Cabe recordar que las primeras indagatorias señalaron como responsables a una organización local dedicada al narcotráfico y al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien cuatro días después pidió licencia al cargo y se dio a la fuga junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Al día siguiente el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por primera vez sobre los incidentes de Iguala, señalando que la responsabilidad de esclarecer los crímenes correspondía al gobierno estatal, encabezado entonces por Ángel Aguirre Rivero.
Las tareas de búsqueda de los muchachos normalistas, infructuosas hasta la fecha, dieron pie al descubrimiento de innumerables fosas clandestinas en la región, y permitieron sacar a la luz en toda su crudeza el fenómeno recurrente y constante de las desapariciones en Guerrero, como una expresión particularmente aguda de una práctica criminal que tiene lugar en todo el país.
La atrocidad generó una movilización social y popular sin precedentes en solidaridad con las víctimas de la agresión, en exigencia de la presentación de los jóvenes desaparecidos y en demanda de un esclarecimiento pleno de los hechos y de la identificación de los responsables.
Como resultado de esa intensa presión, el 4 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que atraería la investigación del caso. Jesús Murillo Karam, quien ocupaba la titularidad de esa dependencia, presentó el 7 de noviembre una serie de conclusiones parciales según las cuales los 43 normalistas habían sido capturados por policías municipales y entregados al cártel conocido como Guerreros Unidos, cuyos integrantes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. La responsabilidad intelectual de todo ello recaía, según Murillo Karam, en Abarca y Pineda, quienes ya habían sido capturados en Iztapalapa, en una acción que –como todas en este caso– generó suspicacias de la sociedad.
Para entonces las movilizaciones se habían extendido a localidades pequeñas, medianas y grandes del país, e incluso a múltiples ciudades del extranjero. El 27 de enero de este año Murillo Karam realizó una nueva presentación que cambiaba el móvil del crimen: el ex alcalde ya no ocupaba, en ese segundo relato, el papel protagónico: la agresión se habría originado porque los integrantes de Guerreros Unidos habrían confundido a los normalistas con miembros de una facción rival; la autoridad mantuvo la narración de la incineración en el basurero y todo ello fue proclamado
verdad histórica.
En todo ese tiempo el gobierno dio crédito a los presuntos culpables materiales y desechó los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, quienes han sostenido desde un inicio que en la agresión participaron elementos de las policías estatal y federal así como integrantes del Ejército. Tanto los normalistas como los familiares de los desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les han dado apoyo afirman, con base en elementos que constan en la averiguación, que lo ocurrido en Iguala fue un crimen de Estado en el que participaron miembros de los tres niveles de gobierno. Por otra parte, tanto científicos de la UNAM como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aportaron datos que hacen insostenible la versión oficial de la quema de cuerpos en Cocula.
Los cuestionamientos a la narración oficial de los hechos fueron sistematizados en forma exhaustiva por el informe que presentó hace tres semanas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese documento enlista, además, numerosas omisiones, irregularidades, ocultamientos e inconsistencias en la investigación de la PGR, niega en forma contundente la posibilidad de la incineración y aporta elementos nuevos no considerados o no encontrados por los investigadores oficiales. Por añadidura, el informe del GIEI formula recomendaciones al gobierno mexicano que son coincidentes con las demandas que familiares, compañeros y asesores de los asesinados, heridos y desaparecidos han enarbolado desde hace un año.
La reunión sostenida entre los familiares y compañeros de los jóvenes desaparecidos y Peña Nieto en vísperas de este aniversario fue emblemática de la incapacidad oficial de dar respuesta a las demandas de esclarecimiento, justicia y trato digno. El Presidente rechazó las ocho peticiones puestas sobre la mesa por su contraparte y, tras el encuentro, los padres manifestaron su decepción por la negativa a asumir cualquier compromiso sustantivo que permita recuperar la confianza en una procuraduría que, expresaron, los ha engañado de manera reiterada. La reunión se saldó, pues, con un nuevo fracaso de las autoridades en su búsqueda de credibilidad y en una nueva frustración para los de Ayotzinapa.
En suma, en el curso de este año se ha hecho evidente la incapacidad de las instituciones para investigar, esclarecer y resolver actos tan atroces como el de Iguala, su falta de flexibilidad y sensibilidad y su carencia de voluntad política para hacer frente a la impunidad que campea en el país. Por el contrario, las acciones oficiales parecen una simulación a ojos de muchos y se traducen en ofensas adicionales al agravio inicial. Conforme el régimen se enreda en una crisis política cada vez más aguda, la sociedad mantiene vigente y multiplicada la exigencia de verdad y justicia.
