La Suprema Corte dictaminará el miércoles si libera definitivamente o no a estos luchadores sociales
Llevan cuatro años en prisión por defender sus tierras y enfrentan condenas entre 35 y 112 años
Llevan cuatro años encarcelados por defender sus tierras y su pueblo. El próximo miércoles podrían ser absueltos. Son los 12 presos de San Salvador Atenco, un municipio agrícola 23 km al noroeste de Ciudad de México. En 2001 el Gobierno federal anunció que iba a construir allí un aeropuerto y decretó la expropiación de alrededor de 5000 hectáreas de suelo agrícola sin consulta previa y a 7 pesos el metro cuadrado (45 céntimos de euro). Ante la noticia los vecinos se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y salieron a las calles. Después de un año de movilizaciones continuas consiguieron cancelar el proyecto. Pero la alegría duró poco, y su osadía fue castigada con creces.
En 2006, cuando se volvía a replantear la posibilidad de construir el aeropuerto, el Ayuntamiento impulsó un programa de reordenamiento urbano por el cuál desalojaron varias veces a los floristas de las inmediaciones del mercado municipal. Los vendedores solicitaron el apoyo del Frente de Pueblos para gestionar una mesa de diálogo con el municipio para que les otorgaran un permiso temporal para vender sus flores donde lo hacían habitualmente almenos durante los días colindantes al 3 de mayo, festividad católica de la Santa Cruz, durante la cual se acostumbra a poner cruces con flores en las calles.
Sin embargo, el día siguiente a la reunión, el mismo 3 de mayo de 2006, las fuerzas de seguridad municipales y estatales, intentaron impedir que los floristas se ubicaran en su lugar de costumbre. Los floristas se opusieron y a su demanda se sumó el Frente y simpatizantes y de los municipios cercanos y la Ciudad de México, situada a 23 km al sur. Para aplacarlos, el Estado mandó un operativo nocturno, donde participaron 3500 efectivos, 8 policías por cada civil concentrado allí, y los reprimieron brutalmente, incluso a personas ajenas al conflicto, provocando violaciones masivas a los derechos humanos.
Las fuerzas de seguridad asesinaron a dos jóvenes, más de 200 personas -entre ellas 9 menores- fueron detenidas arbitrariamente, 207 fueron golpeadas o maltratadas, 26 mujeres, de las 47 detenidas, sufrieron violaciones y 5 extranjeros fueron expulsados ilegalmente del país, entre ellos dos catalanas, Maria Sostres y Cristina Valls, quiénes también denunciaron abusos sexuales.
Simon Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos PRODH, denunció en la reciente presentación del Informe Doce presos por la defensa de la tierra, es tiempo de su libertad que los hechos de Atenco no son un fenómeno aislado sino que se inscriben en el marco de la criminalización de la protesta social. “El estado optó por aplicar la fuerza de una manera deliberada e ilegal como muestran las cifras y el modus operandi”, aseveró.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dependiente del gobierno mexicano, reconoció las violaciones a los derechos humanos citadas anteriormente, debido a la “respuesta brutal y desproporcional de las fuerzas de seguridad”. Y por ello señaló la necesidad de identificar resposabilidades en mandos intermedios. Sin embargo cuatro años después sólo 9 agentes de la policía estatal han sido sometidos a sanción disciplinaria. Otro ejemplo de impunidad policial y gubernamental.
No obstante, la justicia mexicana si señaló culpables en el lado de los manifestantes. De los 200 detenidos, 12 siguen aún en prisión. Nueve estan en una cárcel común y tienen penas de 35 años por secuestro equiparado. El más mayor tiene 42 años, Inés Rodolfo Cuéllar, el único que pertenecía al Frente de Pueblos. Pero no lo agarraron en la manifestación, lo sacaron de su casa, a él y a su esposa, y allí lo golpearon y lo detuvieron. Los otros 8: Juan Carlos Estrada, Román Ordóñez, Jorge Ordóñez, Alejandro Pilón, Narciso Rellano, Edgar Eduardo Morales, Julio César Espinosa, Pedro Reyes Flores y Oscar Hernández; tienen entre 23 y 32 años, y ni siquiera pertenecían a ninguna organización. Eran albañiles, artesanos, comerciantes. Estaban allí porque era su pueblo y se los llevaron entre los 200 que detuvieron inicialmente.
