La Corte debe pronunciarse sobre el derecho a la protesta, dicen
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Las organizaciones Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y Comité Libertad y Justicia para Atenco exigieron ayer la “libertad para los 12 presos de San Salvador Atenco que han estado presos injustamente desde hace cuatro años”.
Dolores González, directora de Serapaz, manifestó: “esperamos que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene la liberación inmediata de los 12 presos de Atenco. Sería una señal muy positiva para hacer justicia en este caso emblemático de criminalización de la protesta social”.
Acerca de la condena de 112 años que se impuso a Ignacio del Valle, señaló que, “sin duda, esa sanción fue una medida ejemplar para que otros movimientos sociales sepan a lo que se van a enfrentar si continúan sus luchas. Es insólita, porque a delincuentes del crimen organizado no les han impuesto esas penas”.
El Comité Libertad y Justicia para Atenco, integrado por organizaciones civiles, artistas, investigadores, escritores y religiosos, entre otros, destacó: “conocemos las graves violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano cometió en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. A raíz de esos acontecimientos 12 personas siguen presas.
“Nos preocupa que el proceso que se les siguió estuvo plagado de irregularidades, no fue respetado el principio de presunción de inocencia ni las garantías de debido proceso, además de que las pruebas en que se fundó su condena fueron recabadas de manera ilegal. Esas irregularidades implican que no tuvieron un juicio justo.”
En un documento elaborado por el comité se indica que “es signo de alarma que el delito de secuestro equiparado, que consideramos inconstitucional, pueda ser empleado para criminalizar demandas sociales, y que el sistema de procuración y administración de justicia fue utilizado de manera facciosa para convertir en delincuentes a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”.
Entre otros firmantes del pronunciamiento están el Prodh, Mujeres sin Miedo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el obispo emérito Samuel Ruiz García, Ofelia Medina, Manú Chao, Julieta Egurrola, Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Luis Hernández Navarro, Daniel Giménez Cacho, Bruno Bichir, el sacerdote Miguel Concha, Carlos Fazio, Guillermo Almeyra y Las Reinas Chulas.
Dolores González, directora de Serapaz, explicó que “las organizaciones civiles, sociales, de derechos humanos y políticas, planteamos que la Corte debe pronunciarse porque los 12 presos sean liberados de inmediato, ya que fueron condenados mediante un proceso irregular. No pedimos perdón, sino justicia”.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, sostuvo que “la primera sala de la Suprema Corte tendrá que discutir la trascendencia del caso y pronunciarse sobre dos cosas: el uso de la legislación penal como medio de control y disuasión, y precisar con la máxima amplitud el derecho a la protesta”.
Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, aseveró que “las penas impuestas son inusitadas, hay irregularidades y vicios en el proceso. La Corte debe ordenar su liberación inmediata; sin embargo, tenemos mucho escepticismo porque el Estado mexicano, representado por el Poder Judicial. puede seguir protegiendo al gobierno de Enrique Peña Nieto”.
