La redacción
MÉXICO, D.F., 23 de junio (apro).- Con el peso de la acusación de secuestro equiparado por parte de las autoridades del estado de México, América del Valle, hija del líder del movimiento de los pobladores de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, decidió solicitar asilo político en la embajada de Venezuela.
Luego de realizar un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya trabaja en proyectos de sentencia dirigidos a ordenar la liberación de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), detenidos a raíz de los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006, los pobladores de Atenco se dirigieron a la representación de Venezuela en México, ubicada en la colonia Polanco, para refrendar su apoyo a América.
En entrevista, María Trinidad Ramírez, madre de América, informó que su hija se comunicó esta mañana para informarle de su decisión de pedir asilo político al presidente Hugo Chávez, para lo cual ya se encontraba en la embajada de Venezuela.
María Trinidad señaló que su hija está acusada de secuestro equiparado por parte de las autoridades del Estado de México, y confió en que el gobierno de Hugo Chávez le otorgue el asilo solicitado.
Los 12 integrantes del FPDT que permanecen presos enfrentan diversos cargos, sin embargo, todos ellos fueron acusados de “secuestro equiparado”, delito por el que se condenó a 67 años de prisión a algunos de los líderes, como Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa.
Fue la Procuraduría mexiquense la que los culpó de secuestro equiparado, y la justicia local avaló esas acusaciones por considerar que los integrantes del frente privaron de su libertad a funcionarios públicos del gobierno del estado, a fin de obligar al gobernador Enrique Peña Nieto a que liberara a uno de sus miembros y reanudaran las mesas de diálogo.
Ello se debió a que en una reunión entre funcionarios mexiquenses y el FPDT para tratar criterios sobre educación, estos últimos se percataron de que no se encontraba el secretario de Educación Pública local y retuvieron a los servidores públicos como medida de presión para obligar la presencia y atención del titular del ramo.
A partir de ese hecho, la SCJN se encargará de revisar si la retención de funcionarios públicos como una forma de protesta puede ser castigada como el peor de los secuestros.
