–Es un episodio que ha marcado esta gestión –dice el gobernador Enrique Peña Nieto.
“He explicado con toda amplitud qué elementos me llevaron a tomar esta decisión. Además, la opinión que tuvo la Suprema Corte sobre esta actuación estableció muy claro el legítimo derecho que tiene el Estado en uso de la fuerza para restablecer el orden y la paz. Se actuó con estricto apego a la ley, se procesó a las personas por las faltas cometidas en términos de lo que la ley prevé.”
–Pero de los policías sólo uno permaneció en la cárcel unos pocos meses.
–Los delitos de que se acusó a unos y otros fueron completamente distintos. En todos los casos en que la actuación policiaca se reconoció que tuvo excesos, sus miembros fueron procesados.
–A los dirigentes les cargaron decenas de años.
–Quizá sí haya una desproporción en la pena, ésa es una opinión muy personal. La penas las impuso el juzgador y son las mínimas que la ley establece, aunque podrían, en mi opinión, si ser desproporcionadas.
–El juzgador no las dictó sobre la nada, sino sobre un expediente que ustedes integraron.
–Y acreditamos que el delito se había cometido. Me parece que la pena es desproporcionada, pero que se apega al principio de ley, a lo que ésta establece. Esto podría dar lugar a que eventualmente el legislador revisara si este tipo penal le merecen sanciones de este orden. Una modificación, al margen de lo que próximamente falle la Suprema Corte, pudiera darle un beneficio de ley a quienes fueron procesados al amparo de esta legislación. Pero ése es un tema que estará por verse.
–¿Hay órdenes de aprehensión contra los dirigentes de Atenco?
–No hay tales. Hay órdenes contra la señora Del Valle, que incurrió en una falta similar.
–¿No hay otras órdenes que no se hayan ejercido?
–No. Ésa ha sido una especulación que se ha venido dando, pero no hay ninguna otra orden de aprehensión.
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