JORGE ROCHA
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, durante el Primer Informe de Gobierno del mandatario michoacano, Leonel Godoy Foto: IVAN SANCHEZ
Las experiencias históricas y los estudiosos en la materia aseguran que una condición clave para resolver el problema de la inseguridad pública y el incremento de la delincuencia organizada es erradicar la impunidad. Es decir, mientras quien comete un delito o deja de cumplir con sus obligaciones siga sin tener castigo, por más policías y militares que pongamos en las calles y que a la manera del western se enfrenten a balazos con las bandas criminales, las cosas no van a cambiar y estaremos condenados a vivir en una sociedad en riesgo.
Los días pasados hemos atestiguado que el pacto de impunidad entre la clase política persiste y se refuerza, y que por lo tanto en este país quien la hace no la paga. Este clamor ciudadano no es un revanchismo, ni una sed de venganza, simplemente es un digno reclamo de la justicia debida y exigir que las leyes y reglas que norman la vida se cumplan. Nada más y nada menos.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al caso de Atenco, las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al gobierno mexicano en el marco del Examen Periódico Universal y la exoneración a las televisoras por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), son tres graves y claras muestras de que la impunidad es el sello distintivo de la clase política y los poderes fácticos de este país.
Una de las recomendaciones más importantes que realizó la ONU al Estado mexicano fue abatir la impunidad. Es sabido en el ámbito internacional que éste es un problema crónico y creciente en nuestro país y que si no se resuelve, las posibilidades de combatir a la delincuencia organizada serán mínimas. No me detengo en este asunto que ya fue ampliamente tratado. Más bien retomo los dos casos de impunidad de esta semana.
En lo referente a la revisión que hizo del caso de Atenco la SCJN, sólo se concluyó lo que hace más de dos años ya habían documentado organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: sí existieron flagrantes y múltiples violaciones a los derechos humanos en los operativos efectuados el 3 y 4 de mayo de 2006. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. El problema es que se atribuyeron estos lamentables hechos a policías en lo particular, es decir, sólo se consideró como responsables a los perpetradores directos, no a los que dieron las instrucciones, no a los jefes y mucho menos al gobernador Peña Nieto o a Eduardo Medina Mora, que eran los responsables últimos de los operativos implementados los primeros días de mayo de 2006.
Se exoneró al gobernador con aspiraciones presidenciales y al actual procurador general de la República. Todo quedó en una mala actuación de algunos elementos y en la petición de normar y dar lineamientos en el uso de la fuerza pública en situaciones similares. Una vez más la faramalla, la creación de expectativas y de nuevo la impunidad. Una vez más la justicia negada. Una vez más la decepción ciudadana y la sospecha de que en este país las vías legales para encontrar la justicia están agotadas. Una vez más se impusieron y ganaron los que siempre han estado arriba.
El segundo hecho es la negativa de sancionar a los grandes monopolios televisivos por la irregular transmisión de los espots del IFE, que provocaron un enorme malestar social. Ya se había prefigurado una multa millonaria por esta actuación; sin embargo, de nuevo el Consejo General del IFE dobló las manos frente a este poder fáctico. En un momento donde la clase política va a entrar en contienda electoral, no se podían confrontar con los grandes mediadores del espacio público. El haber optado por hacer campañas desde la lógica del marketing político (y así como se venden chicles se venden candidatos) provoca una excesiva dependencia de los partidos políticos a los medios electrónicos de comunicación y los pone en una situación de alta vulnerabilidad. Esto sin duda alimenta la impunidad. Actuar bajo esta lógica genera entonces un efecto dominó de encubrimiento: yo te cubro, tú me cubres, él nos cubre, yo no te acuso, tú no me acusas y todos contentos… todos impunes. Una vez más la decepción ciudadana y la sospecha de que las vías legales para encontrar la justicia están agotadas.
La impunidad en México tiene tres rostros: la falta de castigo a los responsables de delitos y violaciones a los derechos humanos, la no posibilidad de revocación del mandato y destitución de funcionarios y la no reparación del daño. En la mayor parte de los casos se habla de la impunidad en su primer rostro; sin embargo, hay otros dos rostros que son poco analizados pero que también forman parte de la impunidad.
