Diversas organizaciones marcharon ayer para exigir justicia para los atenquenses-Foto Jesús Villaseca
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe demostrar que “es sensible a los reclamos de la sociedad” y dejar en libertad a los presos de San Salvador Atenco, sostuvo Leonel Rivero, abogado defensor de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT).
Rivero participó en el acto realizado el pasado lunes en Casa Lamm, denominado Resolución de la SCJN en torno a la libertad de los presos políticos de Atenco, en el que sostuvo que los ministros de la primera sala deben ser congruentes con los criterios que aprobaron en el caso Acteal, en los que por considerar que violaron los derechos a un debido proceso y la garantía de presunción de inocencia fueron liberados más de una veintena de indígenas acusados de la matanza en esa comunidad chiapaneca.
Sostuvo que en el caso de los 12 atenquenses presos: Ignacio del Valle Espinoza, Felipe Álvarez Medina y Héctor Galindo, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y otros nueve que purgan su sentencia en el penal de Molino de Flores, la autoridad del estado de México violó el derecho al debido proceso y cometió una serie de irregularidades.
Los ministros de la primera sala están obligados a ser consecuentes y dejar en libertad a todos los acusados, sostuvo.
Por su parte, John Ackerman, académico y colaborador de La Jornada, señaló que la represión al movimiento del FPDT ocurrida en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, y después la excesivas condenas en contra de los detenidos, que van desde los 67 años de prisión para Álvarez y Galindo, hasta 112 para Ignacio del Valle, reflejan la intención de los gobiernos federal y del estado de México de “criminalizar” los movimientos sociales y la actuación de sus dirigentes.
Sostuvo que esta actitud gubernamental se constata por el hecho de que a pesar de las evidencias gráficas y jurídicas que demostraron que policías federales y estatales actuaron con exceso de violencia y cometieron abuso sexual durante y después de los actos violentos de mayo de 2006, hasta la fecha ninguno ha sido sentenciado por esos actos.
“Esto nos habla de los diferentes raseros que aplica la impartición y procuración de justicia del país”, concluyó.
