La investigación de la Corte, única opción para que se castiguen los excesos policiacos
EMIR OLIVARES , ISRAEL DAVILA , JAVIER SALINAS REPORTERO , CORRESPONSALES
EMIR OLIVARES , ISRAEL DAVILA , JAVIER SALINAS REPORTERO , CORRESPONSALES
A un año del ataque contra San Salvador Atenco por parte de autoridades federales y del estado de México con el argumento de desalojar la carretera Texcoco-Lechería bloqueada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en protesta porque no se permitió a varios floristas vender sus productos en el mercado Belisario Domínguez, los "excesos" en los que incurrieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) -documentados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y varias ONG- no han sido castigados como se demandó.
A la fecha ningún policía ha pisado la cárcel al acusárseles de delitos no graves; uno fue sancionado por "actos libidinosos" y a 21 se les sigue proceso por "abuso de autoridad".
Mientras, de los 207 detenidos que dejó la incursión policiaca al poblado los días 3 y 4 de mayo de 2006, 28 siguen presos y 146 más con procesos judiciales en su contra. Además de que a 12 meses de distancia el proceso penal continúa "estancado" con la ratificación de la denuncia por parte de los policías que dicen haber sido agredidos.
Pese a que la CNDH y organismos nacionales e internacionales de defensa de las garantías acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de los policías en contra de los pobladores, y exigieron el "total esclarecimiento y sanción penal" a los responsables de esos delitos, a 365 días de los hechos los culpables siguen "impunes".
El 3 de mayo integrantes del FPDT bloquearon la carretera federal para protestar luego de que autoridades de Texcoco impidieran a una docena de floricultores vender sus productos en el mercado municipal. Autoridades estatales intentaron desalojar a los ejidatarios, lo que ocasionó enfrentamientos entre civiles y policías estatales, con un saldo de 100 atenquenses detenidos, docenas de policías heridos y tres uniformados retenidos por los pobladores de Atenco.
La madrugada siguiente entraron en acción la PFP y la ASE ingresaron al poblado con el presunto propósito de liberar a los policías "secuestrados"; sin embargo, imágenes fotográficas y de video, testimonios de los ejidatarios y organismos de derechos humanos corroboraron los "excesos" en los que incurrió la fuerza pública.
Diversas ONG acreditaron que durante el ataque a esos municipios los elementos de la PFP y de la ASE incurrieron en "tratos crueles, degradantes, tortura, agresiones y violaciones sexuales equiparadas y asesinatos"; además de detenciones ilegales y cateos a decenas de hogares sin orden judicial, entre otros delitos.
El saldo final de ese par de días fue de 207 personas detenidas; dos jóvenes muertos por las acciones de los policías: Javier Cortés Santiago, de 14 años -el día 3 de mayo por bala de pistola calibre 38-, y Alexis Benhumea, estudiante -quien murió un mes después del operativo debido a que un cartucho de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza-, así como 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de torturados.
Ante esto, los afectados por esos hechos demandan castigo a los responsables materiales e intelectuales de esos delitos y la libertad de quienes aún están presos. Sin embargo, la justicia no ha sido impartida, pues a la fecha sólo 21 uniformados estatales, de los más de 2 mil -de ambas corporaciones- que participaron en los operativos de represión se encuentran sujetos a proceso penal por "abuso de autoridad", y uno por "actos libidinosos". Ninguno de ellos ha pisado la cárcel debido a que fueron acusados de delitos no graves.
En lo que toca a la autoridad federal, la Secretaría de Seguridad Pública -en ese entonces a cargo del actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora- rechazó en noviembre pasado la recomendación del ombudsman nacional con el argumento de que los elementos de la PFP no incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura, y que sólo reaccionaron "en legítima defensa para repeler agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de población en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación".
Aunado a ello, el pasado miércoles 25 de abril se dio a conocer que los nombres e identidad de los elementos federales que participaron en la represión en Atenco no se conocerán en al menos 10 años, pues el Instituto Federal de Acceso a la Información ratificó el argumento de la PFP de que difundir esa información "vulneraría la seguridad personal" de esos elementos.
De manera administrativa, sólo se ha sancionado a 25 agentes de la ASE; la contraloría estatal comprobó actos graves únicamente imputables a cuatro policías, a los que dio de baja por haber agredido a un camarógrafo de Televisa el día de la refriega, y al resto, quienes cometieron "excesos" contra los pobladores, sólo se les suspendió 90 días. Además, ningún alto mando de la policía estatal fue cesado de su cargo tras el ataque a Atenco.
Una de las últimas opciones en la que los afectados confían para "acceder a la justicia" fue la creación de la comisión especial para el caso creada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos meses.
