■ Aplaude director de la organización que la Corte haya subido a Internet el proyecto del caso
■ Urge saber si fue una estrategia de Estado o falta de capacitación de los policías: Luis Arriaga
Emir Olivares Alonso
El análisis que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de dictamen del caso de San Salvador Atenco no sólo se debe centrar en si existieron o no violaciones a las garantías fundamentales, sino determinar por qué se originaron los abusos, quién los ordenó y si fue una estrategia planeada por el Estado o sólo se presentó por la falta de capacitación de los policías, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Luis Arriaga, director de esa organización, celebró la decisión de la Corte de subir a Internet el proyecto elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que en los próximos días será analizado por el pleno del máximo tribunal, pues con ello “los ciudadanos podrán acceder a la información y estar enterados de lo que realiza el Poder Judicial”.
En entrevista, el activista subrayó que con la resolución sobre el caso la Corte “tiene la posibilidad histórica de sentar un precedente que inhiba la repetición de hechos similares, si los ministros acuerdan establecer un protocolo sobre uso de la fuerza”.
Arriaga recordó que el año pasado la comisión creada por la SCJN para investigar los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco acreditó la “posible violación grave” de garantías fundamentales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel” de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos jóvenes, la detención de 207 personas, de las cuales “sólo nueve resultaron ilesas”, y abusos sexuales contra varias mujeres.
“En esa primera resolución ya se establecen las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las autoridades policiacas; por tanto, la discusión en este momento no debe centrarse sólo en ello pues ya están demostradas, sino que hay que completar la investigación y dictaminar por qué se originaron las violaciones a garantías individuales, quién las ordenó, si se trató de una estrategia de Estado, si la situación fue rebasada o producto de una deficiente capacitación de los policías”, afirmó el director del Centro Prodh, organización que apoya jurídicamente a muchas de las víctimas de los hechos, sobre todo a las mujeres que sufrieron violaciones y abuso sexual.
Confió en que tras la decisión de los ministros las víctimas accedan a la justicia, pues a casi tres años de los hechos éstos “permanecen en la impunidad”. Recordó que hubo abusos sexuales contra las mujeres; torturas y malos tratos a decenas de detenidos, dos muertos, y varias personas, entre ellas el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, “sentenciadas a penas de prisión injustas y excesivas”, aunque destacó que la resolución no tendrá carácter vinculante.
Mencionó que al inicio de las indagatorias de la comisión de la Corte, varias ONG presentaron a los magistrados la solicitud de comparecer bajo la figura jurídica de amicus curiae, que de acuerdo con el derecho internacional presenta reflexiones sobre algún tema específico que puedan ayudar a dirimir un asunto jurídico.
En el documento las organizaciones plantean que el máximo tribunal establezca un protocolo de uso de la fuerza para las corporaciones policiacas basado en los principios de legalidad, estricta necesidad, proporcionalidad, diferenciación, preservación de la vida e integridad física de los ciudadanos y en la constante capacitación de los policías, a fin de que “la fuerza sólo se use cuando sea estrictamente necesaria, y no como en los casos de Atenco y Oaxaca, que se pudieron resolver de manera diferente y sin abusos”.
