Gobierno utiliza a Isabel Miranda de Wallace para sacar a la CIDH del caso Ayotzinapa
Por: Lilia Arellano / 22 septiembre, 2015
A la administración federal de Enrique Peña Nieto ya no le es posible ocultar la profunda crisis de derechos humanos que resiente el país, la cual se ha agravado a causa de sus deficiencias en la administración y procuración de justicia. Los casos sonados de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero; la masacre de Ecuandureo, Michoacán; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México; el presunto enfrentamiento en Tanhuato, Michoacán; y las masacres de San Fernando, Tamaulipas, así como la recurrente desaparición forzada de personas, son ejemplos palpables de la magnitud de dicha crisis, pero también de la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno a las recomendaciones emitidas por organizaciones internacionales dedicadas a esta labor, incluida la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno de Peña Nieto ha sido exhibido a nivel internacional por su falta de capacidad para investigar las desapariciones forzadas y para atender las recomendaciones de organismos internacionales. Y ello no es difícil dado que no se han mejorado los protocolos de investigación; no hay una base de datos confiable; no hay una sola definición legal sobre quién es un desaparecido en las leyes federales y estatales; no hay protección legal a los familiares de las víctimas; y no se investiga a fondo las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas armadas. La Organización de las Naciones Unidas ha cuestionado la actuación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y sobre todo que no exista un plan para su retiro de las calles.
La profunda crisis de derechos humanos en el país, de acuerdo con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se manifiesta en las desapariciones forzadas -12 mil registradas en el sexenio de Felipe Calderón y más de 9 mil en lo que va de la gestión de Peña Nieto-, ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad, tortura como método de investigación, la tensión entre el combate a la delincuencia y la promoción del derecho, la violación a los derechos de los migrantes, trata de personas e impunidad de los ataques a periodistas.
Los Esfuerzos de las autoridades están enfocados al ocultamiento de la situación, en lo que tampoco tienen éxito. En el escándalo internacional en el que se convirtió el caso Ayotzinapa, han intentado desde descalificar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta pasar por alto el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que han derrumbado la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) y han puesto en evidencia las fallas en la investigación, pero sobre todo la intención de darle carpetazo al asunto y desligar a las fuerzas armadas de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, sin lograrlo, lo que ha sembrado más dudas sobre el trasfondo que derivó en el asesinato de estudiantes y la desaparición de los normalistas, y todo parece indicar que tiene que ver con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes de esa región del estado de Guerrero hacia los Estados Unidos, y la compleja red de protección oficial al cártel de los “guerreros unidos”.
En unas horas más, este jueves, Enrique Peña Nieto sostendrá la segunda reunión con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala. Fuentes de Presidencia habían confirmado que se realizará a las 13 horas en la Residencia Oficial de Los Pinos. La primera reunión de realizó el 29 de octubre de 2014, con la familia de los 43 estudiantes desaparecidos, en la que estuvieron también integrantes del Comité estudiantil de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Como se recordara, por la parte gubernamental participaron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño. A pesar de que como resultado del encuentro se firmó una minuta de 10 puntos con diversos compromisos de parte del gobierno para avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el resultado de dicho encuentro, según los padres de familia, fue de total decepción.
Para la reunión del jueves, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anticipa que no sólo “será positiva”, sino que también “cumplirá con las expectativas”. Adelantó que en el encuentro también estarán presentes integrantes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
Dentro del marco de la entrevista destaca el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) defiende la “verdad histórica” de su ex titular, Jesús Murilo Karam, a pesar de las evidencias científicas presentadas en contra tanto del GIEI como del EAAF, que hablan de la imposibilidad de que los normalistas hayan sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus cenizas hayan sido arrojadas al Río San Juan, en Cocula, donde presuntamente desaparecieron, lo que desmorona por completo la “versión histórica” de la desaparición de los normalistas.
Dentro del marco de la entrevista destaca el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) defiende la “verdad histórica” de su ex titular, Jesús Murilo Karam, a pesar de las evidencias científicas presentadas en contra tanto del GIEI como del EAAF, que hablan de la imposibilidad de que los normalistas hayan sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus cenizas hayan sido arrojadas al Río San Juan, en Cocula, donde presuntamente desaparecieron, lo que desmorona por completo la “versión histórica” de la desaparición de los normalistas.
Las autoridades han atacado ese flanco intentando sacar a la CIDH del caso, para lo que han utilizado recientemente a la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien con una gran falacia y retórica señala que no han trabajado con bases científicas lo que ha llevado a la politización del caso. También acusa un presunto conflicto de interés del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, por lo que exigió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abandone la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Acompañada por el primer zar antidrogas de la PGR, Samuel González Ruiz, Isabel Miranda salió el lunes a defender al titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y encargado de al indagatoria sobre Ayotzinapa, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y a cuestionar la calidad de los 43 normalistas desaparecidos como víctimas, al señalar que fueron los primeros en infringir la ley para tomar autobuses y dijo que incluso podría darse el caso de que ni siquiera estén desaparecidos, ya que sus padres no han presentado la denuncia correspondiente por secuestro.
CRECE LA IRA
Y este martes, elementos de la Policía Federal y Estatal de Guerrero impidieron el paso de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de familia, que se trasladaban a la ciudad de México, lo que desató una trifulca. En la carretera federal que comunica a Tixtla con Chilpancingo, los estudiantes tomaron un trailer y le prendieron fuego. Cuatro policías estatales y tres estudiantes resultaron heridos durante la trifulca. Los normalistas y los padres de familia optaron por regresar al plantel. La movilización formaba parte del plan de acción que incluye manifestaciones durante esta semana, previo a la marcha que se realizará en la ciudad de México el próximo 26 de septiembre, a un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El enfrentamiento entre estudiantes con policías antimotines y el incendio del trailer, sirve a las autoridades para descalificar este tipo de movimientos ante la opinión pública. Pero según los estudiantes, durante el forcejeo un policía golpeó a la madre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos, lo que provocó la retención de cuatro agentes, que tras una hora fueron llevados a las instalaciones de la Policía de Tixtla, donde recibieron atención médica. Pero, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, fueron 11 los uniformados heridos en la refriega.
En tanto, en el Senado de la República quieren “hacer más bolas el engrudo”, al proponer, el PT, a la Procuraduría General de la República (PGR) la creación de dos fiscalías para investigar el caso Ayotzinapa y cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Éstas, según la senadora Layda Sansores, se responsabilizarán de las indagatorias relacionadas con el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, así como de la búsqueda y localización de los estudiantes desaparecidos.
