A un año de la represión de los días 3 y 4 de mayo, después de la entrada de la policía estatal y federal a nuestro digno pueblo, quienes nos atrevimos a levantar la voz para defender la tierras y solidarizarnos con las causas justas que aquejan al pueblo denunciamos que el gobierno federal y estatal, junto con Wilfredo Robledo, ex titular de la Agencia Seguridad Estatal, y Eduardo Medina Mora, actual Secretario de Seguridad Pública, orquestaron la masacre a nuestras comunidades.
A un año de la represión, diferentes organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han demostrado todas las violaciones a nuestros derechos y garantías individuales, los abusos y vejaciones sexuales contra nuestras compañeras, al igual que los allanamientos y la tortura física hacia nuestras compañer@s. Incluyendo la conclusión a la que llega la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien declara castigo a los autores intelectuales de los tres niveles de gobierno.
También la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó formar una comisión que investigará el caso Atenco, ya que, bajo la presión del pueblo y de organismos defensores de los derechos humanos a nivel internacional, se vio obligada a investigar los hechos.
Actualmente el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se encuentra resistiendo la embestida del gobierno y fortaleciéndose, mientras se mantenga el coraje por lo ocurrido el año pasado; no olvidamos a quienes nos han reprimido y cuál fue la verdadera causa: haberles impedido la consolidación de un proyecto aeroportuario que llenaría sus bolsillos de dinero y frenar el avance del Plan Puebla-Panamá.
Este pueblo digno sigue levantando la voz, esgrimiendo el machete para exigir la libertad de nuestros compañeros que se encuentran detenidos en los diferentes penales: tres en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, antes La Palma, ellos son Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo; el 1 de mayo, fueron trasladados al penal de Molino de Flores los compañeros Mariana Selvas y su padre Guillermo Selvas, David Medina Neri, Martín Garrido Romero, Vicente García Munguía, Cecilia Ramírez Espinoza, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Óscar Hernández Pacheco y Juan Carlos Estrada Cruces (que fue agredido y amenazado), y la indígena mazahua Magdalena García Durán. El compañero Juan Ramírez ya se encontraba en Texcoco desde hace meses. Mientras que en el penal de Santiaguito sólo quedan 14 compañeros.
El FPDT seguirá manifestándose hasta conseguir que el gobierno se desista de las órdenes de aprehensión giradas contra los compañeros, que después de la represión tuvieron que abandonar pueblo y familia. No pararemos hasta tenerlos a nuestro lado, levantando su voz y su puño junto a su pueblo.
Desde aquí queremos decirle al gobierno que no vamos a renunciar a brindar solidaridad a nuestros hermanos maestros, trabajadores, estudiantes, y a todos aquellos que estén luchando por demandas justas por justicia y sobre todo cuando estemos luchando por nuestra dignidad, aun cuando el hostigamiento dentro de las comunidades es una constante.
La amenaza ya pública de la reactivación del proyecto aeroportuario nos pone en alerta, pues como lo dijimos desde un principio la tierra no se vende, porque somos los dueños ancestrales y sabemos lo que implica la pérdida de la identidad de nuestras comunidades y sobre todo porque es una imposición del gobierno, que no sabe escuchar las verdaderas necesidades de las comunidades y que obviamente no son un aeropuerto.
Denunciamos las irregularidades que se siguen en el proceso en Toluca y les advertimos que no permitiremos las agresiones contra nuestros compañeros.
A un año de la represión el FPDT continuará con sus actividades para exigir la libertad inmediata de todos los compañeros, así como para exigir el castigo a los autores de lo ocurrido aquellos días 3 y 4 de mayo.
Integrante del Frente de Pueblos en la Defensa de la Tierra. Firma a nombre de quienes lo componen, de acuerdo con María Antonia Trinidad Ramírez
