Denuncian violación a garantías de detenido en Atenco

Nos referimos al preso político Héctor Galindo Gochicoa, detenido el 3 de mayo de 2006, durante la represión de Estado contra el pueblo de San Salvador Atenco, a quien se le sigue hostigando, junto con su familia, impidiéndole recibir visitas de ésta desde el 28 de octubre de 2008. Como si no fuera demasiada saña la pena de 67 años y 6 meses más 111 mil 333.94 pesos de multa, por el delito de secuestro equiparado, y la prisión preventiva del proceso penal por la probable comisión del delito de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte, el pasado 10 de febrero su madre (ojo, ahora sí), Rosa Nelly Urrutia Castañeda, fue notificada sobre la situación jurídica de Héctor, informándosele tres nuevas causas penales por la probable comisión de delitos aún pendientes de cumplimentar: robo agravado, lesiones y daño en los bienes, y despojo. Que esto suceda a casi tres años de su detención es una violación más a las garantías estipuladas en al artículo 20 constitucional. Sin duda otra maniobra de los gobiernos federal y del estado de México para desgastar el ánimo de los luchadores sociales presos y sus familias. Desde el FNCR reprobamos estos hechos, y exigimos la libertad de Héctor, los presos del FPDT-Atenco, y todos los presos políticos de México.

Frente Nacional Contra la Represión

http://www.fncr.blogspot.com/ fncr07@gmail.com

¡Libertad a presos!, reclamo de atenquenses en medio del ritual histórico de su carnaval

Desde el Altiplano, Nacho del Valle pide que el recorrido por los 13 pueblos sea de gallardía justa

• En formación revolucionaria, la caballada es recibida en casa de los Del Valle, donde se brinda por todos

Pasajes de la Revolución en el carnaval de San Salvador AtencoFoto Jesús Villaseca

Blanche Petrich y Javier Salinas
Enviada y corresponsal

San Salvador Atenco, Méx., 24 de febrero. Para este martes de carnaval en San Salvador Atenco, Salvador Medina estrenó su vestido de Adelita con crinolina pero sin tirantes, muy sexy. Representó a La Patrona de Los contrabandistas, banda de charros revolucionarios que recorren a caballo –la garrafa de mezcal bien amarrada a la silla y algunos con pistola al cinto– los 13 pueblos del municipio.

Al mediodía ya los esperaban los atenquenses en casa de Ignacio del Valle, con los guisos listos y las tortillas humeantes, el pulque bien curado y las chelas como debe ser: heladas. Trini Ramírez, esposa del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), paliacate rojo al cuello, recibía con grandes dotes de anfitriona.

Desde su celda en el penal del Altiplano, con su caligrafía preciosa, Del Valle, quien purga una condena de 112 años por cargos que le fueron impuestos a lo largo de la resistencia contra la expropiación de las tierras ejidales, escribió una carta para los carnavaleros: “Ya veo la volanta de Fidencio, adornada y muy colorida. Y toda la caballada en formación revolucionaria, cantando La Valentina”. Tal como la imaginó Nacho, la volanta de Fidencio encabezó ayer la caravana que, a trote, avanzó por la calle, desde el parque central hasta la casa de los Del Valle.

Dice la carta de Nacho, que mandó para la ocasión y que se leyó entre corrido y corrido: “Ya los veo enfilarse hacia los otros pueblos, bien recibidos por nuestros vecinos, con sus trajes de charro o sus calzones de manta, echando bala y echando quipes, coqueteando con La Patrona, bailándola y zarandeándola hasta ponerla coloradita”. Tal cual, La Patrona entró a galope, rayó el caballo y se apeó de manera nada femenina de su corcel criollo, para ser cortejada por los bandos de Los arrieros y Los contrabandistas de los 13 pueblos de Atenco.

Empezaba a desarrollarse el ritual que cada año sobrepone las páginas de la historia en una mezcla mágica del Viejo y el Nuevo Testamento, las guerras de Independencia y la Revolución zapatista, hasta la temática contemporánea, la defensa de las tierras y la libertad de los presos políticos.

Tóquenme El capiro

Los contrabandistas recuerdan a los alzados contra los patrones de las cuatro poderosas haciendas porfiristas que dominaban la cuenca de Texcoco. Llevan la cara enharinada para recordar el polvo de los caminos que recorren incansablemente. La banda se arranca con varias canciones, entre otras El capiro, solicitada muy especialmente por Felipe Álvarez, otro de los presos del FPDT, sentenciado a 67 años, originario del pueblo vecino de Acuexcómac. Dos o tres brindis por todos: los vivos, los muertos y los presos, y a la orden del patrón, la caravana parte al trote, calle abajo, pues el recorrido aún es largo.

No pasa mucho tiempo antes de que los cohetes –y los tiros al aire de muchos que traen pistola al cinto, mala costumbre de los pueblos– anuncien que se acercan los arrieros de Nexquipayac, con su recua y su cargamento. Ese pueblo se había preparado a conciencia para esta fiesta pagana y religiosa. Mandaron tejer sus jorongos a la vecina Chiconcuac con el lema: Arriería de Nexquipayac 2009. Ellos representan el trueque que existió en las riberas del lago de Texcoco, desde Atenco hasta El Peñón de los Baños. Prepararon los baúles con sus falsas cargas de oro, plata, cacao, piloncillo, garbanzo, pan de sal y tela de articela para los rebozos. Pero este año cargan también la tragedia y el luto.

Resulta que habían elegido como La Patrona del año a una linda chica, Mayra Hernández. Practicando para la cabalgata en un caballo rejego, unos días antes, tuvo un accidente. Fue sepultada el jueves. Pero la arriería se sobrepuso y salió a pueblear de todos modos. Solemne y lenta, entró a la casa de los Del Valle en medio de una valla de machetes que se solidarizaron así con el duelo de sus vecinos. Intercambiaron regalos, mezcal para unos, mixiotes para otros, paliacates para todos, y no dejaron de bailar y brindar, aunque La Patrona suplente, cuidadosa ante el brincoteo del machete de su pareja, se tuviera que enjugar las lágrimas constantemente.

Para los de Nexqui, Ignacio del Valle también mandó una carta donde habla de nuestros abuelos que cultivaron las semillas de hermandad, respeto y voluntad, y de estos pueblos donde hoy nos toca seguir sembrando y cultivando esos sueños de esperanza y libertad.

Después de unos tragos y unos tacos, Los arrieros, con su luto a cuestas, también tomaron camino para cruzarse con Los contrabandistas, como está escrito en el guión de la costumbre ancestral. Así, en este momento climático, unos se roban a La Patrona de los otros. Chocan, se avientan los caballos, representan teatralmente una buena gresca y luego cada bando sigue su camino. Ha de decirse que a esa hora del festejo, ya son varias las muchachas robadas que cabalgan en las grupas de los caballos de uno y otro bandos.

Los Santiagos, a la caza de Jesucristo

Faltan Los Santiagos, que no tardan en hacer su aparición, llenos de color y gracia. Los varones del pueblo, peludos, barrigones y de anchos hombros, visten como damas en día de fiesta: medias, tacones y minifaldas brillosas. El maquillaje se les escurre con el sudor y la baba del pulque. Los señores visten fracs de colores, paraguas y máscaras barbadas, porque representan a los españoles de la colonización. Don Pancho, uno de los ancianos consejeros del FPDT, nos descifra esta representación: Además de que son los españoles, son los romanos enviados por Poncio Pilatos. Vienen buscando a Jesucristo, por eso traen las caretas, para dar con él. Pero no pueden porque Jesucristo cruza el mar, que siendo mar se abre para convertirse en tierra. La persecución empieza hoy y dura toda la Cuaresma, hasta la Semana Santa. Luego, por una traición de Judas, lo capturan. Todo eso lo representan con danzas locas, a las que se une quien quiere.

Hace años, don Pancho era el responsable de organizar el carnaval. Hoy sólo lo observa desde su asiento, bajo la sombra de un ahuehuete enorme. “Me dijeron: Francisco, saca los cañones. Pero les dije que no. No los saco hasta que esté aquí a nuestro lado mi general Nacho”.

Todo tiene su razón de ser. Don Pancho, en efecto, era el artillero del pueblo. Y sus cañones existen, son pequeños, hechos de madera y tubos. Los usaban para cazar patos, cuando había patos, lago y tule en la región. Todo esto ha ido desapareciendo: los humedales, los pescados, las ranas, los acociles, los ajolotes y el apreciadísimo ahuautle. Don Pancho también formaba parte del consejo de ancianos, o vieja guardia, como le decían, que orientaban el accionar del FPDT en los años de resistencia contra la expropiación y el aeropuerto.

En la víspera del 3 de mayo de 2006, cuando se sabía que la policía iba a invadir el pueblo para aplastar el movimiento, don Francisco instaló sus cañones en la entrada de la comunidad, listo para repeler al enemigo. Por más que le pedían sus hijos, nietos y yernos que se retirara, él se negó. Ahí permaneció de guardia. Hasta que le ganó el sueño y lo pusieron a salvo. Ahora sólo espera a que Ignacio del Valle vuelva.

