- El artículo 17 garantiza acceso a justicia: Jaime Cárdenas
EMIR OLIVARES ALONSO , VICTOR BALLINAS
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no atrae la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en que incurrió el Estado durante el operativo en San Salvador Atenco en mayo pasado, "abdicaría de sus atribuciones constitucionales" y demostrará que es un órgano que no respeta la Constitución, consideraron especialistas, en víspera de que el máximo tribunal discuta el caso.
El constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que si los ministros aprueban el proyecto del magistrado Salvador Aguirre Anguiano, contrario a investigar la presunta violación grave de garantías, vulnerarían el principio de acceso a la justicia, asentado en el artículo 17 constitucional.
Juan de Dios Hernández Monge, uno de los abogados de los detenidos a raíz del operativo, subrayó que de desechar la atracción del caso Atenco "pone en riesgo la seguridad nacional" porque "darían un mensaje a las fuerzas represivas (policiacas) de que pueden asesinar, violar, robar, torturar, allanar y privar ilegalmente de la libertad sin que haya alguna consecuencia legal en su contra".
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, envió una carta a los ministros en la que les manifiesta que tienen la posibilidad de ejercer su facultad de investigación y revertir la impunidad que prevalece en el caso de las violaciones a derechos humanos, principalmente, las violaciones sexuales de mujeres, además del uso generalizado y excesivo de la fuerza pública, así como el empleo de armas de fuego contra civiles.
Cárdenas Gracia advirtió que no sería extraño que la Corte optara por no atraer la investigación, debido a que "ya lo ha hecho en otras ocasiones", pues está compuesta mayoritariamente "por ministros muy conservadores que no quieren estar del lado de México, que no están a la altura de la transición a la democracia, ni se quieren poner del lado de los derechos humanos".
Agregó: "Sería una clara violación al artículo 17 de la Constitución que consagra el derecho de acceso a la justicia; sería muy grave que la Corte apruebe el proyecto de Aguirre porque además de que serían cómplices de la vulneración de los derechos humanos, estarían limitando el derecho a la justicia".
Todo lo que implique violaciones a las garantías fundamentales y que las autoridades que las infringieron queden en la impunidad y sin sanción, subrayó el constitucionalista, "es una vulneración al estado de derecho", por ello afirmó que "un verdadero tribunal constitucional" existe para defender la Carta Magna y los derechos humanos; "y en este caso la mayoría de los ministros demuestran que no quieren ser constitucionales porque no desean defender la Constitución, sino salvaguardar los intereses panistas".
En contraposición a los argumentos esgrimidos por Aguirre para que se analice la pertinencia del artículo 97 constitucional, Cárdenas indicó que en lugar de optar por la modificación de ese numeral, "el ministro debería pensar cómo abrir a los ciudadanos la compuerta de la Corte y no restringir el acceso a la justicia".
Hernández Monge señaló que pese a que los delitos en que incurrió el Estado, como la tortura, han sido acreditados por diferentes órganos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mayoría de los ministros "aún los ponen en tela de juicio diciendo que no son violaciones graves, por lo que si aprueban el dictamen de Aguirre lanzarían el mensaje al poder Ejecutivo estatal y federal de que no sólo puede masacrar a un individuo o pueblo, sino que además tendría absoluta impunidad".
Consideró que "el peor mensaje" que la SCJN puede mandar a la sociedad es el de la impunidad, pues de no atraer el caso "el máximo órgano de impartición de justicia se convertiría en cómplice de los asesinos, violadores y torturadores, a los que en teoría debería estar persiguiendo".
