Dolor y ruptura social son herencia de los enfrentamientos entre habitantesy policías hace un año, denuncian
EMILIO FERNÁNDEZ/ CORRESPONSAL
EMILIO FERNÁNDEZ/ CORRESPONSAL
SAN SALVADOR ATENCO, Méx.- Las heridas no han sanado. Al cumplirse un año de los hechos violentos del 3 y 4 de mayo cuando pobladores se enfrentaron a las fuerzas federales y estatales que dejaron como saldo dos muertos, decenas de heridos y más de 200 personas detenidas, el tejido social y familiar en el municipio de San Salvador Atenco continúa resquebrajado.
Alfonso Tapia Duarte, párroco de la iglesia del Divino Salvador, sostuvo que la violencia, prepotencia y arbitrariedad ejercida por la autoridad, dejaron un profundo sentimiento de indignación entre los residentes del municipio del que aún no se reponen.
Eso ocasionó, agregó, que se dividieran las familias y que ahora prevalezca un distanciamiento muy marcado entre muchos habitantes de la localidad que conservan sentimientos de amargura por la humillación a la que fueron sometidos, pues muchos de ellos no participaron en las manifestaciones sociales.
El problema, advirtió, es que las autoridades no han hecho nada para tratar de sanar las heridas que todavía están abiertas.
Un informe elaborado por organizaciones sociales como La Otra Campaña, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Kolectivo Kinta Brigada, establece que por los acontecimientos violentos y los abusos de autoridad que se cometieron contra los residentes, madres de familia presentan ansiedad, dolores de cabeza, colitis nerviosa, presión baja, pérdida de cabello e irritabilidad.
En las familias que viven en las comunidades de Texcoco y San Salvador Atenco, indica el reporte, se observaron efectos que modificaron la conducta de sus integrantes quienes se muestran preocupados y angustiados por lo que vivieron.
Saúl Nopaltitla Sales, alcalde de San Salvador Atenco, coincidió en que la población no ha olvidado lo ocurrido el 3 y 4 de mayo pasados pero poco a poco, dijo, el municipio va retomando su actividad normal.
Lo que estamos haciendo con la ciudadanía, explicó el edil de extracción perredista, "es trabajar para que el mundo entero conozca cómo es en realidad Atenco donde vive gente trabajadora", aseguró.
Las buenas intenciones de las autoridades locales no son suficientes para sacar del marasmo en el que viven los más de 35 mil habitantes desde hace un año.
"En Atenco todavía hay miedo. Ya nos recuperamos un poquito. No es lo mismo que al principio, ahora ya se siente un poco más libre que antes y con la mente despejada porque ya paso algo de tiempo", cuenta Deogracia Morales Solís, una septuagenaria a la que catearon su vivienda el 4 de mayo, y que según ella los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) PFP y la Agencia de Seguridad del Estado (ASE) le robaron 12 mil pesos que guardaba.
Persiste el miedo y la indignación. "No es posible que los asesinos, los golpeadores, los violadores estén afuera y nuestros compañeros continúen en la cárcel", lamentó Heriberto Sales, un miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Los integrantes de este Frente acudieron el 3 de mayo de 2006 en apoyo a los 60 floricultores que eran querían instalarse en las cercanías de un mercado en Texcoco, cuando policías estatales y municipales se los impidieron.
Lo que sí logró el gobierno federal y estatal, puntualizó Tapia Duarte, párroco de Atenco, fue sembrar entre los habitantes amargura y desconfianza hacia cualquier autoridad. En la mente y en el corazón de los pobladores, manifestó el prelado, hay una profunda tristeza e impotencia por lo ocurrido.
Los habitantes de Atenco, expresó Tapia Duarte, son discriminados pues por el hecho de ser originarios del municipio no los quieren recibir en escuelas públicas y a muchos de ellos no les dan un empleo cuando se enteran que viven en esa localidad.
Trinidad Ramírez, doña Trini, esposa del encarcelado líder del FPDT Ignacio del Valle, criticó que los gobiernos no hayan implementado programas sociales.
El párroco de Atenco, Tapía Duarte, coincidió en la necesidad de que las autoridades implementen programas de desarrollo social.
. "Deberían desarrollar programas para la reintegración familiar, de resolución de conflictos, una buena política socio-familiar, obra pública para beneficiar a la comunidad. Hay algunos programas pero son insuficientes", sostuvo.