Por las calles siguen Los arrieros, Los contrabandistas y los Santiagos cumpliendo el rito. Unos, los del FPDT, aderezan sus bailes y pantomimas con el himno zapatista, con su modo de aplaudir con las hojas de los machetes, con sus consignas: ¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!. Los que no son del frente, pues respetan. Pese al repliegue de la organización y a las heridas que dejó el brutal operativo de 2006, el arraigo a las tierras y a las tradiciones sigue uniendo a los atenquenses. El deseo expresado por Nacho desde la prisión se ha cumplido: Que su recorrido sea de alegría carnavalesca y de gallardía cabal y justa.

LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO

campaña nacional e internacional

Nosotras y nosotros, personas y organizaciones, a casi tres años de los terribles acontecimientos represivos en San Salvador Atenco, deseamos expresar:

1. Que el movimiento en defensa de la tierra que surgió en 2001 frente a la iniciativa gubernamental de expropiar la tierra para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, es un movimiento social cuyas causas y demandas son justas, legítimas y atendibles y que la violencia nunca debió ser la respuesta del Estado a este movimiento de campesinos y pobladores. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) representa ese movimiento. El Estado se equivocó al polarizar el conflicto en ese entonces y optar por una salida autoritaria frente a esta problemática social.

2. Las innumerables violaciones a los derechos humanos en el operativo impulsado por los gobiernos federal, estatal y municipal en mayo de 2006 son un lamentable hecho que ha sido documentado nacional e internacionalmente por reconocidos organismos defensores de los derechos humanos. Diversas instancias del Estado e incluso funcionarios federales han reconocido la gravedad de las violaciones y los atropellos cometidos en San Salvador Atenco. No existe duda alguna de que dichas violaciones fueron cometidas. Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia, en su deliberación de la semana pasada, evitó pronunciarse sobre las responsabilidades de mandos policiales y políticos que participaron en los hechos. Nosotras y nosotros, por la forma, repetición y patrones de las detenciones, brutalidad policiaca, abusos sexuales contra las mujeres detenidas, tortura e irregularidades procesales, consideramos que hay indudablemente responsables políticos claramente identificables sea por sus acciones, sea por sus omisiones y por su ubicación en la cadena de mando. Es el Estado mexicano y los altos funcionarios que estuvieron a cargo de los operativos, responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco. Dichos operativos tuvieron dos intencionalidades políticas: tratar como criminales a quienes son un movimiento social legítimo y tratar de desarticular y descabezar la estructura organizativa del mismo movimiento. El Estado se equivocó al no poder procesar un pequeño conflicto de tan sólo ocho vendedores de flores y al polarizar dicho conflicto. El 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado lanzó un operativo planificado, deliberado y calculado para promover el miedo y el castigo ejemplar a través de la violencia autoritaria al movimiento social del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y las organizaciones solidarias que los acompañaban. El capítulo para lograr la justicia para las víctimas está incompleto. La justicia está por ahora pendiente.

3. A raíz de esos lamentables acontecimientos, permanecen presos 13 personas con penas que van de los 31 años, pasando por 67 y hasta 112 años de prisión en un penal de máxima seguridad. Todos ellos fueron condenados a terribles e injustas sentencias por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra y otros más, sencillos y humildes pobladores, algunos incluso, que nunca habían participado en movimiento social alguno. La forma en que fueron detenidos, los abusos y violaciones a los derechos humanos a los que fueron sometidos, las irregularidades en sus procesos y condenas hacen ver de nueva cuenta que están presos sin un verdadero sustento jurídico y legal. Estas 13 personas son presos políticos. Y los caminos de la justicia no pueden continuar mientras las violaciones a los derechos humanos continúen. Estas violaciones continúan mientras ellos están presos. Se hace urgente de forma nacional e internacional exigir la LIBERTAD de los 13 presos y por ello nos hemos reunido numerosos actores y actrices, músicos, periodistas, escritores, pintores, académicos, religiosos, defensores de los derechos humanos, organismos civiles, solidarios, familiares de los detenidos, abogados defensores y el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra para realizar el siguiente:

LLAMADO A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL

Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a las mujeres y hombres, de todas las edades, de todas las entidades del país, de todos los continentes del mundo, que estén en el campo o en la ciudad, de todas las profesiones, artes y oficios, de todas las orientaciones y preferencias sexuales, a todas las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes y movimientos indígenas, sindicales, campesinos, urbano populares, de mujeres, ambientales, de derechos humanos, estudiantiles y religiosas que luchan por la libertad y la justicia a participar en la campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO. Que comienza este 17 de febrero y cuya primera fase terminará los días 3,4 y 5 de mayo de este mismo año, con la intención de sumar las voces que pedimos:

* La LIBERTAD de los 13 presos políticos.

* La revocación de las sentencias condenatorias.

* Cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos

* El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos

* El castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos

* Condenar y detener la criminalización de los movimientos sociales en México.

Esta campaña es una iniciativa civil y pacífica que busca promover la participación nacional e internacional de personas, familias, grupos, colectivos, organizaciones, redes y movimientos alrededor de la demanda de la libertad por los 13 presos políticos de Atenco. Es una iniciativa de la sociedad civil mexicana, impulsada por una decena de organismos de defensa de los derechos humanos, civiles, solidarios, abogados defensores, familiares de los 13 presos y perseguidos políticos, todos convocados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

La campaña integrará diversas acciones a nivel nacional e internacional:

Una campaña de mensajes a los 13 presos políticos de Atenco desde todo el país y todo el mundo para que las y los ciudadanos puedan expresarle su apoyo escrito a cada uno de los presos.

Una campaña nacional de información donde distribuiremos miles de volantes y carteles informando a la población sobre la situación de los 13 presos.

La campaña nacional incluirá producción radiofónica y en video para distribuir materiales por diversos medios.

Una campaña de información en medios de comunicación comerciales y alternativos donde algunas de las personalidades que se han integrado a la campaña así como las organizaciones participantes pediremos espacios a los medios masivos de comunicación para explicar la situación de los 13 presos políticos e invitar a la ciudadanía a participar en esta campaña.

Todas las organizaciones, redes, colectivos, familias y personas podrán inscribir acciones civiles y pacíficas de difusión y protesta exigiendo la LIBERTAD de los 13 presos políticos de Atenco. Un ejemplo de ello es que estudiantes, y profesores universitarios ya han convocado este miércoles 18 a las 13 hrs. en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México un foro jurídico que analizará el caso Atenco; el jueves 19 también en la UNAM se realizará un foro de análisis sobre el movimiento social representado en el Frente de Pueblos en Defensa de la tierra. Por ello, en esta campaña, habrá múltiples foros, actos culturales, oraciones, colectas y mesas de información, cartas, desplegados y pronunciamientos.

Abriremos centros de acopio para apoyar el plantón que desde hace casi 3 años mantienen diversas organizaciones a las afueras del penal de Molino de las Flores. La gente podrá donar víveres y otros materiales para apoyar dicha iniciativa.Varias de las personalidades que integran esta campaña realizarán visitas personalmente a los penales del Altiplano y Molino de las Flores para entrevistarse directamente con los presos políticos. Acudiremos con diversas instancias, en especial las defensoras de los derechos humanos, para entrevistarnos y exponer nuestra opinión sobre la liberación de los presos. Daremos seguimiento y apoyo a la defensa legal de los 13 presos.

Fortaleceremos el proceso de documentación de las violaciones a los derechos humanos. En su momento, evaluaremos acudir a instancias internacionales.

Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a participar en las jornadas a 3 años de los acontecimientos en Atenco. Los invitamos a realizar acciones de protesta civil y pacífica en sus localidades, en sus barrios y comunidades, en sus escuelas y centros de trabajo y los días 3, 4 y 5 de mayo a realizar movilizaciones por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco. De todas estas actividades, en su momento se informará públicamente la forma y fechas de realización.

Nuestra página http://www.atencolibertadyjusticia.com/ recibirá las inscripciones de todas y todos aquellos que desean realizar una acción por la libertad y la justicia. A través de ella, podrá enviarse a cada preso un mensaje por escrito. A través de la página también podrán inscribirse las acciones que de todo el país y en otras naciones la sociedad civil decida impulsar.

Por último, esta iniciativa no cuenta con recursos ni financiamiento alguno. Las actividades se desarrollarán con los recursos que todas y todos donemos para los gastos que implican varias de estas actividades. Hemos abierto un número de cuenta que recibirá donaciones única y exclusivamente para dichos gastos. No debe confundirse esta cuenta con ningún otro tipo de apoyo, más que para realizar las actividades que integran la campaña. Se podrá donar desde 50 pesos en cualquier sucursal de BANORTE en la cuenta 0608878038 a nombre de María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez para apoyar –exclusivamente- los gastos de la campaña nacional e internacional LIBERTAD y JUSTICIA para ATENCO.

ATENTAMENTE

Comité Libertad y Justicia para Atenco:

Personas participantes: Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Carlos Montemayor escritor, Ana Francis Mor, actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Adolfo Gilly académico, Luis Villoro filósofo, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Daniel Giménez Cacho actor, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Luis Hernández Navarro periodista, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacuba, Jorge Zarate actor, Los de Abajo banda de ska y rock.

