Anna Karina Rosales
Pocos avances en las investigaciones y una evidente impunidad es lo que ha detectado Amnistía Internacional en México, al haberse cumplido un año de un operativo policial que tristemente pasará a la historia de las violaciones a los derechos humanos en ese país.
El 3 y 4 de mayo del año pasado la represión de una protesta desencadenó en violentas acciones, con muertos, heridos y detenidos en las ciudades de Texcoco y San Salvador de Atenco. El desalojo de vendedores ambulantes de una carretera en las afueras del Estado de México, fue el detonante de los duros enfrentamientos entre policías y manifestantes, liderados por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Entre las violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional consigna, figuran el uso excesivo de la fuerza, homicidios, torturas, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales y violaciones al derecho de un juicio justo.
"En materia de derechos humanos siguen siendo muy lamentables los resultados que el gobierno mexicano entrega a la sociedad", sostiene Liliana Velásquez, presidenta de Amnistía Internacional con sede en México. Según su institución, hay incongruencia en la forma en que se administra la justicia.
Justicia incompleta"Solamente a un policía se le acusó de lo que aquí llamamos acto libidinoso y a otros 20 por abuso de autoridad. Estas 21 acusaciones son sobre delitos menores. Y por otro lado, tenemos a decenas de personas acusadas indebidamente pues no se ha comprobado su responsabilidad", señala Velásquez, en entrevista con Radio Nederland.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de México ya habían reconocido que la policía cometió violaciones pero, para Amnistía Internacional, esas sanciones no corresponden con los abusos cometidos y debería profundizarse en las investigaciones y en los procesos judiciales.
