■ Algunos considerarán héroe al tribunal, y otros villano
Jesús Aranda
En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó resoluciones controvertidas que colocaron al máximo tribunal en situación de “héroe” o “villano”, según el grupo social, político o económico favorecido.
En este año, los retos para los 11 ministros no serán menores; de entrada, tendrán que resolver las investigaciones sobre la “violación grave” de garantías individuales en San Salvador Atenco, estado de México, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, y en Oaxaca, durante el movimiento magisterial y popular ocurrido en ese mismo año, y posteriormente decidirán si se ratifica la facultad constitucional del Instituto Federal Electoral (IFE) para distribuir entre los partidos políticos los tiempos oficiales de campaña en medios electrónicos.
De acuerdo con ministros consultados, la Corte tiene el reto de mantener la credibilidad y confianza de la sociedad, para lo cual las decisiones sobre los casos de Atenco y Oaxaca serán fundamentales.
Además de determinar si funcionarios como Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República, y los gobernadores Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, del estado de México y Oaxaca, respectivamente, tienen responsabilidad en la violación de derechos humanos, la Corte establecerá tesis jurídicas de trascendencia que tienen que ver con el uso desmedido de la fuerza por las corporaciones policiacas y con la obligación de los tres niveles de gobierno de actuar a tiempo para evitar que los conflictos sociales se “desborden” porque los cuerpos de seguridad no cumplieron sus obligaciones para garantizar la paz social.
El otro asunto que tiene un ingrediente especial para la Corte es el relativo a los amparos presentados por intelectuales y organizaciones empresariales contra la reforma constitucional en materia electoral, que impide que los particulares contraten espacios en radio y televisión para la transmisión de mensajes en tiempos de campaña.
Según los funcionarios consultados, los ministros recibirán presiones no sólo del poder político, representado por los intereses de los principales partidos y del gobierno de Felipe Calderón, sino también del poder económico, ya que los grupos empresariales son los más interesados en echar abajo la reforma, por considerar que viola la libertad de expresión.
En 2008, el pleno de 11 ministros recibió duras críticas cuando resolvió los amparos contra la reforma a la Ley del ISSSTE, ya que la mayoría convalidó la coexistencia del sistema de cuentas individuales y el método “tradicional” de jubilación para los trabajadores en activo, previo incremento del número de años laborados y de edad de los empleados.
Otro asunto importante fue la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de la República en contra de diversos artículos de la ley Televisa.
Aun cuando los ministros tomaron decisiones que muchos calificaron de “salomónicas”, para no afectar a las principales cadenas televisivas, lo cierto es que invalidaron artículos que permitían a los consorcios televisivos acceder sin licitación a servicios adicionales de telecomunicaciones, no pagar al Estado por el uso del espectro radioeléctrico y el disfrute de concesiones de radio por 20 años con refrendo automático.
Un caso que polarizó las posiciones fue cuando la Corte determinó –por mayoría de ocho votos– convalidar la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta la 12 semana de gestación, entre otros asuntos.