Organismos participantes: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Comité Cerezo, Comité Monseñor Romero, Colectivo de abogados Zapatistas (CAZ), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C ., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), La voladora Radio, Mujeres sin miedo, Servicios Legales y Estudios Jurídicos, Servicios y Asesoría para la paz (SERAPAZ)

Impunidad al por mayor y para todos los gustos

JORGE ROCHA

El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, durante el Primer Informe de Gobierno del mandatario michoacano, Leonel Godoy Foto: IVAN SANCHEZ

Las experiencias históricas y los estudiosos en la materia aseguran que una condición clave para resolver el problema de la inseguridad pública y el incremento de la delincuencia organizada es erradicar la impunidad. Es decir, mientras quien comete un delito o deja de cumplir con sus obligaciones siga sin tener castigo, por más policías y militares que pongamos en las calles y que a la manera del western se enfrenten a balazos con las bandas criminales, las cosas no van a cambiar y estaremos condenados a vivir en una sociedad en riesgo.

Los días pasados hemos atestiguado que el pacto de impunidad entre la clase política persiste y se refuerza, y que por lo tanto en este país quien la hace no la paga. Este clamor ciudadano no es un revanchismo, ni una sed de venganza, simplemente es un digno reclamo de la justicia debida y exigir que las leyes y reglas que norman la vida se cumplan. Nada más y nada menos.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frente al caso de Atenco, las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al gobierno mexicano en el marco del Examen Periódico Universal y la exoneración a las televisoras por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), son tres graves y claras muestras de que la impunidad es el sello distintivo de la clase política y los poderes fácticos de este país.

Una de las recomendaciones más importantes que realizó la ONU al Estado mexicano fue abatir la impunidad. Es sabido en el ámbito internacional que éste es un problema crónico y creciente en nuestro país y que si no se resuelve, las posibilidades de combatir a la delincuencia organizada serán mínimas. No me detengo en este asunto que ya fue ampliamente tratado. Más bien retomo los dos casos de impunidad de esta semana.

En lo referente a la revisión que hizo del caso de Atenco la SCJN, sólo se concluyó lo que hace más de dos años ya habían documentado organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: sí existieron flagrantes y múltiples violaciones a los derechos humanos en los operativos efectuados el 3 y 4 de mayo de 2006. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. El problema es que se atribuyeron estos lamentables hechos a policías en lo particular, es decir, sólo se consideró como responsables a los perpetradores directos, no a los que dieron las instrucciones, no a los jefes y mucho menos al gobernador Peña Nieto o a Eduardo Medina Mora, que eran los responsables últimos de los operativos implementados los primeros días de mayo de 2006.

Se exoneró al gobernador con aspiraciones presidenciales y al actual procurador general de la República. Todo quedó en una mala actuación de algunos elementos y en la petición de normar y dar lineamientos en el uso de la fuerza pública en situaciones similares. Una vez más la faramalla, la creación de expectativas y de nuevo la impunidad. Una vez más la justicia negada. Una vez más la decepción ciudadana y la sospecha de que en este país las vías legales para encontrar la justicia están agotadas. Una vez más se impusieron y ganaron los que siempre han estado arriba.
El segundo hecho es la negativa de sancionar a los grandes monopolios televisivos por la irregular transmisión de los espots del IFE, que provocaron un enorme malestar social. Ya se había prefigurado una multa millonaria por esta actuación; sin embargo, de nuevo el Consejo General del IFE dobló las manos frente a este poder fáctico. En un momento donde la clase política va a entrar en contienda electoral, no se podían confrontar con los grandes mediadores del espacio público. El haber optado por hacer campañas desde la lógica del marketing político (y así como se venden chicles se venden candidatos) provoca una excesiva dependencia de los partidos políticos a los medios electrónicos de comunicación y los pone en una situación de alta vulnerabilidad. Esto sin duda alimenta la impunidad. Actuar bajo esta lógica genera entonces un efecto dominó de encubrimiento: yo te cubro, tú me cubres, él nos cubre, yo no te acuso, tú no me acusas y todos contentos… todos impunes. Una vez más la decepción ciudadana y la sospecha de que las vías legales para encontrar la justicia están agotadas.
La impunidad en México tiene tres rostros: la falta de castigo a los responsables de delitos y violaciones a los derechos humanos, la no posibilidad de revocación del mandato y destitución de funcionarios y la no reparación del daño. En la mayor parte de los casos se habla de la impunidad en su primer rostro; sin embargo, hay otros dos rostros que son poco analizados pero que también forman parte de la impunidad.
Por ejemplo, en el caso de Atenco, en el supuesto de que Peña Nieto y Medina Mora no fueran los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos, el simple hecho de saber que permitieron que eso sucediera, que no hicieron las investigaciones pertinentes y que no tienen control sobre sus policías, sólo por esas razones deberían renunciar por incompetencia e incapacidad. Otra forma de impunidad es no poder exigir la revocación del mandato en el caso del gobernador del estado de México o la destitución de Medina Mora como procurador.
En lo referente a la reparación del daño tomando como ejemplo el caso del IFE, en el supuesto que de la actuación de las televisoras no ameritaba la sanción económica, la pregunta que queda es: ¿cómo estas empresas de comunicación van a reparar el daño a los ciudadanos, a los partidos y al propio IFE por esta transmisión irregular?, ¿cómo deberían revertir los efectos negativos generados en la opinión pública? No se sanciona, pero tampoco se hace nada para reparar el daño. Esta es otra forma de impunidad.
Mientras la impunidad persista, las posibilidades de resolver el problema de la delincuencia organizada, la inseguridad pública y el pleno respeto a los derechos humanos serán un sueño inalcanzable y la sospecha de que las vías legales para encontrar la justicia están agotadas se mantendrán.

Represión en Atenco, necesario precedente para decidir voto ciudadano

Sandra Torres Pastrana (CIMAC)

La ciudadanía debe reflexionar por quién votará en las próximas elecciones, si va a elegir a quienes ordenaron el operativo en contra de la población de Atenco, Estado de México, donde se cometieron toda clase de atropellos en contra de la población, porque no basta con que la Corte reconozca los hechos, sin ni siquiera hacer una recomendación a los funcionarios involucrados en la represión de mayo de 2006.

Así lo denunció Trinidad Ramírez, luchadora social, esposa de Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT) , condenado a 112 años y medio de prisión en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, Estado de México, y madre de América, perseguida por el Gobierno de esa entidad.

Durante la presentación de la Campaña nacional e internacional "Libertad y justicia para Atenco", que se llevó a cabo hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Trinidad convocó a la ciudadanía a promover la libertad de los 13 presos políticos que se encuentran detenidos a raíz de los acontecimientos represivos del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco.

Esos días, las autoridades federales, estatales y municipales ordenaron una acción policíaca, para reprimir una protesta de los vendedores de flores, quienes fueron provocados por las autoridades cuando les prohibieron instalarse en el mercado como lo hacían de manera habitual, disputa que en cuestión de horas terminó en la detención masiva de hombres y mujeres, muchas de ellas violadas cuando las trasladaban a los reclusorios.

Desde mayo de 2006, a la fecha, el FDPT ha denunciado de manera sistemática la impunidad de los abusos y excesos cometidos en contra de los pobladores de San Salvador Atenco en donde resultaron 13 miembros detenidos del movimiento social, a quienes les dictaron órdenes de prisión que oscilan entre 112 y 600 años de prisión y dos personas asesinadas: Javier Cortés y Alexis Benhumea.

La Campaña promovida por Trinidad Ramírez busca también, junto con el Frente de Pueblos, cancelar las órdenes de aprehensión de las y los perseguidos, entre ellos su hija América, detener a la criminalización de los movimientos sociales en México y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y violaciones a los derechos humanos.

Trini, como la conocen sus compañeras y compañeros, dice a Cimacnoticias que "la situación que se ha tenido que enfrentar no ha sido sencilla, pero la lucha debe de seguir hasta conseguir lo que buscamos: justicia, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máxima instancia en nuestro país, acepta la grandes violaciones a los derechos humanos, es lamentable que no haga ninguna referencia a los que ordenaron la represión.

Sabíamos que en las sesiones de la Corte no se iba a beneficiar a los presos, destacó Trini, por eso ahora tenemos que luchar a través de otros medios, aunque nuestras jornadas de lucha y actividades sean más largas y cansadas, no daremos ni un paso atrás, reiteró.

Justicia denegada

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco señala en un comunicado que la resolución del pasado 12 de febrero de la SCJN es un revés para el pueblo de México, al exonerar a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes, entre otros.La decisión de la SCJN es un acto de cobardía del Poder Judicial Federal, ya que las y los ministros no se atrevieron a tocar los intereses de la clase en el poder, sino que se comportaron como encubridores del autoritarismo y la represión del país, advierte el Frente.

Con esto, asegura el comunicado, queda grabado en la memoria colectiva de la opinión pública y en la historia que no sólo fuimos víctimas de la represión de los gobiernos sino que ahora también lo somos de la SCJN por denegarnos el derecho a la justicia.

En el documento distribuido durante la presentación de la campaña se denuncia que la represión ordenada por Enrique Peña Nieto y Vicente Fox del 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco y Texcoco, fueron violados los derechos humanos de la población de estas localidades mediante la incursión de las policías federales y del Estado de México, quienes tenían la orden de someter a las comunidades mediante una acción envolvente llamada "control de población", cuyo fin, era exterminar el movimiento social en Atenco.

Esto se ordenó para dar una lección ejemplar contra cualquier protesta social, destaca el documento, los actos consistieron entre otros en allanamientos sin orden de cateo, detenciones arbitrarias, tortura física y psicológica, violaciones sexuales, así como un tortuoso proceso judicial plagado de violaciones a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la libertad personal y de acceso a la justicia.

