Sí. Lo sé. A muchos, los de Atenco o no les simpatizan o simplemente les son indiferentes. Sí. También sé que muchos, muchísimos no apoyan sus protestas. Es más, las detestan, las odian. Sí. También sé que sus gritos de protesta suenan huecos, casi sin sentido, por ser, quizá, los mismos que se han repetido durante tantos años en tantas y tantas protestas.
Porque pocos, realmente pocos, creen que haya presos políticos en el país. O simplemente les vale si los hay o lo que les pase. Pero los hay. O al menos esa es la conclusión a la que han llegado varios de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quizá no lo digan en estos términos, y quizá no digan que tienen la impresión de que en el caso de Atenco se gestó una venganza política desde el gobierno mexiquense de Enrique Peña Nieto.
Pero la sentencia que emitirán este miércoles dejará constancia de ese hecho. Porque, salvo una sorpresa en contrario, ordenarán la liberación de los 12 presos de Atenco.
Sí. Derivado de los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, algunos de los pobladores incurrieron en algunas faltas, pero de ahí a que se les acuse de dos secuestros y que por cada uno se les sentencien a penas de 67 años, hay mucha distancia. Porque, no lo dude, en su caso se puso en marcha -conforme a lo detectado en sus expedientes- toda la maquinaría del gobierno del Estado de México para llevarlos a prisión, a fin de deshacerse de ellos y de su activismo.
La procuraduría General de Justicia del Estado de México se encargó de armar averiguaciones totalmente a modo y los jueces y magistrados del Poder Judicial de la entidad se encargaron de avalarlas.
Todo, en términos muy similares a los que vivieron los indígenas que pasaron más de 10 años en prisión, injustamente, por el caso de la matanza de Acteal, y que también recientemente fueron liberados por la Corte.
Todo, igual, en términos, muy similares a los del caso de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron sentenciadas a 21 años de prisión, por haber secuestrado a seis agentes federales durante un operativo antipiratería en un tianguis, y que fueron liberadas por la Corte.
Porque al igual que en Acteal y en el caso de Alberta y Teresa, en el asunto de Atenco el ministerio público alteró pruebas, utilizó testigos a modo, y los acusó de delitos que no cometieron.
Es cierto los de Atenco retuvieron a funcionarios (las primeras federales y los segundos estatales) como un mecanismo de protesta. Pero la realidad es que no incurrieron en el delito de secuestro equiparado del que se les acusó y sentenció.
Y si bien, de pronto hay quienes no comparten sus formas de protesta, sus manifestaciones, su ideología, sus convicciones, lo cierto es que no se puede permitir que se les acuse y sentencie por delitos que no cometieron, porque sería aceptar que cualquiera pueda ser víctima –aunque suene a un lugar común- de una injusticia de este tipo.
O, peor aún, será permitir que a cualquiera nos vaya peor que a ellos. Porque al menos ellos, gracias a las protestas que mantuvieron, a su movilización, a su activismo, lograron que su caso –después de cuatro años, ojo- sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una Corte que no sólo debe liberar a gente que está en prisión injustamente, sino que debe encargarse de que los criterios que emita en estos asuntos realmente sirvan y sean usados para que más gente -que no puede llegar al máximo tribunal del país- viva procesos similares.
Debe hacer que sus criterios permeen entre los abogados que tienen la obligación de usarlos para defender a sus clientes y, por sobre todo, entre los jueces que son quienes deben usarlos para no validar las causas injustas impulsadas por las procuradurías.
No olvidemos que todo lo negativo que han hecho las procuradurías en los casos que hemos comentados ha sido avalado por jueces federales o locales.
¡En fin!
Tengamos en cuenta que detrás del caso Atenco, lo que está en juego es que todo mundo pueda tener acceso a un debido proceso.
Buen día.
