E
n la presentación de su informe parcial titulado Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, efectuada ayer en la sede de la comisión capitalina de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hizo un detallado recuento de las numerosas omisiones, inconsistencias y extravíos en las pesquisas realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones oficiales en torno al gravísimo atropello cometido el 26 de septiembre del año pasado en Iguala, en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de otras personas ajenas a esa institución.
A consecuencia de esas fallas, señalan los expertos de la CIDH, los seis asesinatos cometidos en esa fecha permanecen impunes y la desaparición forzada de 43 normalistas sigue sin ser esclarecida, toda vez que la versión ofrecida por el ex procurador Jesús Murillo Karam sobre la supuesta incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula es una hipótesis generada con base en testimonios carentes de evidencias que la apoyen (página 156 del informe). Más aún, del peritaje solicitado por el GIEI sus integrantes concluyen que
los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.
El grupo, integrado por un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de los familiares y representantes de las víctimas, reúne en un documento de más de 500 páginas observaciones, puntualizaciones, conclusiones y recomendaciones a las autoridades, tanto sobre la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos como sobre el asunto de las desapariciones en México en general, e incorpora los peritajes técnicos en los que el grupo fundamentó sus señalamientos.
A la presentación del informe, además de familiares de los muertos y desaparecidos y de representantes de organizaciones civiles, asistieron los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, así como el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, quienes en nombre del gobierno federal recibieron el documento. Horas después los padres de los 43 destacaron el desmoronamiento de lo que Murillo Karam llamó la
verdad históricay exigieron la presentación con vida de los muchachos.
El gobierno federal, por su parte, manifestó su disposición a incorporar este primer fruto del trabajo del GIEI a la investigación oficial y revisarla a la luz de las conclusiones de los expertos internacionales. En ello coincidieron el presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora Arely Gómez. Tales expresiones, sumadas a la disposición gubernamental a prorrogar el mandato del equipo de la CIDH –manifestada la víspera de la presentación del informe– constituyen un indicio positivo de voluntad para subsanar los múltiples defectos de la investigación oficial sobre Ayotzinapa, la cual se ha constituido en un factor de irritación social adicional a la atrocidad perpetrada en Iguala.
Parece necesario, por ello, ir más lejos. El informe del GIEI confirma lo dicho por los padres y compañeros de los desaparecidos y respaldado posteriormente por múltiples señalamientos críticos, en el sentido de que la pira de Cocula era una explicación incoherente e inverosímil y que resultaba imperioso investigar a fondo, sin exculpaciones apriorísticas, el papel de los efectivos del 27 batallón de infantería y de las corporaciones policiales estatal y federal en los sucesos del 26 y 27 de septiembre. Ahora, además del esclarecimiento de la agresión, es necesario un diagnóstico institucional que permita comprender, corregir y, en su caso, sancionar desempeños tan erráticos e insatisfactorios como los que se concretaron en las conclusiones presentadas por la PGR en noviembre del año pasado y en enero del presente. Sólo de esta manera será posible garantizar una procuración de justicia efectiva, veraz y expedita en este caso y en muchos otros episodios trágicos e indignantes ocurridos en el país.
En suma, a casi un año de ocurrido el ataque, siguen sin estar claros sus motivos y su desenlace y la opinión pública aún espera conocer a la totalidad de los responsables y, sobre todo, el destino de los desaparecidos, y en tales circunstancias resulta evidente la necesidad y pertinencia de mantener en el país a la misión de expertos de la CIDH y atender sus recomendaciones.