Los tres restantes, Felipe Álvarez, Héctor Galindo y Ignacio del Valle, eran dirigentes del Frente. Algo muy peligroso al parecer, pues estan recluidos en un penal de máxima seguridad. Los dos primeros enfrentan condenas de 67 años y 6 meses, por secuestro equiparado y ataques a las vías generales de comunicación -haber cortado una carretera en una movilización-. Del Valle, cara pública del Frente, debe purgar 112 años en la prisión por los mismos delitos que sus dos compañeros.
Unas condenas evidentemente desproporcionadas, fruto de una figura penal muy cuestionada dentro del propio derecho mexicano. El artículo 259 del Código Penal describe así este delito:
“Se equipara al secuestro, al que detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de vida o con causarle un daño, sea a aquella o a terceros, para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza; en tal caso se impontrán las penas de entre 35 y 50 años”.
Es decir, retener presuntamente a unos funcionarios municipales que querían impedir que los floristas vendieran sus flores se equipara a un secuestro, aunque ni siquiera un secuestro convencional está tan penado. En este sentido, Miguel Concha, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, asegura que “este delito está destinado a castigar a los movimientos sociales, equiparando ciertas conductas al secuestro, cuestión totalmente falsa, pues lo de Atenco no fue un secuestro de ninguna manera”. Y señala que hay otros delitos que contemplan conductas similares y cuyas penas son muchos menores, como la coacción o el motín, con penas mucho menores, de máximo de dos años de prisión.
No obstante, más allá de las fechorías que se les presumen, ambos organismos de derechos humanos señalan que son “tantas las violaciones gravas encontradas durante el proceso de justicia, que no se puede considerar un juicio justo”. Se violentaron las condiciones para una defensa adecuada desde el momento de la detención y persistieron hasta la sentencia.
Por citar algunos detalles, hay que tener en cuenta que a varios de los presos se les torturó, se les mantuvo incomunicados, o se les interrogó sin la presencia de sus abogados. En el transcurso del juicio, pesaron mucho más los testimonios que tenían un cargo policial, aunque la identificación de los supuestos secuestradores fue totalmente inconsistente ya que solamente los identificaron mediante fotos, y posteriormente, ante las preguntas de los abogados defensores, los testigos contestaron que no era posible identificar a los secuestradores porque siempre mantuvieron la cara cubierta.
El Padre Concha, como se le conoce a Miguel Concha, se indigna al recordarlo y afirma: “existen casos extremos que rayan en el descaro, en la burla. Hay cuatro declaraciones de policías que son completamente idénticas incluso en los errores ortográficos. Sólo cambia el nombre del declarante. Cualquier jurista debería haberlos rechazado, sin embargo han servido de pruebas condenatorias”.
El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icasa, subraya que estos casos “son paradigmáticos en la administración de venganza por parte del estado mexicano y revelan que nuestro sistema de justicia es un cuello de botella donde todos y todas no tenemos el mismo acceso”. Asimismo, los tilda de ser “un retroceso enorme en la agenda de los derechos humanos que regresa a los momentos más duros de los años 60 y 70”.
Y las vulneraciones a los derechos de estos 12 presos no se dieron solo en el ámbito legal, ya en prisión, ellos y sus familiares han denunciado constantes vejaciones, castigos y aislamientos por parte de sus custodios, justamente por tratarse de presos políticos. Además de padecer el hacinamiento y las penurias propias de las cárceles mexicanas. Las propios familias denuncian hostigamientos y tratos denigrantes a la hora de acceder a visitar a sus parientes.
