Erica Mora
Piden castigo para mandos medios de seguridad del Edomex, involucrados en la zacapela de 2006
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un protocolo para el uso de la fuerza pública, como parte central de su resolución en torno del caso de San Salvador Atenco, Estado de México.
El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño y que mañana, a más tardar, repartirá entre el resto de los ministros, señala criterios sobre los límites aceptables de la actuación policiaca ante disturbios sociales, que incluyen el respeto a los derechos fundamentales como la integridad.
El proyecto, de más 900 cuartillas, divide en 10 puntos el análisis jurídico de los hechos ocurridos 3 y 4 de mayo de 2006. Al analizar si hubo violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Atenco, finca responsabilidades contra mandos medios de los cuerpos policiacos que participaron en los enfrentamientos.
Ante la trascendencia del caso —toda vez que por primera vez en la historia la SCJN emitirá un protocolo sobre el uso de la fuerza policiaca—, se busca que todos los ministros participen en la discusión y, por lo tanto, lo enlistarán para la sesión del 9 de febrero, aunque de manera previa difundirán en internet una versión pública que omite los nombres de los presuntos responsables.
El proyecto que el ministro Gudiño someterá a consideración del pleno de la Corte fue elaborado a partir del informe que entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo y Alejandro Sergio González, responsables de investigar los hechos y reconstruir la historia del caso, en 13 tomos con cinco mil 428 hojas.
En el informe, del cual se presentó un resumen en la sesión pública del 13 de marzo de 2008, los magistrados afirmaron que policías “sin control alguno” agredieron a manifestantes.
Mencionaron que el operativo del 4 de mayo de 2006, a cargo de dos mil 500 policías, fue planeado la noche anterior por mandos federales y estatales “del más alto nivel”, y narraron hechos que parecen llevar a la conclusión de que sí hubo violación grave de garantías.
“Varios elementos policiales, sin control alguno, agredieron violentamente a muchos manifestantes, que aparentemente no oponían resistencia alguna”, dijo González.