La campaña dieron conocer durante la conferencia de prensa es una iniciativa civil y pacífica que busca promover la participación nacional e internacional de personas, familias, grupos, colectivos, organizaciones, redes y movimientos alrededor de la demanda de libertad a los 13 presos políticos en Atenco.

Libertad y justicia

La campaña "Libertad y justicia para Atenco" es convocado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e impulsada por decenas de organismos de defensa de los derechos humanos, civiles, solidarios, abogados , defensores, familiares, además de a 21 reconocidos actores, músicos, académicos, periodistas y religiosos.

La campaña estará integrada de diversas acciones a nivel nacional e internacional, entre los que se encuentran el envío de mensajes a los 13 presos políticos de Atenco desde todo el país y todo el mundo para expresarles su apoyo por escrito; la distribución de volantes y carteles informando a la población sobre la situación que viven los presos; foros en diversas casas de estudios; actividades culturales, colectas, mesas de información y pronunciamientos.

Se abrirán también centros de acopio para apoyar el plantón que desde hace casi tres años mantienen diversas organizaciones a las afueras del penal de Molino de las Flores. Así mismo, varias de las personalidades que participan en esta campaña, como las actrices Ofelia Medina y Julieta Egurrola, el escritor Carlos Montemayor, el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros, visitarán personalmente los penales del Altiplano y Molino de las Flores para entrevistarse con los presos políticos.

Además se hará un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a participar en las jornadas a 3 años de los acontecimientos en Atenco, realizando acciones de protesta civil y pacífica en sus localidades, en barrios y comunidades, escuelas y centros de trabajo los días 3, 4 y 5 de mayo por la libertad de los 13 presos políticos de Atenco.

Asimismo se dio a conocer la página de Internet www.atencolibertadyjusticia.com para recibir las inscripciones de todas y todos aquellos que desean realizar una acción por la libertad y justicia, así como el enviar mensajes a los presos, también a través de la página podrán inscribirse las acciones que de todo el país y en otras naciones la sociedad civil decida impulsar.

Al finalizar la conferencia, donde se encontraban las esposas, madres y familiares de los presos y perseguidos políticos, se gritaron consignas a una sola voz en contra de la impunidad que se vive en México, así como la justicia y libertad que a casi tres años el Estado le ha negado a los pobladores de Atenco y Texcoco. En la rueda de prensa, estuvieron presentes: Ofelia Medina; Julieta Egurrola; Rolando Ortega "Roco", vocalista del grupo de rock La maldita vecindad; Daniel Giménez Cacho; integrantes del grupo Los de Abajo; Fray Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Fray Francisco Vitoria, y el académico Adolfo Gilly, entre otras personas.

Inicia acciones comité de apoyo a Atenco

Víctor Ballinas

El Comité Libertad y Justicia para Atenco inició ayer una campaña nacional e internacional para la liberación de 13 detenidos en los operativos de los días 3 y 4 de mayo de 2006, quienes se encuentran en los penales de El Altiplano y El Molino, ambos del estado de México. También persigue que cese la criminalización de los movimientos sociales, se revoquen las sentencias y se castigue a los responsables materiales e intelectuales de la represión.

Este comité lo integran 21 actores, músicos, académicos, periodistas y religiosos, a petición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El actor Daniel Giménez Cacho leyó el pronunciamiento y dio a conocer las razones que los llevaron a conformarlo. Dijo que el FPDT es un movimiento social, cuyas causas y demandas son justas, legítimas y atendibles; la violencia nunca debió ser la respuesta del Estado a campesinos y pobladores.

El obispo Samuel Ruiz García, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, los hermanos Bichir, Carlos Montemayor, Luis Hernández Navarro, el sacerdote Miguel Concha Malo y Adolfo Gilly, entre otros, lo mismo que organizaciones civiles como Cencos, el Centro Pro y Serapaz forman parte del comité.

Violaciones a derechos

Giménez Cacho subrayó que las innumerables violaciones a los derechos humanos en ese operativo han sido documentadas nacional e internacionalmente. No existe duda alguna de que las violaciones fueron cometidas: tortura, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, entre muchas otras.

El actor aseveró que en el comité consideramos que indudablemente hay responsables políticos identificables, sea por sus acciones, por sus omisiones y por su ubicación en la cadena de mando.
Lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su decisión de la semana pasada haya evitado pronunciarse sobre la responsabilidad de los mandos policiales y políticos que participaron en los hechos.

Abundó que permanecen presas 13 personas, con penas que van de los 31 a los 112 años. Todos ellos, condenados a terribles e injustas sentencias, por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa.

El académico Adolfo Gilly agradeció la invitación para formar parte del comité, y ante decenas de miembros del FPDT se comprometió: voy a poner todas las energías; los presos políticos son el rostro de un gobierno que se los pasan de uno a otro. Es parte de la continuidad del mando despótico, los presos políticos son oponentes y por eso los tienen ahí.

Organizaciones sociales exigen liberar a presos de Atenco

Lamentaron que la SCJN evitó pronunciarse sobre las responsabilidades de mandos policiales y políticos que participaron en los hechos, por lo que no hay detenidos por las detenciones y abusos de policías

Organizaciones sociales y de derechos humanos lanzaron la “Campaña nacional e internacional Libertad y Justicia para Atenco” para exigir la liberación de los 13 detenidos.

Las acciones van desde envío de mensajes de apoyo, propaganda, foros y una convocatoria a una manifestación civil, pacífica y simultánea en varios puntos del país el 3, 4 y 5 de mayo, cuando se cumple el tercer aniversario de los hechos violentos en el estado de México.

En el pronunciamiento del “Comité Libertad y Justicia para Atenco” --leído por el actor Daniel Giménez Cacho-- exigieron el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y de las violaciones a los derechos humanos, la libertad de los 13 presos políticos, la revocación de las sentencias condenatorias y la cancelación de las órdenes de aprehensión de los perseguidos.

Lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó pronunciarse sobre las responsabilidades de mandos policiales y políticos que participaron en los hechos, por lo que no hay detenidos por las detenciones, brutalidad policiaca, abusos sexuales contra las mujeres detenidas, tortura e irregularidades procesales. En el texto se advierte que los operativos fueron directos para “tratar como criminales a quienes son un movimiento social legítimo y tratar de desarticular y descabezar la estructura organizativa del mismo movimiento”.

De los activistas detenidos, detallaron que aún permanecen presos 13 personas, entre ellos Ignacio del Valle, con penas de 31, 67 y 112 años en un penal de máxima seguridad.La primera fase de la campaña va del 17 de febrero al 5 de mayo.

Dolores González, a nombre de las organizaciones convocantes, detalló que la campaña constará de mensajes de apoyo a los 13 detenidos de varios puntos nacional e internacionales; difusión a nivel nacional del caso; foros como los que se llevarán a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM el 18 y 19 de febrero y centros de acopio.

Así como visitas a los penales del Antiplano y Molino de las Flores para entrevistarse directamente con los detenidos y en la página de internet http://www.atencolibertadyjusticia.com/ se pueden sumar a las acciones de protesta.

Dieron a conocer un número de cuenta para que se realicen donaciones.

Entre los convocantes a esta campaña están el obispo Samuel Ruiz, Ofelia Medina, Manu Chao, Carlos Montemayor, el obispo Raúl Vera, Francisco Toledo, Diego Luna, Rocco, Luis Villoro, Paco Ignacio Taibo II, Daniel Giménez Cacho, el Centro Pro Juárez, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), entre otros.

Admite Peña Nieto que en Atenco hubo abusos e impunidad de la policía estatal

Reitera que fue justificada la intervención de los cuerpos de seguridad en la plaza mexiquense

• Las violaciones a garantías fueron acciones individuales de algunos elementos, expresa

Israel Dávila

Corresponsal

Tejupilco, Méx., 16 de febrero. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, admitió este lunes, por primera vez, que existe un alto grado de impunidad en cuanto a las violaciones y abusos cometidos en San Salvador Atenco por la policía estatal, toda vez que ha sido prácticamente imposible saber quién las cometió.

El mandatario dijo que, pese a ello, las autoridades correspondientes deben profundizar en sus investigaciones, para determinar de manera clara qué elementos policiacos actuaron al margen de la ley.

De esta forma, Peña Nieto hizo su primera declaración en torno al tema Atenco, tras conocer la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el particular, donde si bien fue exonerado de responsabilidad por los ministros, se evidenció que en los operativos de mayo de 2006 se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de los detenidos y de los pobladores de esa comunidad mexiquense.

El gobernador defendió en entrevista colectiva el uso de la fuerza pública en San Salvador Atenco. Reiteró que la intervención de los cuerpos de seguridad en la demarcación fue justificada, pues con ella se buscó restablecer el orden, y acotó que la resolución de la SCJN sobre el caso Atenco deja a salvo esa función que el Estado tiene, para cuando se incumple el orden social.

Enrique Peña acotó que fueron acciones individuales de algunos elementos las que desembocaron en violaciones a las garantías constitucionales, y recalcó que las autoridades correspondientes deben deslindar, con toda claridad, las responsabilidades de aquellos que actuaron al margen de la ley y que hubiesen desencadenado la comisión de algún delito, o alguna falta a alguna garantía individual.

