- Deben discutir propuesta de acotar condiciones para que la SCJN ejerza esa facultad
- En el operativo de mayo pasado hubo 217 detenidos y denuncias de 44 mujeres vejadas
JESUS ARANDA
Este jueves se prevé que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechace la petición de ejercer su facultad de investigación en relación con la presunta violación grave de garantías individuales, denunciada con motivo del operativo en San Salvador Atenco de mayo del año pasado, en el que hubo más de 217 detenidos, además de la denuncia de 44 mujeres que sufrieron abuso sexual por parte de los cuerpos policiacos.
Sin embargo, funcionarios judiciales llamaron la atención que aun cuando se imponga el criterio de que no se debe ejercer dicha facultad, prevista en el artículo 97 constitucional, el pleno también discutirá la propuesta contenida en el proyecto presentado por el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien propone endurecer las condiciones para que el máximo tribunal ejerza sus atribuciones e investigue hechos en que se presuma la violación grave de garantías.
De acuerdo con información obtenida en la Suprema Corte, los ministros Genaro Góngora Pimentel quien inicialmente hizo eco de las organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos que solicitaron que la SCJN interviniera e investigara los hechos referidos, y planteó al pleno que se analizara dicha posibilidad, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero se han mostrado partidarios de que la Corte investigue.
La idea, explicaron fuentes oficiales consultadas, es que para desechar una petición de ese tipo, se tiene que investigar si hay elementos para ello. Por eso es que estos ministros han hecho saber a sus compañeros que están a favor de que se ejerza la facultad de investigación.
Aún está en duda la postura que asumirán el ministro José Ramón Cossío y Fernando Franco, quien tendrá que definir por primera vez su posición.
Por otro lado, respecto del argumento de Aguirre Anguiano, trascendió que en ese punto podría centrarse la discusión, porque hay ministros que se oponen a que la Corte "legisle" a través de criterios jurídicos, como lo propone el proyecto de resolución.
Aguirre señala que la Corte no debe ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional en situaciones tales como cuando "la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables".
Que tampoco debe hacerlo cuando "la omisión de la autoridad se produzca al margen del ejercicio de sus funciones y ello llegase a la violación grave de garantías individuales". Y complementa al señalar que "si los hechos y conductas no son de una autoridad, tampoco sería motivo de investigación".
También propone que los hechos en general en que se presuma que hubo violación a las garantías individuales, no sean motivo obligado para que la Corte intervenga.
En su dictamen, que será discutido por el pleno, Aguirre Anguiano señala que "sin desconocer que los hechos de que se trata ocasionaron perturbación de la paz social y causaron preocupación en los ámbitos tanto nacional como internacional", resulta notorio que la paz social "ya ha sido restablecida".
