Escrito por José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla Nosotras, nosotros, conocemos las graves violaciones a los derechos humanos que el 3 y 4 de mayo de 2006 el Estado mexicano cometió en San Salvador Atenco. A raíz de dichos acontecimientos 12 personas siguen presas.
Nos preocupa que el proceso que se les siguió estuvo plagado de irregularidades, no fue respetado el principio de presunción de inocencia ni las garantías de debido proceso y que las pruebas en que se fundó su condena fueron recabadas de manera ilegal.
Consideramos que estas irregularidades implican que no tuvieron derecho a un juicio justo. Es un signo de alarma que el delito de “secuestro equiparado” el cual estimamos es inconstitucional, pueda ser empleado para criminalizar demandas sociales y que el sistema de procuración y administración de justicia fue utilizado de manera facciosa para convertir en delincuentes a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Sabemos además que existe un precedente jurídico emitido por un órgano del Poder Judicial de la Federación, que consideró que los hechos por los cuales fueron sentenciados Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, no son constitutivos del delito de secuestro equiparado; este antecedente, aún y cuando normativamente no es vinculatorio para los Ministros, consideramos que por cuestiones de seguridad y congruencia jurídica así como por la trascendencia del caso no puede ser soslayado.
Por todo ello, llamamos a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a liberar a los 12 presos del caso Atenco.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra reúne a una serie de pueblos y comunidades campesinas a las afueras de la ciudad de México, entre ellas a San Salvador Atenco. Antes de que termine el mes de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá sobre la libertad de estos 12 presos. Es su último recurso jurídico. Es un momento decisivo. De perder esta batalla legal, tendrán que purgar condenas que van de 31 y hasta 112 años de prisión.
Los defensores de derechos humanos Damian Camacho Guzmán y Roberto Mendoza Delgado, integrantes del Frente de Pueblos y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos han sido agredidos en situaciones similares al documentar casos en Atenco y en defensa de la fuente de empleo del SME en Cuernavaca, por lo que la libertad de expresión bajo ataque pone en riesgo derechos democráticos.
En los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la libertad de expresión y esto se debe a la falta de garantías para ejercer dicha labor. En los últimos ocho años se han registrado asesinatos, desapariciones, y una gran cantidad de hostigamientos y amenazas a periodistas, comunicadores, comunicadoras y a medios de comunicación, al igual que a personal administrativo de los mismos. Esto ha sido motivo de preocupación por parte de diferentes instancias de derechos humanos y organizaciones tanto nacionales como internacionales defensoras y promotoras del derecho a la libertad de expresión.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC, tuvo conocimiento de un correo electrónico enviado el 19 de abril de 2010, en donde se vierten amenazas de muerte en contra de 27 periodistas del estado de Morelos.
Una vez que hemos consultado con varios de los trabajadores y trabajadoras de varios medios de comunicación mencionados en el escrito anónimo, nos han manifestado estar de acuerdo en enviar esta información a las instancias nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, ya que si bien el mencionado escrito mezcla deliberadamente acusaciones dolosas y sin fundamento con amenazas de muerte, estas se dan en un contexto de amenazas e intimidaciones mediante mensajes anónimos que han creado un clima de temor generalizado que ha llegado a acatar un toque de queda oficioso decretado supuestamente por un grupo de narcotraficantes (el Cartel del Pacífico Sur) en el más completo abandono de responsabilidades legales por parte del gobierno del estado que, sin embargo, ha avanzado en el proceso de militarización de la ciudad y la zona conurbana.
Las amenazas han continuado e incrementado en contra de Angelina Albarrán, por lo que el caso ha sido asumido por diversas instancias defensoras de periodistas.
Consideramos que es obligación del Estado mexicano cumplir con los instrumentos nacionales e internacionales que garanticen la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad periodística, por lo que, aún cuando carezca de veracidad dicho comunicado, se deben tomar las medidas pertinentes para impedir que esta amenaza pueda tener algún viso de realidad.
Hemos revisado la situación en otras partes del país y tiene prácticamente los mismos elementos de lo que ocurre en Morelos: correos electrónicos anónimos decretando toque de queda, cierre de establecimientos, miedo generalizado, caravanas de vehículos de uno y otro cartel, amenazas a periodistas, silencio de los medios masivos de comunicación, complicidad de policías con delincuentes, gobierno infiltrado, militarización, por señalar algunos de ellos.
Hemos señalado recientemente sobre esta campaña: ¡que el miedo no nos paralice!
Sin embargo, entendemos que este asunto no se trata de algo meramente individual, sino colectivo, como sociedad, si somos capaces de reaccionar.
Diversos periodistas de Morelos han sufrido agresiones verbales o físicas durante operativos policíacos y militares, en el desempeño de su trabajo. En el caso de la agresión verbal con amenazas del general en retiro Manuel Farfán, secretario de Seguridad Publica del ayuntamiento de Cuernavaca, en contra del reportero Guillermo Hinojosa del noticiero de radio Línea Caliente, también el periodista Helios Magaña Vázquez, camarógrafo del noticiero Radio Fórmula, recibió a corta distancia el disparo de un petardo de gas lacrimógeno que le impactó y estalló en el abdomen, por lo que tuvo que ser atendido en un hospital, debido a las lesiones provocadas el 27 de mayo de 2010.
En Temixco, Morelos, un grupo de militares que realizaban operativos y cateos en el fraccionamiento Burgos de este municipio retuvieron momentáneamente a periodistas y les ordenaron borrar fotografías y videos de los soldados. Una camioneta de la policía local, en la que viajaban militares y policías preventivos municipales frenó intempestivamente junto al automóvil del reportero de Reforma y el corresponsal de Notimex, cortando cartuchos y apuntando hacia el vehículo particular los soldados ordenaron que sus ocupantes descendieran de él. Los elementos de las fuerzas federales ordenaron la identificación de los reporteros y cuestionaron el trabajo informativo al momento en que ordenaban la eliminación de las fotografías en las que aparecían los soldados.
4 de mayo 2010. En el Vergel, durante el levantamiento del cadáver de una mujer policía, elementos de la Policía Metropolitana agredieron verbal y físicamente despojando de su cámara fotográfica al reportero José Luis Rojas del Sol de Cuernavaca.
Así pues, defender la libertad de expresión en la práctica, conlleva riesgos laborales y profesionales, además de significar un desafío al compromiso, a la conciencia y a la calidad ética en el desempeño de esta tarea social. Los cínicos no sirven para este oficio, escribió uno de los grandes periodistas recién fallecido, pero combatir el cinismo requiere asumir el compromiso de defender la libertad de expresión aunque no sea del agrado del poder.
Corre la voz: este viernes 18 de junio doble invitación, a las 19 horas la presentación en el cine Morelos de Nin Tecuani, el corazón del cerro o la historia de un pueblo que se negó a morir, de Ángel Álvarez, y al terminar, nos vemos en La Comuna para celebrar el derecho a la libertad de expresión.
