jueves, septiembre 10, 2015

El informe Ayotzinapa debe verse como un aporte al estado de derecho: GIEI

  • Lamenta que extranjeros tengan más credibilidad que las instituciones locales
  • El grupo ofrece disculpas por no poder brindar el paradero de los 43 normalistas
Foto
Carlos Martín Beristáin y Francisco Cox, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se reunieron durante dos horas y media con senadoresFoto Cristina Rodríguez
Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de septiembre de 2015, p. 12
Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacaron en el Senado: vean en el informe un aporte a la sociedad mexicana para construir las instituciones necesarias para que exista la confianza justamente en el estado de derecho.
Un país requiere, subrayaron los integrantes del GIEI ante senadores de todas las fuerzas políticas, que sean sus instituciones las que tengan la capacidad de investigar y brindar justicia. No podemos ser solamente extranjeros los que podamos hacerlo.
Los expertos sostuvieron que todos los datos de sus pesquisas fueron resultado de la consulta de la investigación que hizo la Procuraduría General de República (PGR), testimonios de estudiantes y familiares de las víctimas.
Carlos Martín Beristáin y Francisco Cox, miembros del GIEI, se reunieron durante dos horas y media con los legisladores, ante quienes presentaron las conclusiones de su informe sobre Ayotzinapa y dejaron claro: no fincamos responsabilidades, pero en el informe decimos que el Ejército mexicano, la Policía Federal, las policías estatales y locales estuvieron enteradas en todo momento de lo que ocurría con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, gracias al centro de monitoreo C-4.
Los expertos aseveraron en el Senado: en este lugar, que es la cuna de la democracia, uno tiene que ofrecer disculpas de no poder brindar una respuesta a la sociedad mexicana de dónde están los muchachos.
Subrayaron que hay claves en la desaparición que están en la historia de cómo pasaron las cosas y uno tiene que volver hacia atrás para saber qué certeza tenemos de todo lo que sucedió esa noche.
Carlos Martín Beristáin sostuvo: no decimos qué había en el quinto autobús. Lo que sí señalamos es una hipótesis muy fuerte en función de los elementos de todas esas evidencias circunstanciales que tenemos y que no tienen otra explicación posible que nos ayude a entender por qué ese autobús no existía, por qué no aparecía en el expediente, por qué cuando aparecía el relato era distinto al de los estudiantes.
En ese contexto, dijo que “consideramos que esa colaboración con autoridades internacionales puede ayudar a ofrecer luces sobre la posibilidad de que el quinto autobús llevara droga.
Era importante para nosotros saber si había otros agentes involucrados. Era muy importante esclarecer qué pasó con los estudiantes. Y nos dimos cuenta que la investigación y las declaraciones no coinciden. Por ejemplo, no concuerdan las versiones del quinto autobús, tampoco por qué ese ataque indiscriminado y, además, por qué la Policía Federal escoltó al quinto autobús hasta la caseta de cobro.
Los investigadores independientes sostuvieron que fue un ataque atroz contra los estudiantes. Todas las corporaciones policiacas sabían que estaba ocurriendo, pero insistieron en que el quinto autobús no está registrado en la investigación.
Los integrantes del GIEI manifestaron que el Senado tiene que enfrentar en breve el proceso de la ley para personas desaparecidas, y les expresamos que son fundamentales las primeras 72 horas para la búsqueda, luego de ese periodo se pierden muchas evidencias.
La senadora priísta Diva Hadamira Gastélum sostuvo ante los expertos que “no podemos regatear al gobierno de Enrique Peña Nieto su iniciativa de requerir a la CIDH para el esclarecimiento de los hechos.
La senadora Dolores Padierna, del sol azteca, manifestó que el Senado debe insistir en la creación de dos fiscalías. Y además se debe pugnar por fincar responsabilidades a funcionarios que mintieron y fabricaron la verdad histórica. Debe haber fincamientos penales.
Carlos Puente, del Partido Verde, dijo que hay que reconocer el informe de la CIDH como una contribución, y defendió la investigación de la PGR y sobre todo que el presidente Peña Nieto ha dado la instrucción de que se incorporen esas recomendaciones a la investigación.