Sostuvo que desde el inicio de su administración atendió los señalamientos sobre abusos cometidos por la policía del estado, por los cuales se siguieron procesos penales, se impusieron penas administrativas y hubo suspensión de elementos.

A la fecha, sólo un policía de los más de 2 mil que participaron en los operativos de Atenco ha sido sentenciado por actos libidinosos; otros 16 fueron exonerados del delito de abuso de autoridad, y cuatro continúan sujetos a proceso por este mismo ilícito. Pese a ello, ninguno ha pisado la cárcel, ya que les imputaron crímenes considerados no graves por el Código Penal mexiquense.

Tomando como base estos datos, se hizo notar a Peña Nieto que existen muchos casos impunes, a lo cual respondió que efectivamente, muchas conductas no han sido sancionadas porque no ha sido posible definir con claridad quién las cometió.

Sí, hay muchos casos que siguen impunes; las investigaciones se han hecho; éstas siguen hasta donde den, pero no puede la autoridad imputar responsabilidades cuando no ha quedado debida y acreditadamente la responsabilidad; en muchos de estos casos ha sido imposible saber quién las cometió, dijo.

De acuerdo con el mandatario, en el caso de Atenco quedaron lecciones que se deben atender, como el normar el uso de las fuerzas de seguridad, como recomendó la SCJN, para evitar que se violen los derechos humanos de los cuidadanos.

Informó que su administración comenzó a elaborar iniciativas tendientes a aprobar protocolos para el uso de la fuerza pública, las cuales en unas semanas más serán puestas a consideración del Congreso local.

Atenco: ¿otro fallo era posible?

Susana Rappo

Si el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera responsabilizado a funcionarios federales, estatales y municipales de la violación de los derechos humanos y de la violenta represión contra la población los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, de otro país estaríamos ya hablando, y por tanto, de otras instituciones.

Casi tres años han pasado de ese trágico acontecimiento que buscó doblegar a una comunidad y a sus organizaciones sociales, nacidas al calor de la organización comunitaria y por la defensa de la tierra, frente a la expansión urbana, que buscaba mediante un decreto expropiatorio despojarlo de sus tierras para construir un nuevo aeropuerto.

En esa ocasión la televisión en vivo trasmitió a tempranas horas del día diversas escenas del operativo, donde el pueblo fue cercado y avasallado por un contingente muy importarte de elementos policiacos y donde un número significativo de sus pobladores fue sacado con violencia de sus casas y privado de su libertad. No era difícil imaginar la tortura a la que serían sometidos los detenidos, aunque la realidad superó con creces la imaginación.

Cuando se difundieron los informes de Amnistía Internacional y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre San Salvador Atenco y la violación fragante a los derechos humanos, las vejaciones y violaciones sexuales por elementos de los organismos de seguridad pública que participaron en el operativo y la inacción de los gobiernos federal y estatal para resolver los numerosos agravios, confirmaba una vez más el ultraje a que habían sido sometidos los pobladores y detenidos de Atenco.

Incluso la CNDH aseguraba en su informe preliminar que “a los jóvenes Francisco Javier Cortés y Alexis Benhumea los mató la Policía durante el operativo que el 4 de mayo realizó en San Salvador Atenco”, comprobando las violaciones sexuales contra 26 mujeres y constatando que hubo tortura física y sicológica, además de detenciones arbitrarias, cateos ilegales a domicilios y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiacos.

Sin embargo, con la decisión de la Suprema Corte en señalar como “los responsables únicos de la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos”, se exonera a los responsables políticos del operativo, dejando la puerta abierta a una mayor impunidad.

Atenco y la Suprema Corte

Carlos Montemayor

ra previsible que el debate del caso Atenco en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arribara a un exiguo resultado. Las autoridades políticas que autorizaron la planeación y aplicación de la represión de masas en ese 3 de mayo de 2006 aparecían desde el inicio del debate como posibles exonerados. Este objetivo se presentaba como esencial en el contexto de la investigación de la Corte.

Las audiencias de la SCJN deben ser públicas, lo sabemos. Pero en las sesiones de este debate se llenó el salón de plenos con policías disfrazados de civiles, burócratas y personal del gobierno del estado de México. Ese lleno de la sala impidió el paso a Bárbara Zamora, Santos García y Humberto Oseguera, por ejemplo, que desde agosto de 2006 fueron los abogados promoventes de la facultad de investigación a que se refiere el artículo 97 constitucional; tampoco se dejó entrar a la mayoría de los comuneros de San Salvador Atenco, sólo a cinco representantes.

Fue notorio que el edificio de la Corte estuvo rodeado de soldados y policías que portaban armas de alto poder y que se emplazaron francotiradores enmascarados en azoteas de los alrededores. Quizás este despliegue de fuerzas militares y policiacas no era una autodefensa de la SCJN ante los machetes emblemáticos de los campesinos de Atenco, sino una réplica y un recuerdo intencional del operativo infamante del 3 de mayo de 2006. O podríamos considerarlo un aviso simbólico de que las manifestaciones de inconformidad social comenzarán a ser criminalizadas. O incluso deberíamos entenderlo como una forma de sugerir que los campesinos de Atenco, después de dos años ininterrumpidos de lucha social, legal y popular, se atreverían a tomar por asalto el edificio del alto tribunal judicial del país en una acción terrorista que confirmara y justificara la violencia de Estado que se ha ejercido contra ellos: que sus dirigentes merezcan sentencias de más de cien años y sus verdugos sean recompensados con la exoneración. Estos hechos fueron tanto o más elocuentes que los votos de la mayoría; las posiciones correctas y dignas de tres ministros no fueron suficientes para enaltecer la resolución final de la Corte.

Explicó el ministro Genaro Góngora Pimentel que no podían valorarse las pruebas como proponía el dictamen, en el sentido de que las víctimas demostraran que les fueron vulnerados sus derechos, sino que, por el contrario, el Estado debía demostrar que no hubo violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había asentado este principio desde su primera sentencia en el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, del 29 de julio de 1988:

135. A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado.

El ministro Góngora explicó que en ciertas circunstancias, como las que vivieron las víctimas de Atenco, se presumen ciertos los dichos de las víctimas, salvo que el Estado pruebe lo opuesto, pues es quien tiene posibilidad de hacerlo. Si las víctimas dicen que los policías accionaron armas de fuego debe tenerse por cierta su afirmación, sobre todo si los jefes policiacos se niegan a realizarles el examen de plomo a sus subordinados. De no ser así, las víctimas se ven imposibilitadas de probar sus hechos. Esto ocurrió en el asesinato del menor Javier Cortés Santiago: “de las 14 personas detenidas durante el operativo del 3 de mayo, ninguna obtuvo resultado positivo en las pruebas que les fueron aplicadas para identificar la presencia de plomo o bario. En cambio, el Ministerio Público omitió ordenar la realización de peritajes para identificar vestigios de plomo o bario en los elementos policiacos que participaron en el operativo, lo cual hubiera permitido detectar a los policías que dispararon armas de fuego, para después realizar los estudios sobre la ralladura que producen las armas que éstos portaban, a fin de compararlas con la bala que mató al menor”.

En el mismo mes de la agresión expliqué en la prensa que esa represión era propia de la guerra sucia. De su naturaleza táctica, por ejemplo, se deriva la imposibilidad de que sea una acción improvisada. Se trata de un operativo que no puede surgir por azar, sino que requiere de una planificación anticipada. Además, es resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos: precisan de la anuencia, coordinación o disposición de poderes municipales, estatales y federales; de agentes del Ministerio Público Federal, de jueces, de servicios médicos, de fuerzas complementarias y de autoridades carcelarias. Esta coordinación multisectorial tampoco puede ser improvisada inopinadamente.

Por otro lado, no son operativos de alto riesgo militar ni policiaco, pues la sorpresa y la superioridad de armamento, más los estudios previos para su aplicación en las zonas ya vigiladas y analizadas, no suponen una resistencia peligrosa ni real. Lo notable de estos operativos es su alto riesgo político. El mensaje social que operativos así encarnan es de tal magnitud que no pueden aplicarse sin un mandato de las autoridades políticas. Es recurrente en la historia de este tipo de acciones el mecanismo retórico para deslindar a la autoridad política de la autoridad policiaca o militar. Esto explica y torna necesaria una coordinación más: la de los medios informativos. La autorización de la jerarquía política es inherente a este tipo de acciones llamados técnicamente de control de masas. No hay un divorcio entre la decisión policiaca y militar y la decisión política desde el entrenamiento de cuadros hasta la planeación de los operativos y su ejecución.

A esta larga cadena de operación multisectorial se añadió ahora la Suprema Corte de Justicia, plegándose a la impunidad que ha asolado al país. Era previsible, decíamos, que el papel de la SCJN fuera exiguo en el caso de Atenco. Lo que no era previsible es que fuera oprobioso.

Defiende ministro fallo de Caso Atenco

MEXICO, Febrero. 17.- Ante las críticas a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia sobre los hechos violentos en San Salvador Atenco, el Ministro José Ramón Cossío salió en defensa del fallo final.

"Como no se estableció responsabilidad respecto de ciertos servidores públicos en lo particular, pareciera que toda la opinión pierde sentido, pero me parece que hay partes muy recuperables.

