La mexicana Trinidad Ramírez, cuyo esposo está condenado a 112 años por encabezar los disturbios de San Salvador Atenco en 2006, pidió hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "que se haga justicia" y su marido sea liberado por una sentencia que cree desproporcionada.
"O está (el Supremo) para representar al pueblo mexicano o está para encubrir a funcionarios corruptos", sostuvo hoy, en declaraciones a la emisora MVS, Trinidad Ramírez.
El máximo órgano jurisdiccional mexicano analizará los recursos a las largas condenas impuestas a los activistas, entre ellas la más larga una de 112 años de cárcel a Ignacio del Valle, el próximo 30 de junio después de asumir en febrero de 2007 el caso.
"No somos delincuentes, nuestros compañeros no tienen por qué estar presos. Somos campesinos, habitantes de Atenco que en realidad lo único que queremos es que nos dejen en paz, que respeten nuestras formas de vida y que no se metan más por nuestras tierras", dijo Ramírez.
La SCJN reconoció ya en un informe preliminar del 13 de marzo de 2008 que hubo "violaciones graves" a los derechos humanos entre los detenidos, entre quienes decenas de mujeres denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de policías.
Además de la pena contra su esposo, la hija de Trinidad Ramírez, América del Valle, quien está prófuga, reapareció esta semana y pidió asilo a Venezuela para evitar ser detenida por tener en su contra una orden de arresto por secuestro ligada a los mismos hechos.
Ramírez señaló que había mantenido un contacto esporádico con América pero que desconocía su decisión y que acudió a verla a la embajada de Venezuela en Ciudad de México, donde hace dos días la activista se personó e hizo pública su petición de asilo en compañía de su abogado, Leonel Rivero.
El 3 de mayo de 2006 un conflicto social en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco derivó en una amplia y contundente intervención policial en la segunda localidad, ubicada en el Estado de México, vecino a la capital del país, el día 4 de mayo.
La acción policial desembocó en la muerte de dos personas, el arresto de más de 200 activistas, y la comisión de abusos sexuales contra "al menos 26 mujeres", según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que ha seguido de cerca el caso.
La intervención policial, que involucró tanto a agentes federales como del Estado de México, fue denunciada por activistas y organizaciones de derechos humanos como excesivamente violenta.
Hasta el momento no se han depurado responsabilidades entre los policías del Estado de México ni entre los federales que participaron en los hechos.
Los pobladores de Atenco siguen pidiendo justicia a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que ha recibido simpatías de varias organizaciones izquierdistas y de once premios Nobel, entre ellos la canadiense Jody Williams, quien visitó el pueblo en febrero pasado.
