La presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa (Guerrero, México) está generando múltiples reacciones que exigen al gobierno de Peña Nieto que ponga en marcha una nueva investigación que permita llegar a la verdad sin reservas. Caiga quien caiga.
A pesar del deseo del presidente expresado con aquel “ya supérenlo” dirigida a los familiares y ciudadanos en general, en su visita a Guerrero en diciembre del año pasado (dos meses después de la desaparición de los chicos), quien tendrá que superar las consecuencias de la falta de investigación honrada, o el ocultamiento de la verdad, según como se mire, va a ser él. Tendrá que ponerse al frente de unas iniciativas y acciones que no se han llevado a cabo hasta ahora, puesto que hay demasiadas miradas dirigidas a su actuación. Y las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina… Puede ser una catástrofe para el PRI, el partido en el poder en estos momentos.
Para Amnistía Internacional (AI), el manejo negligente de la investigación por parte de las autoridades mexicanas expone un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“La tragedia de Ayotzinapa es uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México. Ha expuesto cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las huellas. A menos que el presidente Peña Nieto tome acción real, ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores,” dijo hace unos días Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La inquebrantable determinación del gobierno mexicano de convencer al mundo que los estudiantes fueron asesinados por una banda de narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero está actuando como una distracción de cualquier otra valiosa línea de investigación. En particular, deberían explorar el rol de los militares y agencias responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no tomaron acción a pesar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo”, ha asegurado Erika.
Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos* piden que se valoren los elementos nuevos que revelaron el informe del GIEI. Hace unos días le enviaron una carta a Peña Nieto en la que, entre otras cosas, dicen que “para concluir con bien esta investigación y castigar a los culpables, para saber realmente qué sucedió aquella noche trágica, es importante que nadie goce de privilegios ni de impunidad”. Y que ya que el combate a la corrupción e impunidad ha sido algo central en su discurso el pasado 2 de septiembre en el Tercer Informe de Gobierno, confían en que lo lleve a cabo.
Lo que ha expuesto el GIEI preocupa profundamente a las universidades que conforman el Sistema Universitario Jesuita, quienes opinan que es fundamental que el Estado mexicano cumpla con plenitud las más de 100 recomendaciones hechas por el GIEI a lo largo de seis meses de trabajo, incluyendo aquellas plasmadas en su informe final relativas a la investigación, la determinación de responsables, la búsqueda de los normalistas, la atención a las víctimas y las relacionadas con la desaparición de personas en México.
También la organización que dirige monseñor Raúl Vera, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina “Mons. Oscar Arnulfo Romero” (SICSAL) se ha pronunciado hace unos días. Dicen que Ayotzinapa “es la suma de nuestras injusticias y el emblema de la ignominia, pero también la gota que derramó el vaso, el símbolo de la dignidad y la resistencia, la acumulación de nuestras indignaciones frente a una realidad trágica de violencia criminal, económica e institucional, y ante la inacción de un Estado que se empeña en negar la tragedia nacional, en dar la vuelta a la página y cerrar el caso dando por concluidas investigaciones que nunca comenzaron, y desestimando aquellos esfuerzos auténticos por encontrar la verdad y la justicia en este caso, como los de los padres y madres de los 43 y los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH”.
La lucha continúa día a día
Omar García
Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes, junto con sus familiares, han iniciado una petición a través de Change.org después de conocer el contenido del informe del GIEI, porque consideran que el gobierno mexicano les mintió sobre el paradero de sus compañeros. Su intención es que les reciba Peña Nieto para que se comprometa públicamente a aceptar todas las recomendaciones de los expertos, y a que este grupo permanezca indefinidamente en México para acompañar la investigación.
Así colocan diariamente en las redes sociales una foto del presidente mexicano.
Por otra parte, todos los días, las redes sociales recuerdan uno a uno a los jóvenes estudiantes, a Rubén Espinosa, y a las cuatro mujeres ejecutadas en el DF junto a él a principios de agosto pasado. En ambos casos hay un serio intento de “desviar” responsabilidades, de encubrimiento. De la mano del perseverante Epigmenio Ibarra (@epigmenioibarra), periodista y productor de TV, cientos de personas hacen un “pase de lista” con el lema #RespondePeñaNietoDondeEstan. El mensaje incluye fotografía y nombre de cada uno de ellos e imágenes contundentes. A Peña Nieto le recuerdan que #Ayotzinapa no se olvida con una fotografía suya, en donde media cara es una calavera.
Insisten a diario en pedir explicaciones, porque ya nadie confía en las fuentes oficiales, que siguen insistiendo en que los principales responsables de este caso son Abarca (el que era alcalde de Iguala) y su mujer (aunque ya hay casi un centenar de detenidos). La versión es que, como consecuencia de que secuestraron a su suegra, la pareja cayó en manos del grupo conocido como La Familia, quienes les exigieron que dejaran en sus manos la localidad. Y debieron de hacerlo, pues está constatado que 7 de cada 10 desapariciones forzadas efectuadas en esa zona del estado de Guerrero y que están en averiguación, se registraron en Iguala durante el gobierno de los Abarca.
En el caso de Rubén, las autoridades se empeñan en criminalizar a los ajusticiados. Intentan por todos los medios que se crea que el asunto fue un ajuste de cuentas por drogas. Las explicaciones son demasiado torpes, e increíbles.
Que se trata de acallar y castigar la verdad es indiscutible. Unos días después, el 8 de agosto, fue asesinado Miguel Ángel Jiménez Blanco, uno de los fundadores del Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Le dispararon en el poblado de Xaltianguis, en la zona rural de Acapulco, de donde era originario. Poco después de la desaparición de los normalistas, Jiménez Blanco fue designado por la Unión para apoyar la búsqueda de “Los otros desaparecidos”, víctimas de la delincuencia organizada, por lo que encabezó brigadas de familiares que fueron a excavar decenas de fosas en Iguala (Guerrero). ¿Será el último ajusticiado?
Nueva oportunidad a las autoridades
Parece que Peña Nieto está conforme con que el grupo de expertos que componen el GIEI continúe con su labor un par de meses más. ¿Servirá para sacar a la luz aquello que se han empeñado en ocultar desde las instituciones gubernamentales? ¿Hay posibilidades de que los padres de los 43 puedan dar cristiana sepultura a sus hijos, o será un caso más de impunidad?
Porque, desde la desaparición forzada de los estudiantes, se han descubierto más de 70 fosas comunes con los restos de decenas de personas. La mayor parte de los cuerpos no se han identificado todavía. Decir que existe una crisis de derechos humanos en México no es exagerado: hay más de 26.500 personas desaparecidas o cuyo paradero es desconocido en todo el país en los últimos años: casi la mitad durante la administración actual.
Este 24 de septiembre de 2015, Peña Nieto ha prometido recibir a los padres. Terminando de escribir esta crónica, no hay noticias de cancelación. Estaremos al tanto, porque el día 26, aniversario del suceso de Iguala, está convocada una gran manifestación que puede “molestarle” demasiado a las autoridades.
- Integrado por académicos, periodistas e investigadores, como Mariclaire Acosta Urquidi, José Luis Caballero Ochoa, Roy Campos Esquerra, Santiago Corcuera Cabezut y Katia D’Artigues, Ana Laura Magaloni Kerpel, Ricardo Raphael de la Madrid, José Roldan Xopa, Pedro Salazar Ugarte, Sandra Serrano García, Regina Tamés Noriega, Diego Valadés Ríos y Jaime Valls Esponda.