Por todo esto, tanto los familiares como el Frente en bloque, no ha cesado la lucha en los últimos cuatro años. Y ahora juegan su última baza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está deliberando el amparo definitivo de los 12 casos. En sus manos está, finalizar o no, el calvario de los presos y sus familias.
La sentencia se espera para el miércoles 30 de junio. Mientras, en estos últimos días, se multiplican los actos nacionales e internacionales en solidaridad con estos presos. Once premios nobeles -entre ellos la canadiense Jody Williams, quién recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997 por su luchar contra la eliminación y prohibición del uso de minas antipersona y que aparece en el siguiente video- instaron, en una carta, al presidente Felipe Calderón, que “ponga atención positiva a las llamadas del pueblo de Atenco, a quienes apoyamos plenamente, para liberar a los 12 presos políticos, revocar las sentencias condenatorias y cancelar las órdenes de aprehensión de los perseguidos de Atenco después de los ataques de 3 y 4 de mayo de 2006. También apoyamos a las 50 mujeres en sus deseos de ver una investigación seria y una condena de los que las violaron y también que el estado les brinde restitución por todo lo que han sufrido durante y después del mayo de 2006”.
A esta ilustre iniciativa se han sumado también ciudadanos de todo el mundo que mañana participaran en una acción global coordinada, que con una marcha central en Ciudad de México y concentraciones en otras ciudades del mundo, entre ellas Barcelona, intentará forzar una resolución favorable de los juristas que les devuelva la libertad a estos presos.
La dirigente del Frente de Pueblos, Trinidad Ramírez, pide a la Corte que “haga justicia” y que demuestre si “está para representar al pueblo mexicano o para encubrir a funcionarios corruptos”. Ramírez pasó a la primera línea de lucha, después que encarcelaran a su marido, Ignacio del Valle, el que enfrenta 112 años de cárcel.
La semana pasada, el periódico mexicano La Jornada, publicó que hay consenso en los magistrados en que 10 de los acusados queden en libertad absoluta, mientras que sólo dos de cinco están en favor de conceder el amparo liso y llano a los líderes Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.
Después de conocer esta notícia, Ramírez reiteró su demanda que se libere a los 12 presos, también a su marido, y recordó que “no somos delincuentes, nuestros compañeros no tienen por qué estar presos. Somos campesinos, habitantes de Atenco que en realidad lo único que queremos es que nos dejen en paz, que respeten nuestras formas de vida y que no se metan más por nuestras tierras”.
Para el historiador y politólogo Adolfo Gilly, estos cuatro años de encarcelamiento de los presos de Atenco “visualizan la ilegalidad mediocridad e incapacidad del gobierno federal y el conjunto de funcionarios corruptos y alma de piedra que dirigen el gobierno del estado de México.” Y aboga por su libertad porque más allá de “reparar la prosecución de una injusticia que es un delito en si mismo, contribuiría a distender el clima de inseguridad, tensión y miedo que vivimos en este país”.
Pero este miedo no acaba con la libertad de los doce presos. Sin ir más lejos, la hija de Trinidad Ramírez e Ignacio Del Valle, América del Valle, acaba de pedir asilo político a la embajada de Venezuela después de esconderse de la policía durante cuatro años, porque sobre ella recae una orden de detención por el mismo delito que su padre. Su abogado alegó que América Del Valle no se entrega porque no confía en la justicia, y ella lo hizo evidente en una comunicado que hizo público desde la sede de Venezuela en México: “todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá.(…) Que el mundo entero voltee a mirar lo que sucede en México. Que observe atentamente lo que está por ocurrir en estos días: que la mayor instancia de justicia de nuestro país, es incapaz de plantar cara ante una decisión de Estado, aún cuando éste cometa la más burda y lascerante de las injusticias”.
La moneda, aún, está en el aire.
