Los familiares y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los operativos policiacos de San Salvador Atenco del 3 y 4 de mayo del 2006 demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actúe apegada al derecho y señale a las autoridades responsables de los abusos.
Pero también hay familiares como Ángel Benhumea —padre de Alexis Benhumea, el estudiante de la UNAM que falleció a causa de las heridas que le provocó un proyectil de gas lacrimógeno— y algunas de las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) que aseguran que las discusiones que lleva a cabo el máximo tribunal del país son una “farsa” , una “burla” y que los ministros ya tienen una consigna: dejar impunes los excesos policiacos.
Damián Camacho, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, manifestó que es contradictorio que la SCJN reconozca la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese municipio mexiquense y a la vez, considere que no puede determinar quiénes fueron los responsables y exonere a los policías y mandos involucrados. Informó que una vez que se agoten las instancias nacionales, acudirán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
María Luisa López Morán y Edith Rosales Gutiérrez fueron detenidas el 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco. Durante seis horas que duró el trayecto hacia el penal de máxima seguridad de Santiaguito, ambas, junto con otras 44 mujeres, fueron golpeadas por los policías federales, víctimas de tocamientos y amenazadas de muerte.
Las dos estuvieron recluidas durante casi dos años acusadas de secuestro equiparado. “Se demostró mi inocencia y ni siquiera me ofrecieron disculpas, nunca me dieron una explicación del por qué fui detenida y ahora los ministros dicen que tampoco me van a reparar el daño y que no van a adjudicar responsabilidades civiles ni penales, entonces ¿para qué sirve la Corte?”, se cuestionó Edith Rosales.
Desde ayer, junto con otros 50 personas, habitantes de diversos municipios del estado de México, permanece afuera de la SCJN en espera de la resolución de los ministros.
