John M. Ackerman
Es difícil exagerar la importancia de la decisión que están por tomar los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los presos de Atenco. Este miércoles la Corte no solamente decidirá sobre el destino de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra injustamente encarcelados desde hace cuatro años, sino también definirá el futuro político del país. La decisión de los ministros será incluso más trascendental que los resultados de las 14 elecciones estatales que se celebran el próximo 4 de julio.
Con este fallo, la primera sala definirá por muchos años en el futuro la posición del Estado mexicano respecto de la crítica y la movilización social. Lo que está en juego es si se mantiene el enfoque autoritario que se parapeta en la “razón de Estado” y la supuesta “infalibilidad” de las instituciones públicas frente a demandas y acciones “desmedidas” de la sociedad, o si, por el contrario, imperará una lógica democrática de tutelar los derechos de los desprotegidos frente a los abusos de gobernantes y poderes fácticos.
¿A quién protege la justicia mexicana? ¿A los ricos y poderosos o a quienes sufren la injusticia de la pobreza y la marginación cotidianas? ¿El Poder Judicial es lo suficientemente maduro e independiente como para entrar de lleno en la modernidad o se siente todavía inseguro como para necesitar utilizar las prácticas de la complicidad y simulación del pasado? Éstas serán las preguntas centrales que pasado mañana resolverán los ministros Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.
Habría que celebrar que en los hechos yace muerta la tesis decimonónica del ministro porfirista Ignacio L. Vallarta en favor de que los jueces se encierran en una torre de marfil para evitar la “desnaturalización” de la justicia por la “política”. Desde la reforma judicial de 1994 que introdujo las figuras de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, la Corte se ha erigido en un verdadero tribunal constitucional que constantemente tiene que resolver casos con alta carga política. La reciente disposición de la Corte de ejercer su facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales en casos como la guardería ABC, la represión policiaca en Atenco y las acciones del gobernador Ulises Ruiz también revela que la mayoría de los ministros se niegan a esconder la cabeza frente a los asuntos políticos. La decisión de atraer los casos de los presos de Acteal, de las indígenas Teresa y Alberta, y de los presos de Atenco también son muestra de un sano rencuentro de la Corte con los temas medulares de hoy.
Sin embargo, los ministros navegan sin brújula en los nuevos mares de una justicia al servicio de la sociedad y de los principios constitucionales. Ahora que tienen agarrado el toro por los cuernos no saben qué hacer con él. Su indecisión y su displicencia con las formas de interpretación y de actuación del pasado no les permite terminar de ganar la corrida de la modernidad. Ante la debilidad de las herramientas que han desarrollado para enfrentar la nueva coyuntura de la justicia mexicana, los ministros se exponen a hundirse en alta mar. La insatisfactoria y socialmente condenable conclusión de la investigación del caso ABC es apenas el ejemplo más reciente de los tumbos sumamente peligrosos de la Corte hoy en día.
Este miércoles, los ministros de la primera sala tendrán una oportunidad de oro para retomar el rumbo. Pero se engañan si creen que será suficiente liberar únicamente los 10 presos que fueron detenidos arbitrariamente por los policías de Enrique Peña Nieto por el solo hecho de encontrarse cerca del conflicto en Atenco los pasados 3 y 4 de mayo de 2006. Ello sería la típica salida “fácil” de la justicia autoritaria en la que la Corte buscaría quedar bien simultáneamente “con Dios y el diablo”. En este caso podría cacarear su gran “compromiso social” al liberar un gran número de presos políticos, y simultáneamente cerrarle el ojo a Peña Nieto y sus huestes al mantener tras las rejas (por 112 y 67 años, respectivamente) a los principales dirigentes del movimiento, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez. Asimismo, sin duda seguirían en pie las nuevas órdenes de aprensión contra estas mismas figuras y otros dirigentes, como la valiente joven América del Valle.
Lo que hace falta no es una decisión “salomónica” de esta naturaleza, sino una clara muestra pública de la Corte de que en los tiempos actuales de construcción democrática simplemente no se vale la utilización de la ley para reprimir la crítica y la protesta social. La figura de “secuestro equiparado”, plasmada en el artículo 259 del Código Penal del estado de México, viola garantías constitucionales básicas y no tiene otro fin que controlar y amedrentar a los ciudadanos que participan en movimientos sociales. Asimismo, la decisión de la Procuraduría de Justicia del Estado de México de perseguir este delito en los casos de los dirigentes, así como la aparente fabricación y manipulación de las pruebas que se detecta en los expedientes, responde a evidentes motivos políticos. El ex ministro Genaro Góngora ya ha señalado que la actuación de las autoridades mexiquenses evidencia una clara sed de “venganza” política contra los pobladores de Atenco.
Llama la atención, por ejemplo, que mientras en el caso de Diego Fernández de Cevallos la procuración de justicia del país haya decidido cerrar el caso en aras de proteger la vida del político panista, en el caso actual el Estado ha hecho todo lo posible para encarcelar a dos dirigentes sociales que no hicieron más que utilizar las únicas estrategias disponibles para hacer escuchar su voz haciendo uso de su libertad de expresión y de los derechos de petición y de reunión consagrados en la Constitución. También es obligada la comparación con el también sospechoso e inverosímil caso Paulette que, en contraste con el caso actual, terminó con una negativa a ejercer la acción penal.
El riesgo de un retorno al autoritarismo en los próximos años no solamente se encuentra en la arena electoral, sino también en el seno de nuestras instituciones judiciales. Si no expulsamos el demonio hoy que todavía existe una pequeña ventana de oportunidad, todos podríamos terminar en el infierno. Como sabemos, el camino hacia ese lugar está sembrado no solamente de buenas intenciones, sino también de medias tintas en momentos de definición histórica, como el actual.
