■ Todos los señalados, incluido Peña Nieto, deben someterse a su dictado
Emir Olivares Alonso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede contribuir a revertir la impunidad de que gozan las autoridades de los tres niveles de gobierno luego de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, señaló el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
A unos días de que el pleno del máximo tribunal del país analice el caso para acreditar si hubo transgresiones a las garantías fundamentales durante esos hechos, la organización civil consideró que dada la “trascendencia” de la resolución, todos los servidores públicos que han sido señalados como responsables de los abusos, incluido el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, deben someterse de manera “inedudible” al dictado de los ministros.
Subrayó que al discutir el caso a fondo, la SCJN “podrá realizar señalamientos precisos sobre los responsables, de acuerdo con la cadena de mandos, es decir, podrá establecer las responsabilidades en que incurrieron no sólo los agentes que participaron en el operativo, sino los altos funcionarios a quienes se encontraban subordinados y que por su acción u omisión permitieron graves violaciones a los derechos humanos”.
El Centro Prodh destacó que la resolución no constituirá un deslinde de responsabilidad penal o administrativa, pero puede significar un “contundente señalamiento de responsabilidad política que, al determinarse jurídicamente por el más alto tribunal de la República, debe dar pie a ulteriores investigaciones y procedimientos”
Por ello, consideró que si bien la facultad constitucional de la Corte para realizar investigaciones tiene limitaciones sui generis, no puede dejarse de lado la trascendencia del inminente pronunciamiento. “Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente las garantías fundamentales, las resoluciones de la SCJN, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos”.
La ONG subrayó que la discusión en ese órgano judicial “representa una oportunidad de examinar las deficiencias estructurales de seguridad pública y justicia, mismas que afectan de manera especial a las mujeres”, pues la mayoría de las detenidas durante el operativo denunciaron haber sido objeto de torturas y abusos sexuales por los policías.
“Lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado”. El Centro Prodh agregó que pese a la gravedad de las violaciones a las garantías fundamentales –documentadas por organismos nacionales y extranjeros– y aun cuando “ha transcurrido en exceso un tiempo razonable”, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral y, por el contrario, se ha sancionado penalmente “con notoria desproporción” a integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
