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| Marchan a 11 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- Académicos e investigadores de 16 instituciones de nivel superior en México exigieron al presidente Enrique Peña Nieto el esclarecimiento de todas las “inconsistencias y engaños” contenidos en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, con saldo de seis muertos y 43 normalistas desaparecidos.
En una carta enviada al Ejecutivo, solicitaron que se amplíe de manera indefinida el plazo de estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), hasta que se aclaren los sucesos, y que se les garantice el acceso a “toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas” que estuvieron vinculadas con los hechos.
“Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación de una historia revictimizante y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe (del GIEI-CIDH) e investigar a las y los servidores públicos que obstruyeron la justicia”, puntualiza la misiva firmada por 87 académicos e investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana (UIA), entre otras instituciones.
El texto, enviado también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora general de la República, Arely Gómez, y a las cámaras de Diputados y Senadores, destaca que en el informe del GIEI que se hizo público el pasado domingo 6, se informó de diversas “inconsistencias y engaños contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Añade: “Resulta una ofensa para las víctimas y la sociedad en general, que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronunciaran en contra del mismo”.
En ese sentido, los firmantes coinciden en que el Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, “con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia”.
Y consideran que aunque el mandato del GIEI se amplió por un par de meses, ante “la magnitud del trabajo que realizan debe considerarse un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos”.
Además, el Estado mexicano, a través de todas sus autoridades, “debe respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento en materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala”, apunta la misiva.
En ese contexto, los académicos e investigadores exigen al gobierno mexicano “el cumplimiento de las recomendaciones” hechas por el Grupo de Expertos de la CIDH y que se individualice la responsabilidad de quienes “actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición” ocurridas en Iguala.
También piden la participación del GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen y su conformidad con la elección de peritos independientes, así como su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.
Finalmente, exigen “no criminalizar las manifestaciones públicas que se realicen, las cuales derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia”.
