Javier Flores
E
l informe presentado el domingo 6 de septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deja más claro que nunca que la investigación oficial sobre el caso en que desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa genera más dudas que certezas y es una tarea inconclusa. Al margen de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), al menos tres organismos acreditados para participar en las indagaciones, dos de ellos internacionales (el propio GIEI y el grupo de forenses argentinos), y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han encontrado fallas y omisiones en la indagación oficial y han realizado recomendaciones para profundizar en las mismas con el fin de determinar lo que realmente ocurrió.
Pero no sólo eso. A partir del reporte del GIEI titulado: Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, la historia construida por las autoridades muy probablemente tendrá que dar un giro –el cual no sería voluntario, sino obligado–, pues las conclusiones a las que llega el grupo internacional de expertos echa por tierra uno de los puntos medulares de la historia oficial: los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula.
Si no fueron asesinados y cremados ahí, entonces ¿dónde están?, ¿qué hicieron con ellos?
Conscientes de que la hipótesis de la cremación en el basurero de Cocula es un aspecto nodal en la investigación, el GIEI decidió realizar una valoración técnica del caso y pidió un peritaje independiente a un reconocido especialista, el doctor José Torero –cuyas credenciales académicas y científicas son del más alto nivel en su campo–, a quien se solicitó un estudio (que fue publicado como uno de los anexos del informe), que incluyó los siguientes aspectos: “1) la posibilidad de la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, en el tiempo y con las circunstancias relatadas por algunos presuntos responsables, 2) que analizara el trabajo de recolección de evidencia efectuado por los peritos y 3) que nos ilustrara acerca de lo que se requeriría para que 43 cuerpos quedaran en condición de incinerados o ‘cenizas’”
Entre las nueve conclusiones a las que llega Torero, luego de un análisis muy riguroso de los hechos y de una visita a México en julio de este año, destacan algunas consideraciones que hace sobre el dictamen de incendios realizado en su momento por la PGR, el cual, dice el experto contratado por el GIEI, no tuvo los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esta naturaleza; no fue realizado de acuerdo con las reglas internacionales generalmente aceptadas por la comunidad forense en fuego, y las conclusiones son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación (pp. 420-421). Así, la conclusión principal de Torero es que “(…) no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
Aunque desde el momento en el que se hizo público el informe del GIEI comenzaron a surgir comentarios adversos y críticas al mismo, por quienes defienden la historia creada por la PGR como verdad no solamente
histórica, sino inmutable, un hecho positivo a mi juicio, ha sido la respuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de no desestimar las aportaciones del GIEI, lo que permitiría continuar con las indagaciones en el sentido propuesto por el grupo internacional.
El mismo día en el que fue presentado el informe, la procuradora Arely Gómez leyó un comunicado en el que resalta algunas coincidencias entre la investigación de la PGR y el GIEI y, específicamente, sobre el tema de la incineración de los cuerpos en el basurero, dijo que solicitará la realización de un nuevo peritaje “(…) a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”. Lo cual está bien, pues si se hace correctamente, en mi opinión corroborará lo presentado por Torero y la PGR tendrá que contar una historia completamente diferente con un mayor fundamento científico… y quizás con mayores aproximaciones a la verdad.
