La “criminalización de movimientos y luchadores sociales”, en el centro del debate
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
El próximo miércoles 23 de junio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará en sesión privada los 12 amparos presentados por los atenquenses presos en los penales del Altiplano y Molino de Flores; hasta el momento no hay consenso entre los ministros para dejar en libertad inmediata a los detenidos.
Fuentes judiciales señalaron lo anterior y agregaron que sólo dos de los tres ministros que integran la sala se han pronunciado por conceder la libertad a todos los acusados, incluso a los que están recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano –Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo–, quienes enfrentan sentencias que superan los 67 años de cárcel.
Trascendió que ambos juzgadores consideran que debe prevalecer el criterio aprobado por la primera sala cuando dejó libres a decenas de indígenas acusados de la matanza de Acteal (1997), quienes obtuvieron el amparo “liso y llano” en razón de que en los procesos penales en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) violentó la ley, fabricó pruebas y testimonios y porque, en general, violó el llamado “debido proceso”.
En aquella ocasión, cuatro de cinco ministros (Sergio Valls, quien se pasó a la segunda sala con el ingreso de Arturo Zaldívar a la Corte y a la primera sala, fue el único que se opuso a la concesión de los amparos) consideraron que el caso de Acteal era emblemático, porque por primera vez el máximo tribunal dejó sin efecto juicios plagados de irregularidades y abandonó la vieja costumbre de los tribunales del Poder Judicial de la Federación de sólo conceder “amparos para efectos” en los que, a pesar de que el quejoso demuestra que el debido proceso fue violado, los magistrados sólo ordenan la reposición del procedimiento.
Los ministros no se han puesto de acuerdo en cuanto a si conceden la libertad inmediata a los acusados o bien dictan únicamente un amparo para efecto de que se reponga el proceso judicial en su contra. Fuentes judiciales comentaron que un voto podría ser la diferencia entre la libertad o la retención de los detenidos.
En abril pasado, los ministros de la primera sala ratificaron su criterio con la liberación y declaración de inocencia de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio de los cargos que les imputó la PGR, y ordenó su inmediata liberación.
Este asunto tuvo la particularidad de que las acusadas fueron consignadas por el delito de secuestro equiparado –fueron acusadas de secuestrar a seis agentes federales–, delito que ha sido utilizado de forma reiterada por el gobierno federal y gobiernos locales para criminalizar los movimientos sociales, según han señalado en reiteradas ocasiones los abogados de los atenquenses.
Precisamente, una de las razones por las cuales los ministros aprobaron atraer los amparos de los atenqueneses fue con el propósito de que la Corte emita de una vez por todas lineamientos generales sobre este problema de la “criminalización de movimientos y luchadores sociales”, para que estos asuntos, que tienen como antecedente la protesta social por la falta de atención de sus demandas, sean tratados desde una óptica social y no penal.
Es decir, que no se tipifique a los luchadores sociales como secuestradores que retienen ilegalmente a personas con el fin de obtener lucro.
Los informantes comentaron que tres de los cinco ministros aún dudan entre conceder o no la libertad absoluta a los atenquenses en los procesos penales que datan de antes de la entrada violenta de las policías federal y del estado de México a la comunidad mexiquense de San Salvador Atenco, en mayo de 2005.
Sin embargo, los ministros de la minoría han hecho saber a sus compañeros que, si la Corte no aplica a cabalidad los criterios aplicados para los presos por el caso Acteal y para las dos indígenas queretanas, la Corte quedará en evidencia ante la sociedad en general y su credibilidad sufrirá un duro golpe, lo cual es particularmente delicado tras la polémica decisión de los ministros en el caso ABC.
