A los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y José Ramón Cossío Díaz.
En el contexto de la deliberación que ustedes realizan sobre la situación de los presos políticos participantes en el movimiento social de San Salvador Atenco y del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, consideramos alarmante que se utilice el delito de “secuestro equiparado” para criminalizar demandas sociales y que el sistema de procuración y administración de justicia sea manipulado de manera facciosa para convertir en delincuentes a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Sabemos, además, que existe un precedente jurídico emitido por un órgano del Poder Judicial de la federación, que consideró que los hechos por los cuales fueron sentenciados Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo no son constitutivos del delito de secuestro equiparado.
Por ello nos permitimos, en nuestro carácter de red académica latinoamericana, llamar a la primera sala de la SCJN a liberar a los 12 presos del caso Atenco.
Emir Sader, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso); Pablo Gentili, secretario ejecutivo adjunto; Luciano Concheiro y Carlos Barba, miembros del comité directivo de los centros Clacso en México; Bernardo Mançano Fernandes (coordinador Grupo de Trabajo Desarrollo Rural, (GTDR), y los integrantes del GTDR-Clacso: Carlos Rodríguez, Luis Daniel Hocsman, Sofía Astelarra, Luciana García, Carlos Vacaflores, Pilar Lizárraga, Canrobert Costa Neto, Angelina Herrera, Eraldo Ramos Filho, João Mendes Pereira, Flor Osorio, Armando Bartra, Patricia Couturier, Arturo León, Eduardo Marrufo, Gisela Espinosa y Yolanda Massieu
