Casos en Chiapas 1994, Guerrero 2001 y Edomex 2006
Por Guadalupe Gómez Quintana
México DF, 5 enero 09 (CIMAC).- Meses después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, un grupo de militares del Ejército Mexicano apostados en Tenejapa detuvo el 4 de junio de 1994 a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia (nombres ficticios) para interrogarlas. Durante dos horas, las hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
El hecho no se convirtió en noticia nacional ni fue reconocido por el Gobierno de Chiapas en sus comunicados sobre la irrupción de los militares en Tenejapa, a pesar de que Ana y Beatriz denunciaron la agresión ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar.
Lo mismo ocurrió con la violación cometida en marzo de 2002 por soldados del Ejército Mexicano contra Valentina, en la región me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, y días más tarde contra Inés en la cocina de su casa, ubicada también en Ayutla de los Libres, hechos que no ocuparon gran espacio en los medios de comunicación.
De igual forma se desdibujó el caso de las mujeres que fueron atacadas sexualmente por policías de los tres órdenes de gobierno en las localidades de Atenco y Texcoco, Estado de México, durante un operativo el 3 y 4 de mayo de 2006, hechos de los que fueron prácticamente exonerados.
Todas ellas sufrieron además revictimización ante las autoridades mexicanas que recogieron su denuncia, que les practicaron exámenes ginecológicos e interrogatorios incómodos. Para muchas también significó que tuvieran que cambiar de domicilio.
Todo esto hubiera quedado en el olvido si no es porque estas mujeres denunciaron las agresiones, agotaron todas las instancias nacionales y acudieron ante la justicia internacional, concretamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que lo ocurrido no quedara impune.
DESTRUCCIÓN Y RUPTURA
La violación sexual --de que fueron víctimas todas estas mujeres-- se ha incluido, por su gravedad, como una modalidad de tortura. Y el derecho penal internacional la ha elevado a delito de lesa humanidad cuando es masiva, por lo tanto es imprescriptible y perseguible universalmente, señala el libro Atención Integral a víctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes psicosociales, editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2007.
La tortura, señala Gilda Pacheco, coordinadora del Proyecto Asistencia Psicológica a Víctimas de Tortura del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conlleva además de dolor, de la desaparición o la muerte física de personas, la aniquilación de la subjetividad de las víctimas y sus familiares, la destrucción del imaginario simbólico, la intimidación de las personas y las comunidades y la ruptura del Estado de Derechos como pacto para la convivencia social.
EL CONTEXTO POLÍTICO
La tortura en forma de agresión sexual que militares y policías cometieron contra las mujeres de Chiapas, Guerrero y Atenco presenta una similitud: ellas pertenecían o estaban presentes en comunidades donde existe o existió oposición a un determinado régimen de gobierno, donde hay activistas sociales, individuos involucrados en conflictos civiles, étnicos o religiosos.
Sin embargo, no en todos los casos ellas eran activistas, sino solo integrantes de una comunidad señalada como blanco por los uniformados, como en el caso de Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia, en Chiapas, o de Inés y Valentina, en Guerrero, o incluso de varias mujeres que fueron agredida en Atenco y Texcoco.
No importa si son o no opositoras, dice Sandra Luna, de la organización no gubernamental colombiana Ruta Pacífica de las Mujeres, durante los conflictos, sobre todo armados, el cuerpo de las mujeres es violentado sexualmente, tomado como un botín de guerra para aterrorizar al enemigo. Invadir el cuerpo es símbolo de controlar la voluntad, es una forma de humillar al enemigo y acabar con el tejido social de las comunidades, asegura la activista.
En ello coincide Susan Lee, directora del Programa Regional para América de América Latina, de Amnistía Internacional: La violación y otros delitos sexuales son utilizados con frecuencia, por los actores del conflicto como parte de sus tácticas de terror.
Ana Deutsch, psicóloga cofundadora del Programa para Víctimas de Tortura en Los Ángeles, define así los objetivos de estas tácticas: suprimir la disidencia para reafirmar el poder y eliminar los obstáculos para llevar a cabo planes políticos, sociales y/o económicos impopulares.
Torturar, dice, sirve para quebrar la personalidad de la víctima, para poder manipularla y obtener colaboración en identificar a otras víctimas posibles; obtener más información acerca de actividades de grupos opositores o cualquier fin similar que sirva para derrotar y desmantelar a la disidencia.
A nivel individual, instilar terror, amedrentar, intimidar y disuadir el activismo; a nivel social, enviar un mensaje de advertencia a la población para mantenerla sojuzgada; propiciar una atmósfera de temor y amenaza permanente en la población, para afianzar el poder, dice Deutsch.
Sin embargo, dice, la historia demuestra que la tortura falla como táctica antiterrorista para crear seguridad pública; en cambio, produce efectos sociales negativos a largo plazo y genera corrupción en la institución, como la militar que la aplica, desprestigiándola.
En México, aunque Felipe Calderón asegura que lo que existe es una guerra contra “el narco” y no contra la oposición política, las mujeres continúan siendo afectadas, como denunciaron organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos ante la CIDH, durante su 133 periodo de audiencias realizado en octubre pasado.
Queda esperar, entonces, que la lista de víctimas de la guerra de Calderón no se incremente y que, en cambio, las resoluciones de la CIDH en los casos de Inés y Valentina demuestren que la justicia no es otra víctima de la impunidad.
