Lo dicho. El uso faccioso y político de la justicia en México es descomunal. El viernes supimos del amparo que recibieron militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acusados de secuestros y otros delitos en el caso de Atenco, en mayo de 2006, que ampara a Ignacio del Valle, Bernardino Cruz Cardona, Jesús Adán Espinosa Rojas, Felipe Arizmendi y Héctor Galindo.
Qué bueno que se enmendó la injusticia de mandarlos de por vida a la cárcel, por delitos poco sustentados, cuando todos fuimos testigos de la brutalidad policiaca que acompañó al caso y cuando hubo probadas denuncias de agresiones sexuales a detenidas.
El 26 de agosto del año pasado escribimos: “La sentencia resulta, además de inesperada, excesiva, y muestra con elocuencia, sin entrar en mayores detalles o adjetivos, lo desigual de la justicia en México, porque este mismo tipo de penas no se aplican a narcotraficantes, ni a políticos corruptos, ni a secuestradores, ni a contrabandistas, quienes en caso de caer en la cárcel, suelen salir con inusitada rapidez, sus expedientes estar “casualmente” mal integrados y salir con una celeridad sospechosa. Se criminaliza la protesta social”.
Ahora que se enmienda el error, lo faccioso estriba en el hecho de que se hace en el contexto de la inminente recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso, cuya resolución adelantara nuestro compañero Carlos Avilés el viernes pasado, en la que se detallaban los delitos cometidos por los policías, las autoridades de los tres niveles de gobierno y los juzgadores del Estado de México, que iban a dejar muy mal parados a muchos funcionarios entre ellos Eduardo Medina Mora, entonces Secretario de Seguridad Pública federal, pero sobre todo al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, a quien la etiqueta de represor, pegada por la SCJN, le iba a representar un alto costo político, justo cuando sus aspiraciones son presidenciales.
Qué casualidad. Ahora que ahí viene la resolución de los magistrados, como por arte de magia los jueces locales revisan el caso y se dan cuenta que estaban mal, "que salgan todos", "que ustedes disculpen".
Qué casualidad. Ahora que ahí viene la resolución de los magistrados, como por arte de magia los jueces locales revisan el caso y se dan cuenta que estaban mal, "que salgan todos", "que ustedes disculpen".
Un caso similar es el de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, próximos a abandonar la cárcel el viernes 13 de febrero –y de lo que estaremos pendientes-, si es que no se atraviesa una “casualidad” más.
Su caso es paradigmático del uso discrecional de la justicia. Acusados de militar en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y haber detonado dos explosivos en una sucursal bancaria en 2001.
Se les consignó con pruebas débiles, indirectas, producto de un trabajo de inteligencia que, después se supo, iba dirigido en realidad a castigar a la dirigencia del EPR, de quienes los Cerezo serían familiares.
En junio del año pasado, reporteamos la versión de fuentes de inteligencia de que las liberaciones de Alejandro Cerezo y Pablo Alvarado, así como los traslados de Héctor y Antonio al penal de mediana seguridad de Atlalcholoaya, Morelos, respondieron más a “señales” enviadas por el gobierno federal a los eperristas, que a la evolución natural de los procesos jurídicos. Otra vez, reconocimiento del uso político de la justicia.
La salida de la cárcel de los detenidos por el caso Atenco y de los hermanos Cerezo enmiendan injusticias que debemos celebrar, pero el mensaje que mandaron todo el tiempo que duraron es que nuestra justicia está sometida a los caprichos del poder político. En este rubro, nada cambió de los gobiernos priístas a los panistas.
Ni modo, hay que buscar liberar a la Justicia de su propia cárcel. O tú, ¿cómo la ves?