"Yo en lo personal quedé tranquilo con mi voto porque discutimos mucho, hubo muchas posiciones y se fueron haciendo ajustes, por eso estoy satisfecho", afirmó.

Al presentar su libro "La controversia constitucional" en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Ministro recordó que la encomienda de la Corte no era establecer un juicio de carácter político o moral, sino simplemente externar una opinión jurídica sobre los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006.

En entrevista, Cossío mencionó que los aspectos más importantes de la decisión final fue que se establecieron estándares sobre la reparación del daño a las víctimas, parámetros sobre el uso de la fuerza pública, así como el acuerdo de hacer una solicitud formal para que las autoridades correspondientes amplíen las investigaciones de los hechos.

Sobre la exoneración al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al Procurador de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó que como parte del debate de los 11 Ministros no se encontró jurídicamente cómo establecer una responsabilidad, toda vez que autorizaron el uso de la fuerza para controlar determinados hechos.

Acerca del contenido de su libro, el Ministro afirmó que las controversias constitucionales que recibe la Corte se han convertido en un termómetro de los conflictos políticos del País.

"Si uno observa qué es lo que está sucediendo o qué es lo que genera el conflicto, que son problemas humanos como en todo litigio y problemas sociales, políticos y económicos, entonces me parece que ahí uno puede observar, haciendo un análisis, qué tipo de conflictos está desarrollando la sociedad mexicana.

"A veces son unos Gobernadores contra las Presidencias Municipales o viceversa, o fricciones entre la Federación y los Estados. Por eso cuando se ve la serie ahí percibe uno dónde está la determinación", añadió.

Fuente: GRUPO REFORMA Por: Antonio Baranda Redacción México (55) 5628 7343 Fax (55) 5628 7349/7359 E-mail: monitoreoif@reforma.com

Atenco: macroimpunidad

JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ

Activistas de San Salvador Atenco manifiestan su apoyo a habitantes de Temacapulín. Imagen de archivo Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

La resolución final de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) –nombre eufemístico y que sirve para definir a este micropoder– sobre el caso de San Salvador Atenco, demuestra que en México no existe de momento la más mínima posibilidad de justicia para las víctimas que sufren atropellos a sus derechos humanos.

Los ministros de la SCJN, cuya única función era y es impartir justicia, se pronunciaron emitiendo de forma insólita sólo “lineamientos y recomendaciones” para las autoridades correspondientes para que “se amplíen las investigaciones” y se castigue individualmente a policías que nunca se identificaron, y que los legisladores del país elaboren leyes y reglamentos que “normen el uso de la fuerza”, la que, por el tenor de lo resuelto, terminaron legitimando y validando. Es decir, dejando el caso en total impunidad.

Macrorrepresión

A casi tres años de la macrorrepresión de mayo de 2006, de supuestas investigaciones y de atraer el caso de acuerdo con las facultades que le confiere la Constitución de la República, la actuación de la SCJN fue decepcionante.

Con la resolución de la SCJN queda confirmado que los casos Oaxaca, Guadalajara, Pasta de Conchos y muchos otros más, sólo tienen como esperanza la justicia internacional. Por cierto, la resolución de la SCJN se dio justo cuando el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a nombre del Estado mexicano, “aceptaba” de buen modo numerosas recomendaciones de las Naciones Unidas para tratar de restablecer el cumplimiento de normas y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Nada más paradójico. La realidad nos dice que al gobierno de facto del abogado Felipe Calderón no le importan los derechos humanos.

No conformes con sus sesudas argumentaciones para tolerar los abusos de poder, los ministros de la SCJN acordaron que “los responsables únicos” de las violaciones graves de garantías individuales en San Salvador Atenco, “eran los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como mandos operativos medios, federal y estatal, que permitieron los abusos”; sin mencionar siquiera (por obvio temor fundado y comprensible) los nombres de Eduardo Medina Mora y el presidenciable Enrique Peña Nieto, así como de mandos superiores como el temible Wilfredo Robledo Madrid, que autorizaron el feroz operativo que se tradujo en múltiples atropellos a las garantías individuales.

Como se recordará, entre el 3 y el 4 de mayo de 2006 y como un claro mensaje de cómo se habría de actuar el 6 de julio de ese año, al menos 31 mujeres que eran trasladadas al penal de Santiaguito, fueron vejadas y algunas violadas. Antes había muerto Alexis Benhumea por el casquillo de una bomba lacrimógena lanzada por policías y detenido Ignacio del Valle, así como una veintena de pobladores de San Salvador Atenco, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusados de diversos delitos y condenados a prisión en condenas que espantarían, aquí sí, a los más fieros y sanguinarios asesinos del país. Ahora ni la resolución coadyuvará en la defensa de esos presos políticos.

También, como todos sabemos, los policías rasos y mandos medios que realizaron los operativos serán finalmente exculpados con el argumento de que no se sabe quiénes eran y que además “sólo obedecían órdenes”.

La Corte de Trespatines

Muchos sectores sociales tenían mucha confianza en que la SCJN asumiría una clara postura en favor de la legalidad y contra la impunidad. Sin embargo, no fue así. Muy por el contrario, la tan anhelada justicia no se dejó ver por ningún lado. Igual pasó con Lydia Cacho, cuando se pensó que se daría un ejemplar castigo a los funcionarios poblanos, entre ellos el gobernador Mario Marín.

Y como cualquier simple organismo público de derechos humanos o tribunal de alzada, la SCJN pidió a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, que depende de Peña Nieto, “ampliar las investigaciones”, dando así el clásico carpetazo al caso.

Genaro Góngora Pimentel, Juan Silva Meza y el ministro ponente José de Jesús Gudiño Pelayo asumieron una postura más o menos consecuente. No así Sergio Aguirre Anguiano, jalisciense y conspicuo miembro del panismo yunquista de la entidad, quien siempre sostuvo que en Atenco “nunca hubo violación alguna de garantías” y que el uso de la fuerza fue hasta “benéfico para sus pobladores”, lo que le valió de inmediato el mote de “el pozolero” por familiares de víctimas.

Góngora Pimentel señaló directamente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y a Eduardo Medina Mora como los principales responsables de los abusos, debido a que toleraron conductas de sus subordinados que “lastimaron a las víctimas y a la sociedad”. Juan N. Silva Meza dejó entrever la posibilidad de que a las víctimas sólo les queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para perseguir penalmente a los responsables.

Las medidas de la SCJN sobre Atenco demostraron una vez más que no existe en México el estado de derecho ni el respeto a los derechos humanos, cuya presencia son el signo característico de todo sistema que se precie de ser democrático.

No sorprende entonces el degaste de las instituciones, de la creciente violencia social ante la impotencia de cómo se conducen las mismas, y de que en verdad cada vez hay más personas que con justa razón las mandan al diablo.

La SCJN deja una vez más una amplia estela de complicidades y de impunidad. Preferible mil veces la Tremenda Corte de Trespatines.

Ignacio del Valle: el tamaño del miedo

Luis Hernández Navarro

Lleva dos años y nueve meses en la cárcel. Habita una celda de tres metros por dos, en el módulo 3 del penal de alta seguridad del Altiplano. Purga una condena de 112 años y seis meses de prisión. Se llama Ignacio del Valle.

En su morada no hay noche ni día. La luz está encendida siempre. A veces disfruta de 35 minutos de sol diarios. Le revisan la correspondencia y los mensajes que le llegan. Lo someten a revisiones humillantes. Por su crujía se pasean 10 o 15 vigilantes encapuchados con perros. Le quitan sus escritos y los rompen. No sabe lo que sucede afuera. Puede hablar por teléfono 10 minutos a tarifas altísimas. A menudo, los guardias reducen ese tiempo a sólo siete u ocho minutos. Cuando sus parientes lo visitan, los custodios se prodigan en los malos tratos. Su padre y su hermano murieron estando él en prisión.

Nunca ha robado ni matado a nadie. No consume drogas ni las vende. No extorsionó a ninguna persona. Es un hombre honesto. Es un luchador social que defiende las tierras de su pueblo. No es delincuente. Sin embargo, comparte prisión con los más peligrosos criminales del país: asesinos, narcotraficantes y secuestradores.

Está acusado de los delitos de secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y secuestro equiparado. Fue detenido sin orden de aprehensión en una casa de la ciudad de Texcoco, estado de México, a varios kilómetros de distancia de su hogar, en San Salvador Atenco. Su verdadero delito fue protestar para defender a su pueblo; no rendirse.

Ignacio del Valle es campesino, serigrafista, carnicero y padre de familia. Durante años fue obrero en la zona industrial de Ecatepec. Laboró en empresas como Guanos y Fertilizantes. El trabajo era rudo y la paga escasa. En 1981 fue promotor de educación física en la zona de Ixtapaluca.

Hasta su detención, sembró una pequeña parcela de una hectárea de riego en su pueblo natal, San Salvador Atenco. De ella sacaba maíz, frijol, calabaza y hortalizas. A pedido, cocinaba barbacoa de borrego, res, puerco y pollo. Montó en su pueblo un taller de serigrafía, donde estampaba bermudas. Le iba bien cuando no había competencia, pero en cuanto comenzó a entrar el bordado el trabajo escaseó.

Ignacio nació el 31 de julio de 1953 en el seno de una familia como la que él formó después. Su padre era campesino y carnicero. Tuvo seis hermanas y un hermano. Con muchos sacrificios, sus padres lograron dar educación a todos: una es normalista, otra doctora; una, modista; la otra, secretaria. Él estudió sociología en la UNAM, pero no pudo terminar la carrera.