09/GG
Por Guadalupe Gómez Quintana
México DF, 5 enero 09 (CIMAC).- Meses después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, un grupo de militares del Ejército Mexicano apostados en Tenejapa detuvo el 4 de junio de 1994 a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia (nombres ficticios) para interrogarlas. Durante dos horas, las hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
El hecho no se convirtió en noticia nacional ni fue reconocido por el Gobierno de Chiapas en sus comunicados sobre la irrupción de los militares en Tenejapa, a pesar de que Ana y Beatriz denunciaron la agresión ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar.
Lo mismo ocurrió con la violación cometida en marzo de 2002 por soldados del Ejército Mexicano contra Valentina, en la región me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, y días más tarde contra Inés en la cocina de su casa, ubicada también en Ayutla de los Libres, hechos que no ocuparon gran espacio en los medios de comunicación.
De igual forma se desdibujó el caso de las mujeres que fueron atacadas sexualmente por policías de los tres órdenes de gobierno en las localidades de Atenco y Texcoco, Estado de México, durante un operativo el 3 y 4 de mayo de 2006, hechos de los que fueron prácticamente exonerados.
Todas ellas sufrieron además revictimización ante las autoridades mexicanas que recogieron su denuncia, que les practicaron exámenes ginecológicos e interrogatorios incómodos. Para muchas también significó que tuvieran que cambiar de domicilio.
Todo esto hubiera quedado en el olvido si no es porque estas mujeres denunciaron las agresiones, agotaron todas las instancias nacionales y acudieron ante la justicia internacional, concretamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que lo ocurrido no quedara impune.
DESTRUCCIÓN Y RUPTURA
La violación sexual --de que fueron víctimas todas estas mujeres-- se ha incluido, por su gravedad, como una modalidad de tortura. Y el derecho penal internacional la ha elevado a delito de lesa humanidad cuando es masiva, por lo tanto es imprescriptible y perseguible universalmente, señala el libro Atención Integral a víctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes psicosociales, editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2007.
La tortura, señala Gilda Pacheco, coordinadora del Proyecto Asistencia Psicológica a Víctimas de Tortura del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conlleva además de dolor, de la desaparición o la muerte física de personas, la aniquilación de la subjetividad de las víctimas y sus familiares, la destrucción del imaginario simbólico, la intimidación de las personas y las comunidades y la ruptura del Estado de Derechos como pacto para la convivencia social.
EL CONTEXTO POLÍTICO
La tortura en forma de agresión sexual que militares y policías cometieron contra las mujeres de Chiapas, Guerrero y Atenco presenta una similitud: ellas pertenecían o estaban presentes en comunidades donde existe o existió oposición a un determinado régimen de gobierno, donde hay activistas sociales, individuos involucrados en conflictos civiles, étnicos o religiosos.
Sin embargo, no en todos los casos ellas eran activistas, sino solo integrantes de una comunidad señalada como blanco por los uniformados, como en el caso de Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia, en Chiapas, o de Inés y Valentina, en Guerrero, o incluso de varias mujeres que fueron agredida en Atenco y Texcoco.
No importa si son o no opositoras, dice Sandra Luna, de la organización no gubernamental colombiana Ruta Pacífica de las Mujeres, durante los conflictos, sobre todo armados, el cuerpo de las mujeres es violentado sexualmente, tomado como un botín de guerra para aterrorizar al enemigo. Invadir el cuerpo es símbolo de controlar la voluntad, es una forma de humillar al enemigo y acabar con el tejido social de las comunidades, asegura la activista.
En ello coincide Susan Lee, directora del Programa Regional para América de América Latina, de Amnistía Internacional: La violación y otros delitos sexuales son utilizados con frecuencia, por los actores del conflicto como parte de sus tácticas de terror.
Ana Deutsch, psicóloga cofundadora del Programa para Víctimas de Tortura en Los Ángeles, define así los objetivos de estas tácticas: suprimir la disidencia para reafirmar el poder y eliminar los obstáculos para llevar a cabo planes políticos, sociales y/o económicos impopulares.
Torturar, dice, sirve para quebrar la personalidad de la víctima, para poder manipularla y obtener colaboración en identificar a otras víctimas posibles; obtener más información acerca de actividades de grupos opositores o cualquier fin similar que sirva para derrotar y desmantelar a la disidencia.
A nivel individual, instilar terror, amedrentar, intimidar y disuadir el activismo; a nivel social, enviar un mensaje de advertencia a la población para mantenerla sojuzgada; propiciar una atmósfera de temor y amenaza permanente en la población, para afianzar el poder, dice Deutsch.
Sin embargo, dice, la historia demuestra que la tortura falla como táctica antiterrorista para crear seguridad pública; en cambio, produce efectos sociales negativos a largo plazo y genera corrupción en la institución, como la militar que la aplica, desprestigiándola.
En México, aunque Felipe Calderón asegura que lo que existe es una guerra contra “el narco” y no contra la oposición política, las mujeres continúan siendo afectadas, como denunciaron organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos ante la CIDH, durante su 133 periodo de audiencias realizado en octubre pasado.
Queda esperar, entonces, que la lista de víctimas de la guerra de Calderón no se incremente y que, en cambio, las resoluciones de la CIDH en los casos de Inés y Valentina demuestren que la justicia no es otra víctima de la impunidad.
09/GG
