El 3 de agosto de 2006, solicitamos la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de la facultad que le otorga el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, creara una comisión especial que investigue las graves violaciones a los derechos humanos que se realizaron por parte de las policías federal, estatal y municipal y sus respectivos mandos, en contra de los ciudadanos durante los actos represivos registrados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Al no estar legitimados como ciudadanos para hacer esta petición, pedimos a cada uno de los ministros que por su conducto se hiciera la solicitud, por lo que el ministro Genaro Góngora Pimentel y la ministra Beatriz Luna Ramos atendieron esta petición y posteriormente el ministro presidente nos requirió para aportar pruebas de las "presuntas violaciones" que denunciábamos.
En atención a ello, entregamos a todos y cada uno de los once ministros una caja completa con todos los elementos de prueba mediante los cuales se acredita plenamente las graves violaciones a las garantías constitucionales cometidas en contra de ciudadanos mexicanos y extranjeros, entre las cuales destacan, testimonios, fotografías, videos, documentos, informes, recortes periodísticos, etcétera.
No hay razón jurídica alguna para negar la creación de dicha comisión investigadora; en todo caso existen motivos políticos e intereses de quienes se oponen, como es el caso del ministro Sergio Aguirre Anguiano. De él no nos sorprende, pues reiteradamente ha demostrado que sus decisiones persiguen intereses políticos y su voto está comprometido, como en el caso de los seis ciudadanos de origen vasco que vergonzosamente extraditaron a España, pues este personaje se negó expresamente a recibir un memorándum de 13 cuartillas, diciendo "ni me lo deje porque no lo voy a leer. No tengo tiempo de leer todo eso" y en la sesión del pleno dijo que "no se debía hacer una lectura chata de la Constitución, sino que debía interpretarse de acuerdo a los compromisos asumidos con los gobiernos extranjeros" y que en todo caso "si se han violado en México los derechos humanos de estos ciudadanos, en Europa hay muchas comisiones para que allá se defiendan".
Por todo lo anterior, emplazamos a los otros diez ministros que van a votar la resolución a que lo hagan a favor de la comisión investigadora para que predomine la letra y el espíritu constitucional y no los intereses, los privilegios y la impunidad de las autoridades y sus grupos represores.
Bárbara Zamora y Santos García Díaz, bufete jurídico Tierra y Libertad