Convencido de la importancia de la educación, de joven, en su pueblo, junto a otros tres o cuatro amigos, se dedicó a alfabetizar a la gente de más edad que no sabía leer ni escribir. Se trataba de que salieran adelante. Abrieron primarias, secundarias y una preparatoria abierta. Querían llevar la cultura al pueblo. Formaron una biblioteca popular promoviendo el kilómetro de libros. Su gran sueño, establecer una universidad en su región, está pendiente.

Él y sus compañeros fundaron un grupo de apoyo comunitario. Ayudaban al pueblo y a su gente. Cuando algún vecino estaba muy grave y no tenía dinero lo metían al hospital. Para pagar la cuenta, juntaban 10 o 15 hombres y mujeres y donaban sangre. Ayudaban a gente que no conocían.

San Salvador Atenco era, a finales de la década de los 60, una comunidad rural ubicada a escasos 35 kilómetros de la ciudad de México que sufría los embates de la urbanización salvaje. Era un municipio desprovisto de servicios, cercado por la especulación urbana. Pero era, también, una localidad en la que sus habitantes, a decir de María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio, se sentían seguros. “Uno nació allí –asegura ella–. Puede caminar por donde sea sin causar problemas o que nos los causen. Somos libres. Es nuestro territorio. Sabemos lo que nos corresponde. Lo queremos y lo conocemos.”

En Atenco había unidad y respeto. Sobrevivían muchas costumbres de sus antepasados. Estaba vivo el amor a la tierra, la que les da vida, y a la que se ve como un legado que hay que cuidar y traspasar a hijos y nietos. Aunque formalmente la presidencia municipal estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la comisaría de bienes ejidales y la junta de agua potable eran controladas por los ejidatarios y el pueblo.

Como ha explicado Damián G. Camacho Guzmán, antes de que, en 2001, los pobladores de ese municipio se movilizaran para defender sus tierras del decreto expropiatorio para construir el aeropuerto y formaran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habían vivido un largo proceso previo de luchas comunitarias, municipales y regionales. En ellas fundaron organizaciones como la Unión Social Cultural de Atenco, Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, Frente Popular Región Texcoco y el Frente Popular del Valle de México.

La movilización social permitió arrancar a los distintos gobiernos la solución a sus demandas más sentidas: pavimentación, canchas deportivas, hospitales, biblioteca, auditorio, agua potable. Simultáneamente, se convirtió en la vía para enfrentar, con éxito desigual, aumentos en los impuestos prediales, expropiación de terrenos, construcción de carreteras sobre tierras ejidales y el trasvase de sus acuíferos a la ciudad de México.

Ignacio del Valle estuvo al frente de estas luchas. Ejerció un liderazgo genuino y desinteresado. Lejos de corromperse, se mantuvo fiel a su comunidad. Defendió las tierras de su municipio cuando unos cuantos poderosos quisieron hacer grandes negocios con ellas.

Ignacio es un artista nato. En el penal dibuja sobre papel con bolígrafo y, cuando puede, colorea sus obras. Escribe también largas cartas. En una de ellas, enviada a sus compañeros el 22 de octubre de 2008, escribió: ¡Del tamaño de nuestra sentencia, de este mismo es el miedo que nos tienen! No le falta razón: la monstruosidad de su condena es una advertencia a todos aquellos que se atreven a decir al poder: ¡no!

El caso Atenco: ¿Dónde queda la justicia?

CCIODH

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, a expensas de su redacción final, cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el Estado responde a las graves violaciones a los derechos fundamentales, violaciones que, paradójicamente, han sido ampliamente documentadas por la misma Corte en su investigación.

Estas conclusiones confirman la negación de justicia como patrón de respuesta del Estado, como la CCIODH ha venido constatando a lo largo de 10 años de observación por los derechos humanos en México: así ha ocurrido en un crimen de Estado como es el caso Acteal, en la denuncia de Lydia Cacho y ahora en el caso Atenco. En todos ellos se imputa a funcionarios de bajo nivel y se exonera a los responsables policiales y políticos, justificando actuaciones del poder cuyo principal objetivo es la represión de los movimientos sociales.

Como también sucedió en su decisión sobre la ley indígena en el 2003, la SCJN cierra de nuevo las aspiraciones legítimas de obtener justicia.

El fracaso de la administración de justicia en México deja a los denunciantes la justicia internacional como única vía.

En su resolución, la mayoría de la SCJN exonera a los responsables políticos del operativo por falta de pruebas, es decir, les aplica el principio de presunción de inocencia, un principio que, aplicado a los servidores públicos en casos de violaciones de derechos humanos, sólo puede tener como resultado la impunidad.

En el mismo proyecto del dictamen presentado por el ministro Gudiño, la Corte contaba con elementos suficientes que justificarían la apertura de una nueva investigación específica sobre la actuación de los responsables políticos.

El comportamiento de los agentes durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, visto en conjunto, no puede entenderse si no existían instrucciones previas de cómo debía desarrollarse el operativo. La manera en como se desarrollaron las detenciones y los traslados a los centros de detención en momentos y lugares distintos a lo largo de dos días, responden a un patrón tan parecido que, en caso contrario, no sería racionalmente comprensible.

La Corte no ha tenido en cuenta algo que queda constatado en su propia investigación: en el desarrollo del operativo de Atenco, las autoridades responsables permitieron la existencia de tiempos y espacios fuera de derecho y todo tipo de prácticas colectivas violentas.

¿Cómo pueden atribuir a comportamientos individuales y espontáneos el hecho de que 85% de los detenidos y detenidas presentaran lesiones no atribuibles a la detención o el elevadísimo porcentaje de mujeres que han denunciado abusos sexuales como lo constata la misma investigación de la Corte?

En este sentido, tampoco tiene en cuenta la Corte la resistencia tenaz de las autoridades municipales, estatales y federales a realizar la menor investigación sobre los delitos cometidos por los agentes participantes en el operativo: las autoridades públicas han encubierto las agresiones, las han negado reiteradamente, han dificultado las denuncias y la investigación y han manifestado de diversas maneras su intención de proteger a las responsables directos.

Esto es así hasta el punto de que, como se mencionaba en nuestro anterior boletín (http://cciodh.pangea.org/?q=es/node/276), dos años y medio después, no existe ni un solo agente procesado pese a la gravedad de las denuncias, que la misma Corte, al parecer, reconocerá en su dictamen final, lo que contrasta con las duras penas de prisión —algunas prácticamente de por vida— dictadas contra 13 miembros del movimiento social.

La Suprema Corte ha pasado de puntillas sobre un nuevo caso flagrante que ilustra una vez más la total impunidad del ejercicio del poder en México.

Ante la disyuntiva de elegir entre procurar establecer mecanismos de justicia o consagrar la impunidad, la mayoría de la Suprema Corte ha decidido dar carpetazo al asunto.

El mensaje es claro: los poderes políticos de México pueden volver a planear otro operativo como el de Atenco, pero ahora sabiendo de antemano que el máximo órgano judicial de la República les exonerará por falta de pruebas. Ni siquiera les exigirá realizar una investigación seria sobre los delitos cometidos por servidores públicos, aunque la misma Corte los reconozca en su investigación.

En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de Estado.

Después de agotarse la última instancia de la justicia mexicana, la pregunta que cabe hacerle a la mayoría de magistrados es simple: ¿dónde queda la justicia?

Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

Barcelona, a 15 de febrero de 2009.

Manu Chao en Atenco y con los compas de Atenco

Boletín de Prensa No. 39 de a CCIODH

BOLETÍN DE PRENSA Nº 39 DE LA VI VISITA DE LA CCIODH (COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS)

SCJN: En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de estado

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, a expensas de su redacción final, cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el estado responde a las graves violaciones a los derechos fundamentales, violaciones que, paradójicamente han sido ampliamente documentadas por la misma Corte en su investigación.

Estas conclusiones confirman la negación de justicia como patrón de respuesta del estado, como la CCIODH ha venido constatando a lo largo de 10 años de observación por los derechos humanos en México: así ha ocurrido en un crimen de estado como es el caso Acteal, en la denuncia de Lydia Cacho y ahora en el caso Atenco. En todos ellos se imputa a funcionarios de bajo nivel y se exonera a los responsables policiales y políticos, justificando actuaciones del poder cuyo principal objetivo es la represión de los movimientos sociales.

Como también sucedió en su decisión sobre la ley indígena en el 2003, la SCJN cierra de nuevo las aspiraciones legítimas de obtener justicia.

El fracaso de la administración de justicia en México deja a los denunciantes la justicia internacional como única vía.

En su resolución, la mayoría de la SCJN exonera a los responsables políticos del operativo por falta de pruebas, es decir, les aplica el principio de presunción de inocencia, un principio que, aplicado a los servidores públicos en casos de violaciones de derechos humanos, sólo puede tener como resultado la impunidad.

En el mismo proyecto del dictamen presentado por el ministro Gudiño, la Corte contaba con elementos suficientes que justificarían la apertura de una nueva investigación específica sobre la actuación de los responsables políticos.

