad de San Salvador Atenco en mayo de 2006, en el que concluye que sí hubo violaciones graves a las garantías de la población.
En el documento que elaboró Gudiño —que será revisado por sus compañeros del máximo tribunal en la sesión pública que se realizará el 9 de febrero próximo—, se hace un recuento de los acontecimientos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, y se detalla el uso excesivo, desproporcionado, ineficiente e improfesional en el que incurrieron los policías federales y estatales que intervinieron en los hechos.
En el texto, de 924 páginas con datos personales suprimidos, se precisa que las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública fueron una de las causas que detonaron las violaciones que se registraron en Atenco.
A manera de advertencia, en el texto se destaca que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no son privativas de quienes participaron en los operativos de Atenco, sino de todas las policías del país, por lo que, incluso, de manera reiterada, se advierte del riesgo y del “estado sensible de vulnerabilidad” en que se coloca a la población cada que se tiene que hacer uso de la fuerza pública.
En el dictamen se aclara que la SCJN no emitirá una lista de responsables de los hechos ni tampoco recomendará algún tipo de sanción en particular, por no contar con atribuciones para ello.
Sólo se presenta una relación de las personas que tuvieron algún tipo de participación “sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad”.
En la lista lo mismo aparecen el gobernador del estado de México y el actual procurador general de la República y ex secretario de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora, que funcionarios estatales y federales de menor rango.
