Carlos Fazio
El pasado 23 de junio, América del Valle Ramírez, 29 años, pedagoga social y militante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, tomó una difícil decisión: pidió asilo político en la embajada de Venezuela en México. Después de vivir cuatro años en la clandestinidad, es decir, de resistir en condiciones adversas la persecución política y el acoso de una justicia vengativa, que criminaliza la pobreza y la protesta social, decidió recuperar su libertad para seguir luchando en otras condiciones. Para seguir estudiando. Para seguir viviendo.
La razón fundamental, expuesta en una carta pública, radica en que no cree en la justicia clasista que impera en México. Contra América, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el estado de México, ha girado dos órdenes de aprehensión por “secuestro equiparado”, mismo cargo por el cual su padre, Ignacio del Valle, fue sentenciado a 112 años de prisión. El caso de su padre y el de otros 11 activistas del FPDT está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta semana deberá resolver sobre la última carta legal que tienen los sentenciados: el amparo definitivo.
Dice América en su carta: “Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN como el PRI; tanto Calderón como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados los jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones o por intereses”.
Como ejemplos de la doble vara de la Suprema Corte, que ya una vez discutió el caso Atenco y de manera aberrante decidió que hubo violaciones de derechos, pero no encontró a ninguna autoridad responsable –dejando en prisión a 12 luchadores políticos como elemento de control y disciplinamiento social–, cita las exoneraciones del gobernador de Puebla, Mario Marín, protector de una red de grandes empresarios pederastas; del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien envió a sus sicarios a asesinar más de 20 simpatizantes de la APPO; la liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal, Chiapas, entre ellos dos asesinos confesos, y el caso de la guardería ABC, donde se sancionó la impunidad de los funcionarios responsables de la muerte de 49 niños.
Con esos antecedentes, América del Valle piensa que en el caso Atenco los ministros usarán alguna maniobra “legal” para que algunos prisioneros políticos no salgan libres (entre ellos su padre), porque la orden que emana de las alturas del poder es que se ejerza “un castigo ejemplar, descomunal, contra los símbolos de la lucha social”. En el fondo, dice América, “tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse. Buscan atemorizarlo. Por eso mismo creo que hay una decisión de Estado”.
La de Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, fue una operación de Estado multisectorial, inscrita en los patrones represivos de la guerra sucia. Fue una acción de tipo contrainsurgente, que echó mano de la guerra sicológica, la propaganda negra y el control de población (o de masas), que logró fijar en el imaginario colectivo, a través del terrorismo mediático de la gran prensa electrónica, el estigma de que el FPDT era un grupo subversivo, delincuencial, antisocial. Como tal, la operación respondió a una orientación política e ideológica de clase, pero requirió de una planeación y coordinación anticipada de instancias políticas y administrativas, de Peña Nieto hacia abajo, con el aval del entonces presidente, Vicente Fox.
Con posterioridad a la operación punitiva, en un acto típico de abuso de poder, Peña Nieto y sus achichincles fabricaron pruebas, hicieron un uso desfigurado y perverso del derecho, y con base en una argumentación discursiva propia de un Estado policial, acusaron a varios detenidos del delito de “secuestro equiparado”, aberración jurídica utilizada de manera discrecional, sistémica y reiterada por el Estado mexicano, en sus diferentes niveles, como dispositivo para criminalizar a actores políticos y sociales. La misma figura que pesa en varias órdenes de aprehensión contra América del Valle.
Cabe consignar que en el juicio viciado de origen contra Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez no quedó plenamente demostrado que en las conductas desplegadas por ellos se haya configurado el delito de secuestro. Lo único evidente es el hecho de la atipicidad de la conducta (la retención transitoria y sin fines de extorsión de un funcionario) respecto del delito que se les ha imputado. Tampoco se ha demostrado que en la conducta de los integrantes del FPDT haya existido un acuerdo previo, deliberado e ilegítimo, para “secuestrar” a servidores públicos y con ello obligar a la autoridad a la realización de determinada conducta. De lo que deriva la falta de dolo y del elemento subjetivo específico que ese delito requiere para su configuración. Por tanto, es inexistente.
En ese contexto, cabe insistir que el delito de secuestro equiparado ha sido utilizado de manera facciosa para combatir a líderes políticos y sociales que exigen derechos al Estado, o para sancionar a personas que se han opuesto al abuso de autoridad. En virtud de todo lo anterior, consideramos que América del Valle cumple el estatus de ser perseguida política y acosada por el Estado mexicano a causa de sus ideas. Su único “delito” ha sido defender la tierra de Atenco para trabajarla. Por eso, sumamos nuestra voz a la de quienes han solicitado al gobierno de Venezuela le conceda el asilo.
