■ FPDT: hay elementos para dejar sin efecto órdenes de captura
Emir Olivares Alonso
Emir Olivares Alonso
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco demandaron al Poder Judicial de la Federación una actuación “ética” el caso de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado durante los operativos de mayo de 2006 en ese municipio.
Miembros del frente se manifestaron ayer en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde señalaron que hay elementos apegados a derecho para que un tribunal colegiado deje sin efecto las órdenes de aprehensión que contra Jesús Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, dos de sus compañeros acusados de diversos delitos por los hechos referidos y que están recluidos en el penal Molino de Flores.
Recordaron que la defensa jurídica de ambos atenquenses presentó un recurso de revisión, a fin de que se revoquen las órdenes de aprehensión que existen en su contra, lo que representa el último resquicio del que disponen Espinosa Rojas y Cruz Cardona para obtener la liberación.
“La defensa legal de los compañeros y el FPDT consideramos que si los magistrados (del segundo tribunal colegiado en materia penal) llevan a cabo una revisión exhaustiva de los agravios esgrimidos en el recurso, tendrá como resultado que ese órgano judicial revoque la resolución emitida en su contra por una jueza, y en consecuencia que se les conceda a los compañeros el amparo y protección de la justicia federal”.
La protesta del frente ante la Corte, en compañía de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, miembros de la otra campaña, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, y otras organizaciones, coincidió con la presentación y firma del Acuerdo Nacional de la Economía Familiar y el Empleo presentado por el gobierno federal en Palacio Nacional, por lo que en todo momento, la manifestación estuvo vigilada por policías federales.
Los manifestantes exigieron entrevistarse con el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia; sin embargo, debido a que éste se encontraba en el acto del gobierno federal, Rafael Soto Ruiz, uno de sus asesores, recibió a una comisión encabezada por Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle, preso en El Altiplano y sentenciado a más de 112 años de prisión.
Los atenquenses entregaron al funcionario varios documentos y le expusieron que el Poder Judicial “tiene la oportunidad de limpiar su imagen ante la sociedad si en las próximas semanas, cuando el ministro ponente, José de Jesús Gudiño Pelayo presente ante el pleno de la Corte el proyecto sobre el caso Atenco, al determinar que en los operativos del 3 y 4 de mayo existieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, y se proceda contra los responsables”.
Sin embargo, Soto sólo se limitó a dar por recibida la información y afirmó que la haría llegar a Ortiz Mayagoitia.
Asimismo, dijo a la comisión, que sólo se podría concertar una reunión con el ministro presidente después de que el caso de San Salvador Atenco sea expuesto ante el pleno del tribunal.
