MIGUEL CABILDO
MEXICO, D. F., 30 de enero (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de irresponsables las declaraciones del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el sentido de legitimar el uso de la fuerza en San Salvador Atenco durante los sucesos de mayo de 2006.
En vísperas de la culminación de la investigación de la SCJN sobre el caso Atenco, Peña Nieto declaró ayer que "el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo" y añadió que "fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado".
En un comunicado, el Prodh lamentó lo dicho por el funcionario mexiquense. Aseguró que ese tipo de afirmaciones alejan de lo exigible en un gobernante verdaderamente comprometido con la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El organismo no gubernamental sostuvo que las expresiones del mandatario mexiquense lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Dijo que lo mismo puede decirse de otros asertos formulados por funcionarios del Estado de México, que pretenden restar importancia al inminente pronunciamiento de la SCJN.
"Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente los derechos humanos, las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos de menor jerarquía", subrayó el Prodh.
Por ello, reiteró su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco cumpliendo a cabalidad lo ordenado por el artículo 97 de la Constitución, atendiendo a que si cuenta con esa facultad sui generis es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como en este caso.
Para el Prodh, la resolución de la Corte podría contribuir a revertir la impunidad en el caso Atenco.Más aún, representa la oportunidad de examinar deficiencias estructurales en las instituciones de seguridad pública y de justicia mismas que afectan especialmente a las mujeres. Como se recordará, el 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones Texco y Atenco, en el Estado de México, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes.
En los operativos participaron elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos: privaciones arbitrarias a la vida, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales, que en su momento fueron ampliamente documentados por organizaciones civiles como este Centro de Derechos Humanos y corroboradas posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Para el Prodh, lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del estado.
Igualmente, las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco resultaron paradigmáticas de las particulares afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha estado en ocasión de comprobar lo anterior en el acompañamiento que brinda a las mujeres que valientemente denunciaron tortura inclusive, la violación sexual, cometida en su contra por policías. Pese a la gravedad de los hechos, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral. Por el contrario, se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