Por ejemplo, en el caso de Atenco, en el supuesto de que Peña Nieto y Medina Mora no fueran los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos, el simple hecho de saber que permitieron que eso sucediera, que no hicieron las investigaciones pertinentes y que no tienen control sobre sus policías, sólo por esas razones deberían renunciar por incompetencia e incapacidad. Otra forma de impunidad es no poder exigir la revocación del mandato en el caso del gobernador del estado de México o la destitución de Medina Mora como procurador.
En lo referente a la reparación del daño tomando como ejemplo el caso del IFE, en el supuesto que de la actuación de las televisoras no ameritaba la sanción económica, la pregunta que queda es: ¿cómo estas empresas de comunicación van a reparar el daño a los ciudadanos, a los partidos y al propio IFE por esta transmisión irregular?, ¿cómo deberían revertir los efectos negativos generados en la opinión pública? No se sanciona, pero tampoco se hace nada para reparar el daño. Esta es otra forma de impunidad.
Mientras la impunidad persista, las posibilidades de resolver el problema de la delincuencia organizada, la inseguridad pública y el pleno respeto a los derechos humanos serán un sueño inalcanzable y la sospecha de que las vías legales para encontrar la justicia están agotadas se mantendrán.
El segundo hecho es la negativa de sancionar a los grandes monopolios televisivos por la irregular transmisión de los espots del IFE, que provocaron un enorme malestar social. Ya se había prefigurado una multa millonaria por esta actuación; sin embargo, de nuevo el Consejo General del IFE dobló las manos frente a este poder fáctico. En un momento donde la clase política va a entrar en contienda electoral, no se podían confrontar con los grandes mediadores del espacio público. El haber optado por hacer campañas desde la lógica del marketing político (y así como se venden chicles se venden candidatos) provoca una excesiva dependencia de los partidos políticos a los medios electrónicos de comunicación y los pone en una situación de alta vulnerabilidad. Esto sin duda alimenta la impunidad. Actuar bajo esta lógica genera entonces un efecto dominó de encubrimiento: yo te cubro, tú me cubres, él nos cubre, yo no te acuso, tú no me acusas y todos contentos… todos impunes. Una vez más la decepción ciudadana y la sospecha de que las vías legales para encontrar la justicia están agotadas.
La impunidad en México tiene tres rostros: la falta de castigo a los responsables de delitos y violaciones a los derechos humanos, la no posibilidad de revocación del mandato y destitución de funcionarios y la no reparación del daño. En la mayor parte de los casos se habla de la impunidad en su primer rostro; sin embargo, hay otros dos rostros que son poco analizados pero que también forman parte de la impunidad.
Por ejemplo, en el caso de Atenco, en el supuesto de que Peña Nieto y Medina Mora no fueran los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos, el simple hecho de saber que permitieron que eso sucediera, que no hicieron las investigaciones pertinentes y que no tienen control sobre sus policías, sólo por esas razones deberían renunciar por incompetencia e incapacidad. Otra forma de impunidad es no poder exigir la revocación del mandato en el caso del gobernador del estado de México o la destitución de Medina Mora como procurador.
En lo referente a la reparación del daño tomando como ejemplo el caso del IFE, en el supuesto que de la actuación de las televisoras no ameritaba la sanción económica, la pregunta que queda es: ¿cómo estas empresas de comunicación van a reparar el daño a los ciudadanos, a los partidos y al propio IFE por esta transmisión irregular?, ¿cómo deberían revertir los efectos negativos generados en la opinión pública? No se sanciona, pero tampoco se hace nada para reparar el daño. Esta es otra forma de impunidad.
Mientras la impunidad persista, las posibilidades de resolver el problema de la delincuencia organizada, la inseguridad pública y el pleno respeto a los derechos humanos serán un sueño inalcanzable y la sospecha de que las vías legales para encontrar la justicia están agotadas se mantendrán.