El comportamiento de los agentes durante los días 3 y 4 de mayo de 2006, visto en conjunto, no puede entenderse si no existían instrucciones previas de como debía desarrollarse el operativo. La manera en como se desarrollaron las detenciones y los traslados a los centros de detención en momentos y lugares distintos a lo largo de dos días, responden a un patrón tan parecido que, en caso contrario, no sería racionalmente comprensible.

La Corte no ha tenido en cuenta algo que queda constatado en su propia investigación: en el desarrollo del operativo de Atenco las autoridades responsables permitieron la existencia de tiempos y espacios fuera de derecho y todo tipo de prácticas colectivas violentas.

¿Cómo pueden atribuir a comportamientos individuales y espontáneos, el hecho de que el 85% de los detenidos y detenidas presentaran lesiones no atribuibles a la detención o el elevadísimo porcentaje de mujeres que han denunciado abusos sexuales como lo constata la misma investigación de la Corte?

En este sentido, tampoco tiene en cuenta la Corte, la resistencia tenaz de las autoridades municipales, estatales y federales a realizar la menor investigación sobre los delitos cometidos por los agentes participantes en el operativo: las autoridades públicas han encubierto las agresiones, las han negado reiteradamente, han dificultado las denuncias y la investigación y han manifestado de diversas maneras su intención de proteger a las responsables directos.

Esto es así hasta el punto de que, como se mencionaba en nuestro anterior boletín, dos años y medio después, no existe ni un solo agente procesado pese a la gravedad de las denuncias, que la misma Corte, al parecer, reconocerá en su dictamen final, lo que contrasta con las duras penas de prisión -algunas prácticamente de por vida- dictadas contra 13 miembros del movimiento social.

La Suprema Corte ha pasado de puntillas sobre un nuevo caso flagrante que ilustra una vez más la total impunidad del ejercicio del poder en México.

Ante la disyuntiva de elegir entre procurar establecer mecanismos de justicia o consagrar la impunidad, la mayoría de la Suprema Corte ha decidido dar carpetazo al asunto.

El mensaje es claro: los poderes políticos de México pueden volver a planear otro operativo como el de Atenco, pero ahora sabiendo de antemano que el máximo órgano judicial de la República les exonerará por falta de pruebas. Ni siquiera les exigirá realizar una investigación seria sobre los delitos cometidos por servidores públicos, aunque la misma Corte los reconozca en su investigación.

En el caso Atenco ha vuelto a imponerse la razón de estado. Después de agotarse la última instancia de la justicia mexicana, la pregunta que cabe hacerle a la mayoría de magistrados es simple: ¿dónde queda la justicia?.

Barcelona, a 15 de febrero de 2009. Comisión de Prensa

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El PRD, por juicio político contra funcionarios por el caso Atenco

■ La Corte sirve a los intereses de grupos de poder, señalan ONG

■ Propicia la impunidad; dejó ir oportunidad de hacer justicia, dicen

Fabiola Martínez, Emir Olivares y Octavio Vélez Ascencio (Reporteros y corresponsal)

Protesta de habitantes de Atenco, el jueves pasado, tras el fallo de la Suprema Corte sobre el caso ocurrido en mayo de 2006 Foto: José Antonio López

El PRD informó ayer que promoverá ante el Congreso de la Unión la realización de juicio político en contra de todos los altos funcionarios y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, que fueron partícipes en el operativo en San Salvador Atenco.

Socorro Ceseñas, secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD, dijo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –en la que se exoneró a dichos funcionarios– forma parte “de la estrategia del Estado para mantener esos hechos en la impunidad”.

Precisó que el partido del sol azteca gestiona, con sus legisladores, la forma de impulsar el citado proceso de juicio político, al tiempo que toma como un objetivo permanente el apoyo a las personas presas durante los operativos en Atenco.

En tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que el fallo de la SCJN “deja claro que el sistema de procuración y administración de justicia es manipulado para servir a los intereses del Estado y los grupos de poder, y propicia la impunidad” al exculpar de cualquier responsabilidad a funcionarios públicos como Peña Nieto y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) resaltó que con esa decisión la Corte desaprovechó la posibilidad de ejercer a cabalidad sus atribuciones como máximo tribunal constitucional para señalar a aquellas autoridades que con sus acciones y omisiones perpetraron violaciones graves a los derechos reconocidos en la Carta Magna.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas consideró que los ministros “tuvieron entre sus manos una oportunidad histórica de hacer justicia”, la cual dejaron ir.

Ambas organizaciones subrayaron que si bien la SCJN reconoció que en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, estado de México, “se violaron de manera grave los derechos humanos y las garantías individuales”, ese órgano de justicia omitió señalar la responsabilidad de autoridades federales y estatales “que estuvieron implicadas en los hechos y fueron omisos en sus responsabilidades”.

Prodh señaló que al exculpar a servidores públicos de alto nivel, la Corte tuvo “criterios propios de un juzgado penal, pero no de un tribunal constitucional”, y omitió examinar a fondo el involucramiento de los funcionarios, demandando elementos probatorios indubitables sobre la participación subjetiva de éstos “lo que fue inadecuado: es ingenuo pretender que podría existir un documento en el que conste la orden expresa de que en Atenco se violaron garantías individuales”.

Ambas ONG demandaron a las autoridades estatales y federales la liberación de 13 personas que continúan recluidas y sentenciadas por los sucesos en Atenco, y exigieron justicia para las víctimas de torturas, asesinatos, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y otros delitos.

El concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, afirmó que la SCJN se convirtió en “alcahueta” de los violadores a derechos humanos en San Salvador Atenco y subrayó que la determinación sienta un “grave precedente” para Oaxaca.

“(La Corte) deja abierta la puerta a la impunidad”, señaló.

El activista sostuvo que la inmunidad decretada a los responsables de la represión confirma el régimen de complicidades entre el PAN y el PRI, pero sobre todo la conversión de la SCJN “en un ente político” porque confirma esos acuerdos partidistas.

“¿Atenco?... Nos quieren ver la cara”: Soberanes

El ombudsman nacional recrimina a la Corte por su fallo en el caso Atenco; deja sin castigo a los principales responsables, asegura. También critica al gobierno federal por omisiones en el tema de trata de personas

No ha sido una semana fácil para el ombudsman nacional. La Suprema Corte terminó por exonerar a los dos más altos funcionarios señalados en el caso de Atenco, y el gobierno federal se desentiende de los trabajadores mexicanos explotados en las islas Bahamas. En los dos casos, la CNDH documentó graves violaciones a los derechos humanos. Es para morir de gastritis. De suerte que este reconocido jurista está lo bastante curtido como para persuadirlo de que se olvide de los derechos civiles.

¿Qué tal de ánimos, don Soberanes?
Bien, bien.

¿No es “catastrofista”?
Pues creo que sí… están muy duras las cosas.

Y más con lo de Atenco, ¿no?
Así es.

¿Se cumplió la justicia que pidió?
Híjole, no me haga esas preguntas.

¿Peña y Medina no fueron responsables de dar órdenes?
¡No, pues… me hubiera dado el harakiri!, ¿verdad?

¿O sea que las policías se mandan solas?
Pues así parece.

¿Los mexicanos somos tontos o así nos toman?
No, qué tontos vamos a ser. ¡Creo que nos quieren ver la cara de tontos!

¿Pues qué le pasó a la Corte?
Póngale puntos suspensivos.

¿Eso genera impunidad?
Obviamente: impunidad es cuando no hay pena. Y si no se busca que se sancione a los responsables, pues es impunidad.

¿Caerá Téllez?
¿Cuál Téllez?

Seguro que la Corte los exonera, ¿no?
Ponle: ja, ja, ja.

¿Ha contado cuántos muertos van en el sexenio?
Sí, cómo no. Ahí tenemos la lista.

¿Juicio civil a militares?
Sí. Nosotros tenemos una posición en esto muy clara: se debe preservar el fuero de guerra cuando los militares actúan como militares. Ahora, cuando los militares hacen funciones que no les son propias, como funciones de policías, pues entonces no se les debe aplicar el fuero de guerra.

¿Nos dirá que los militares respetan los derechos humanos?
¡Por supuesto que no!

¿Y el Ejecutivo?
El titular del Ejecutivo, creo que sí.

¿Como en el caso de los trabajadores en Bahamas?
Es que ahí no fue el titular del Ejecutivo, por eso le dije “titular del Ejecutivo”. Acuérdese que soy abogado.

¿Será política del gobierno la trata de personas?
Mire: o defendemos a nuestra gente o vamos mal. Si contabilizamos siete vuelos charter que salían de Cancún a las Bahamas, y resulta que nos dicen las autoridades de Migración que iban de paseo, ¿para quién cree que eran siete charters, para llevar albañiles de paseo a las Bahamas? ¡Por favor, que no nos tomen el pelo! Y después, cuando les pedimos la documentación, dicen que se les perdió. ¡Por favor!

¿Ser omisos es ser irresponsables?
¡Por supuesto!

Por cierto, ¿usted qué tal trata a sus trabajadores?
¿Yo? Bien. Si no, pues aquí que le cuenten.

Aquí entre nos, ¿usted volvería a votar por el PAN?
¡Yo nunca he votado por el PAN!

¿Se está quedando solo Calderón?
Fíjese que, desgraciadamente, sí.

En fin, ¿cómo deberemos recordarlo?
Quisiera que me recordaran como una persona que procuró el ser congruente como pensé. Y que soy una persona honesta.