Pablo Trejo *
La represión de la autoridad municipal contra ocho vendedores ambulantes de flores el 3 y 4 de mayo de 2006, precipitó uno de los más graves conflictos sociales del sexenio pasado. El saldo del enfrentamiento entre la comunidad de Atenco y la fuerza pública fue de un muerto; más de 200 detenidos; centenares de heridos; graves violaciones a los derechos humanos; 28 civiles y 95 policías que al día de hoy continúan encarcelados.
Fue tan torpe y abusivo el Estado en Atenco, que nos recordó la época de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría o de la guerra sucia, durante la cual no existía ninguna certidumbre jurídica, los detenidos por la policía podían sufrir cualquier vejación en forma impune, incluso, el secuestro, la desaparición y la muerte, y el Estado negaba todo; cuando las evidencias sacaban a la luz pública sus excesos, se justificaba esgrimiendo los fines: “salvaguardar la ley, la paz y el orden”; “preservar el estado de derecho”.
Humberto Benítez Treviño, Secretario General de Gobierno del estado de México, político de viejo cuño, con amplia experiencia policiaca, tiene fama de duro, de recurrir al golpeteo y a la represión, antes que al diálogo; figura como el principal responsable de las decisiones que derivaron en los hechos violentos de Atenco y se convirtió también, en el principal encubridor de la policía. Este funcionario probablemente pensó que los pobladores de Atenco ya se merecían un escarmiento, para que en el futuro fueran más dóciles con el gobierno, por eso, durante las sesiones de diálogo que antecedieron los acontecimientos, impuso su línea dura, y orilló a los floricultores a escoger entre el sometimiento o la represión. Los floricultores apoyados por los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) decidieron poner a prueba al nuevo gobierno, quizá pensaron que éste no se atrevería a reprimirlos, pero fallaron en su cálculo y los resultados quedaron a la vista de todos.
Las decisiones equivocadas de Humberto Benítez, fueron avaladas por el Gobernador del estado y por el entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quien también tenía interés en escarmentar a los atenquences y con prontitud pusieron a la disposición del Secretario General de Gobierno los efectivos suficientes de la Policía Federal Preventiva (PFP) para efectuar la bárbara toma de Atenco, se trata de complicidades basadas en un fin común.
Pero se equivocan en el fondo, ya que la preservación de estos bienes: la paz, la ley, el orden, y el estado de derecho, sólo puede alcanzarse cuando el Estado realiza todos sus actos con apego irrestricto a la legalidad, procura que haya justicia, privilegia el diálogo y evita los actos represivos. Lo que pasó en Atenco, son hechos de barbarie, que deberían avergonzarnos a todos los mexicanos.
Hoy, a un año de los hechos acaecidos en Atenco, la opinión pública cuestiona severamente la actuación de los cuerpos policíacos, y la actitud del gobierno estatal durante el proceso de diálogo que antecedió a los enfrentamientos; de la misma forma, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como organismos no gubernamentales avocados a la misma tarea, han realizado multitud de denuncias en contra de la policía.
Debemos recordar que después de estos hechos, se llevaron a cabo movilizaciones en distintos lugares del país y del extranjero, en repudio a lo sucedido, la mano dura del gobierno del estado de México y del gobierno federal lograron unificar una ola de condenas en su contra.
Finalmente, aunque no existen recetas para gobernar, ya que cada conflicto es distinto y tiene su propia dinámica, los resultados serían diferentes si en cada acto de represión hubiera habido más mesura por parte del gobierno y se hubiera agotado todas las posibilidades de diálogo y negociación, antes de usar la mano dura, ya que así como han quedado las cosas, es más probable que en el futuro, los movimientos sociales recurran a actos violentos, previendo la respuesta represiva del ejecutivo, y éste a su vez endurezca sus acciones con la finalidad de escarmentar a los rijosos. Acallar las demandas populares usando la violencia, es en sí misma, una aberración, más aún si el origen de las protestas y manifestaciones es de carácter grave y en su esencia justa.
* Diputado Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación
LX Legislatura
